Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, resultó herido durante un violento tiroteo con delincuentes en el partido bonaerense de La Matanza, luego de ser interceptado por dos motochorros. El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en González Catán, cuando el efectivo, un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA), circulaba en su auto y fue sorprendido por los asaltantes.

El hombre, de 61 años, se desplazaba a bordo de su Toyota Etios por Gallardo al 800 cuando dos delincuentes que viajaban en una motocicleta Yamaha lo interceptaron. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra el vehículo y uno de los proyectiles impactó en el vidrio correspondiente al asiento del conductor.

Frente al ataque, el custodio utilizó su arma reglamentaria y respondió a los disparos. En medio del enfrentamiento, el policía recibió un balazo en el hombro, mientras que uno de los delincuentes fue alcanzado por un tiro en la espalda.

El otro asaltante involucrado en el episodio fue llevado por sus propios familiares hasta el Hospital Simplemente Evita. Una vez allí, los profesionales médicos comprobaron que presentaba cinco impactos de bala.

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Por su parte, el custodio de Monteoliva fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán para reconstruir la secuencia del enfrentamiento y determinar las circunstancias en las que ocurrió.


 

Los médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con Pami iniciarán este miércoles un paro de 72 horas en reclamo de una recomposición de sus ingresos y contra el esquema de pagos que comenzó a regir en abril.

La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), que comunicó formalmente la decisión tanto al organismo previsional como al Ministerio de Capital Humano. El gremio asegura que las conversaciones por la situación retributiva quedaron interrumpidas y resolvió retomar las acciones directas.

En Rosario, la médica de cabecera de Pami Vanesa Pillia confirmó en declaraciones a la radio LT3 que durante las tres jornadas no habrá atención habitual en los consultorios.

“Nos vemos obligados a retomar las medidas de fuerza por 72 horas a partir del miércoles. El diálogo con la cúpula de Pami está totalmente cortado y no tenemos posibilidad de sentarnos en una mesa de negociación”, explicó.

En declaraciones a la misma emisora, la profesional vinculó el conflicto con los cambios introducidos en abril mediante la Resolución 1107/2026 y señaló que los médicos vienen reclamando desde entonces una revisión del sistema de remuneración.

Según Appamia, el nuevo esquema fijó una cápita mensual de $2.100 por afiliado y eliminó el pago de la consulta presencial como concepto separado. La entidad calcula que un profesional que percibía cerca de $2,1 millones mensuales pasó a cobrar alrededor de $1,4 millones. Esa diferencia equivale aproximadamente a un tercio del ingreso total anterior, aunque los profesionales sostienen que determinados componentes de sus honorarios sufrieron recortes cercanos al 50%.

Durante el paro se reprogramarán los turnos ya concedidos. Los médicos atenderán únicamente situaciones que, según criterio profesional, requieran tratamiento inmediato y podrán emitir recetas para patologías prevalentes.

El paro se extenderá durante miércoles, jueves y viernes y, salvo que aparezca una nueva instancia de negociación, la actividad habitual comenzaría a normalizarse una vez finalizadas las 72 horas.

Hace una semana, los trabajadores nucleados en ATE-Pami realizaron un masivo cacerolazo y denunciaron el vaciamiento de los efectores Pami I y Pami II.

Melina Gutiérrez, referente y secretaria general de la Junta Interna de ATE-Pami Rosario, graficó el escenario límite que se vive diariamente en la protesta que se llevó adelante frente al Pami II: «El vaciamiento que denunciamos no es una consigna, es la realidad diaria de trabajadores que multiplican sus esfuerzos para sostener la atención y de jubilados que no reciben la respuesta que merecen. Entre los dos policlínicos se cerraron 30 camas y se necesitarían unos cien enfermeros y enfermeras para cubrir la demanda. Exigimos de manera urgente inversión edilicia y la incorporación de personal para frenar este desmantelamiento de la salud pública ”.

Respecto a las acciones conjuntas y los pasos a seguir tras la masiva convocatoria, Gutiérrez detalló lo resuelto por los trabajadores: «Además de la visibilización que logramos hoy con la conferencia de prensa, se decidió enviar un pliego reivindicativo firmado por todos los sindicatos que conformamos el Frente Sindical. Venimos reclamando el aumento de honorarios al personal prestador y el ingreso inminente de personal de enfermería y servicios generales. De no tener respuestas por parte de la gestión, vamos a incrementar las medidas de fuerza, y la protesta seguramente será trasladada al Policlínico Pami I».

Nucleoeléctrica Argentina recomendó la contratación de la empresa Murata SA para vigilar el sitio Atucha por $14.039.852.633,52 más IVA durante dos años. Se da luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense sancionara a la compañía por prestar un servicio de vigilancia sin declarar el contrato ante la autoridad de control. 

El 15 de junio pasado, la Provincia rechazó el recurso con el que Murata buscaba eludir una multa de $42.516.963,50 y una suspensión de 10 días de su habilitación provincial. Fue el 31 de julio que, en el informe de evaluación y recomendación 3496 de la empresa estatal se consideró técnicamente apta y económicamente conveniente su oferta para los tres lotes de vigilancia de Atucha.

La recomendación no contemplaba que el contrato se pagara ni adjudicara, al igual que la suspensión no fue aplicada, sino que sería efectuada una vez que la sanción quedara firme. 

La Provincia se encargó de inspeccionar en octubre de 2022 el Club de Campo La Elina, en Luján. Entonces, los inspectores identificaron a un vigilador de Murata en el lugar, cuya presencia no había sido declarada en el organismo controlante de las empresas de seguridad privada.

De esa forma, en diciembre de 2025 se sancionó a Murata por omitir la comunicación del contrato. Pese a la presentación del recurso de revocatoria, en junio de este año la Subsecretaría de Gestión de Registros y Seguridad Privada lo rechazó y confirmó la resolución.

Lo particular de este caso es que Nucleoeléctrica debería revisar los antecedentes de las empresas que recomienda, en este ejemplo, para la vigilancia de Atucha.

En el informe de Nucleoeléctrica, que se encuentra en el expediente 0000066831, se desestimaron tres ofertas de otras empresas. Empresa de Seguridad Integral Alesa SA no dio la documentación necesaria para demostrar la cantidad de vigiladores activos exigida; Maxsegur SRL presentó una habilitación de 2003 en el lugar y mostró acreditación de otros requisitos técnicos; y Airsec SA compartió una una afiliación a CELSI cuando la especificación requería CAESI, además de que propuesta no sería conveniente desde el punto de vista económico.

La empresa estatal recomendó a Murata para los lotes 1,2 y 3, y señaló que estaba apta para brindar el servicio durante 24 meses, con certificaciones mensuales, de acuerdo a las horas prestadas. En registros oficiales se puede ver cómo hubo recomendaciones previas a su favor. 

Murata SA cuenta con un sinfín de antecedentes en la Justicia en los últimos años. Uno de ellos fue en 2017, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, multó a la empresas después de constatar que la vigilancia en el hospital de Niños Ricardo Gutiérrez tenía una dotación incompleta, como así también que la nómina entregada no coincidía por completo con el personal asentado en el libro de novedades de ese día.

Durante 2019, el Ministerio de Educación de la Nación no contempló una oferta de Murata para un servicio de vigilancia porque no tenía los índices de solvencia económica previstos en dicho pliego.

Más cerca en el tiempo, en diciembre de 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala IV dictó un fallo a favor de los trabajadores de la seguridad privada para la reincorporación inmediata de un delegado sindical despedido por Murata. 

Entonces, se dejó asentado que el despido fue contrario a las garantías sindicales protegidas por la Ley 23.551 y fue leído como un intento de disciplinamiento antisindical por el Poder Judicial.

En 2018, Murata quedó bajo la lupa tras ser señalada como una de las empresas de seguridad privada sospechadas de donar fondos a Cambiemos entre 2015 y 2017, que durante ese período sumaron contratos millonarios, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Estado Nacional.

Según investigaba la Justicia, los empleados de Murata se utilizaron para justificar $480 mil en las PASO de 2015, $330 mil en las generales de octubre; y otros seis de ellos aparecen aportando $100.500 en 2017 a la campaña en la Provincia en 2017.

El diario Perfil reveló aquel caso, con el testimonio de la exempleada Brenda Osso, a quien la usaron tres veces: había aportado $95 mil en el primer informe de gastos de las PASO de Cambiemos en 2015; otros $30 mil a la campaña presidencial de octubre; y $16.500 para la campaña legislativa del oficialismo en Provincia en 2017.

Cualquier compañía que preste servicios para el Estado, en cualquiera de sus dimensiones, tiene prohibido por ley aportar a campañas. En ese punto, la Justicia buscaba determinar si el dinero que se donó provenía de parte de su dueño.

El siniestro ocurrió este martes por la tarde en la planta de Albardon Bio, en la zona de Punta Quebracho. Un contratista realizaba tareas de mantenimiento cuando se produjo la explosión. Dos trabajadores murieron y varios resultaron heridos. Investigan las causas.

Una fuerte explosión sacudió este martes por la tarde la planta de Albardon Bio, ubicada en la zona de Punta Quebracho, en Puerto General San Martín. El estallido se produjo sobre un tanque de metanol mientras un equipo externo realizaba tareas de mantenimiento.

El hecho dejó a dos operarios muertos y varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Tras la explosión, se desplegó un amplio operativo con bomberos, ambulancias y personal especializado.

Los equipos de emergencia también trabajaron sobre sectores afectados por derrumbes para controlar la situación y descartar la presencia de otras personas atrapadas.

Qué informó la empresa

Luego del siniestro, Albardon Bio emitió un comunicado en el que confirmó que el incidente ocurrió durante tareas de mantenimiento realizadas por un contratista.

“Queremos manifestar nuestro total apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y a la víctima fatal confirmada por las autoridades y a su familia”, expresaron desde la compañía.

La firma indicó además que activó de inmediato las medidas de contención, prevención y monitoreo ambiental previstas para este tipo de contingencias.

 

El comunicado de la empresa tras la explosión en Puerto San Martín.

Investigan las causas

Las circunstancias que provocaron la explosión todavía no fueron determinadas. Desde la empresa señalaron que llevan adelante una investigación exhaustiva para establecer qué ocurrió y evaluar los daños.

“Las causas del hecho se encuentran bajo investigación, al igual que los daños ocasionados”, precisaron.

Mientras continúan las tareas de emergencia, las autoridades buscan establecer cómo se desencadenó la explosión y determinar las responsabilidades correspondientes.

 

El plantel Canalla celebrará junto a los simpatizantes auriazules y el trofeo, en el día de hoy por el pronóstico de lluvias del día de ayer. El plantel llegará en un colectivo descapotable.

Este martes 6 de octubre próximo casi una decena de damnificados por la financiera CIAG, representantes de Rosental y la señora Paola Allegranza, se reunirán con el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo y el doctor Sebastián Narvaja, acompañados por el diputado provincial Carlos del Frade.

El encuentro en el marco de una causa judicial que viene siguiendo Rosario/12, será desde las 9.30, en el Centro de Justicia Penal ubicado en Sarmiento y Gálvez.

Hace mas de tres años se presentaron denuncias de 27 inversores por el vaciamiento de una financiera rosarina (CIAG SRL), por un monto de alrededor de cuatro millones de dólares

Por lo pronto, las víctimas apuntan a Paula Allegranza que es la viuda de Juan Carlos Culhane, fallecido en 2017, fundador de CIAG SRL.

La investigación transitó desde su inicio –fines de 2022– un pasamanos de fiscales sin que hubiera imputación a los responsables. El fundador de Ciag, Juan Carlos Culhane, murió antes de que explotara el escándalo y se revelara el desfalco; y su viuda –Paola Allegranza– continuó la operatoria hasta el final. Sin embargo, no fue acusada hasta ahora por ningún fiscal, ni siquiera tuvo que afrontar ningún allanamiento. Y esto es justamente lo que agiganta la indignación de los damnificados.

Es que cuentan con copiosa documentación que permite seguir la ruta del dinero. “Se trata de resúmenes de cuentas, contratos, escrituras, y registros de inversiones. Y muchos correos electrónicos donde desde Rosental le informan a Allegranza los dividendos que van reportando las inversiones hechas con dinero”, aducen los damnificados.

Los registros verifican bienes en Argentina, lofts en Puerto Norte Forum y cocheras en Ciudad Ribera, ambas de Rosario; terrenos en Casilda de un fideicomiso de los desarrolladores de Tierra de Sueños, un restaurante de Piégari en el Hotel Esplendor en Asunción y la participación de un 10 por ciento en habitaciones en un hotel en el Dazzler Lima Hotel de Miraflores, entre otras inversiones.

CIAG SRL funcionaba en el quinto piso C del Palacio Minetti, en la peatonal Córdoba, frente a la financiera Rosental.

“Es fundamental generar transparencia sobre las posibles maniobras de lavado de dinero en la región y sus varias complicidades”, consideró Del Frade, que acompaña a los damnificados.

La carrera presidencial fue comenzada por algunos dirigentes de renombre. En paralelo, hay otros que siguen dando señales de que van a ser candidatos pero no terminan de confirmarlo públicamente. Uno de ellos es el banquero Jorge Brito que, incluso, se encarga de desmentir a los medios de que vaya a dar el salto en la política.

Mientras esto sucede, el presidente del Banco Macro tiene un equipo de trabajo compuesto por consejeros y asesores que se manejan dentro del abanico político como si Brito ya hubiese confirmado que será parte de la elección en 2027.

En ese marco, se supo que parte de su equipo está buscando sin cesar candidatos en las provincias con más votos para poder obtener un importante colchón de sufragios. La idea, inicialmente, no es completar la nómina para competir a gobernador, sino que quieren nombres resonantes para formar las listas legislativas que serán parte de la boleta única que lo tendría a él como líder del proyecto. 

De acuerdo a lo que publicó Bardeo News, el equipo del “nuevo outsider” de la política -si es que se confirma su desembarco- tendría como prioridad la representación en Córdoba y Santa Fe. Allí, buscan perfiles de empresarios y dirigentes del mundo del fútbol, con resultados exitosos en sus clubes. Se trata de un marco que Brito conoce a la perfección. 

Uno de los nombres que se rumoreó con fuerza en las últimas horas es Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto de Córdoba, uno de los animadores del Torneo Clausura 2026, de la Liga Profesional. 

Quien lo habría recomendado fue Jaime Durán Barba, que fue contratado por Brito. Este pide que aparezcan nuevos dirigentes, que se encuentren lo más alejados posibles a la política tradicional.

Durante la semana pasada, el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó estuvo en Córdoba para impulsar la candidatura presidencial de Brito. En ese marco, un dato que resaltó fue el equipo político con impronta bonaerense que rodea al banquero. El puntapié de la construcción territorial será en Buenos Aires y luego continuará en la jurisdicción de Llaryora, Santa Fe y Mendoza.

Junto a Monzó viajó el ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Diego Bossio. En territorio cordobés, se juntaron con el gobernador y en la agenda también quedó pactado una reunión con Cavagliatto.

La elección de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, más allá del caudal de votos, no fue casual: las tres provincias ponen en juego las bancas en el Senado en 2027 y tienen un perfil productivo con el que coincide Brito. No obstante, la Provincia de Buenos Aires será parte del plato fuerte de su supuesto armado.

En los alrededores de Brito aseguran que el líder del Banco Macro está decidio a lanzarse en “un 70%”. En Córdoba, el diputado por la provincia de Buenos Aires Nicolás Massot figura como el arquitecto del armado. 

Bossio, a su vez, ya había intentado armar el equipo bonaerense de Provincias Unidas, y ahora está enfocado en el armado con Brito a la cabeza. Él, Monzó y Massot forman un triángulo que conducen la construcción nacional para el 2027.

El ex senador provincial por la Cuarta sección electoral Marcelo Daletto es parte de esa misma mesa. Representa al espacio político de Monzó -es uno de sus más cercanos- e integra el directorio del Banco Provincia. 

El equipo de Brito tiene, por el momento, el objetivo de instalar su nombre en la conversación pública, sin apostar al despliegue político territorial tradicional. La idea que tienen es ubicarlo como un precandidato consolidado que cuente con una intención de voto entre ocho y 10 puntos hacia marzo del 2027. Allí evaluarán si confirman o no la candidatura.

 

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