Eduardo Di Pollina y Jorge Boasso siempre transitaron la política en veredas ideológicas opuestas. Ahora ese enfrentamiento se trasladó a la justicia y parece que no hay posibilidades de una conciliación. 

El referente de Bases denunció a Boasso —actual secretario de Seguridad Social de Santa Fe— por daños y perjuicios a raíz de las declaraciones públicas del funcionario en contra de su persona tras la presentación de los amparos contra el tope jubilatorio.

La historia comenzó hace algunos meses; Di Pollina fue uno de los dos exlegisladores —también lo hizo Alejandra Vucasovich— que enfrentó en la Justicia la reforma jubilatoria que se aprobó en Santa Fe. A partir de ese momento fue blanco predilecto de los cuestionamientos de Boasso, que le apuntó por el amparo y, de paso, lo vinculó con su procedencia política. No hay puntada sin hilo. 

Allí se disparó el conflicto, que ahora se dirime en Tribunales. Di Pollina, quien fuera diputado provincial por el Frente Progresista y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, consideró que Boasso lo difamó en sus declaraciones públicas y sus redes sociales. Uno no acepta un acuerdo de partes; el otro asegura que ratificará sus dichos.

La causa se tramita en el juzgado a cargo de la jueza Nieves Mazza, quien llamó a una audiencia de conciliación a la que asistieron Domingo Torricelli —abogado patrocinante de Di Pollina—, Boasso y su abogado defensor Hernán Martínez. El encuentro fracasó porque la decisión del exdiputado socialista es llegar hasta las últimas consecuencias. “El dinero que tendrá que pagar Boasso por sus agravios será donado íntegramente al hospital Vilela”, dicen cerca del denunciante, que no quiere hablar públicamente del tema hasta que se resuelva la denuncia que presentó. 

La jueza citó a las partes a una nueva audiencia para diciembre, esta vez con los conciliadores de la Corte Suprema. “Mis dichos, que los ratificaré, lo único que formulan es un análisis jurídico-político de una persona que fue 24 años diputado provincial y fue presidente de la misma Cámara que ahora aprobó la reforma jubilatoria”, le dijo Boasso a SP.

También sostuvo que en la audiencia que ya se llevó a cabo marcó “la gran contradicción entre el discurso de algunos políticos que hablan de justicia social, de los pobres, de los desposeídos, siempre y cuando no le toquen su bolsillo. Porque Di Pollina es una persona que tiene una jubilación de 18 millones de pesos, sin pagar un peso de Ganancias, e interpuso el amparo para declarar inconstitucional el tope y se oponía a pagar el aporte solidario”. También le reprochó que su abogado es Torricelli, el mismo que representa a buena parte de los exmagistrados y funcionarios del Poder Judicial que fueron contra la reforma previsional. 

Más allá de que Boasso sostiene que sólo formuló un juicio político-jurídico, Di Pollina se sintió “agraviado y difamado” y por eso no está dispuesto a un acuerdo y quiere llegar hasta las últimas consecuencias. “En la trayectoria política de Eduardo nunca sufrió los ataques y agravios que recibió ahora, desmesurados y sin ningún fundamento, y encima provenientes de un funcionario público; es razonable que no acepte ninguna conciliación”, insisten cerca del exlegislador. 

El secretario de Seguridad Social en su cuenta de X había sido mucho más directo contra el exlegislador del Frente Progresista. “Otro ex diputado provincial, ex presidente de la Cámara de Diputados, cobrando jubilación máxima atacando con amparo la ley previsional para no pagar el aporte solidario (que en su caso son 600 mil pesos). Eduardo Di Pollina. Sin vergüenza”, había escrito apenas se conoció la presentación del amparo. Y apuntó también contra su procedencia política: “Se dice de izquierda”, dijo en algunas de sus apariciones en los medios. Cuando habla de “otro diputado” se refiere a que el mismo camino del amparo eligió Vucasovich. 

Consultada por este medio, Vucasovich declinó contestar. “No voy a entrar en el juego de ellos”, sostuvo escuetamente. 

En aquel momento, Di Pollina planteó en su presentación en la Justicia contra la aplicación del tope jubilatorio en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la 1ª Nominación, a cargo de Bárbara Serrat, que “la reforma previsional vulnera el principio de legalidad, el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad, el principio de igualdad, la afectación de la movilidad jubilatoria y el carácter tributario de las medidas adoptadas”. 

Gentileza Suma Política

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presenta oficialmente el inicio de un nuevo vuelo directo semanal entre Rosario y Natal (Brasil). La ruta comenzará el 3 de enero y se extenderá hasta el 28 de febrero, operada por la compañía aérea Latam con aviones Airbus 320.

La nueva conexión aérea permitirá vincular a Rosario con destinos turísticos del Estado de Rio Grande do Norte, como Natal, Pipa y Gostoso, ampliando la oferta de viajes internacionales desde nuestra provincia.
Los vuelos se comercializarán en paquetes turísticos de 7 noches, que incluyen aéreos, hotelería, traslados y asistencia médica. El operador será Ola Mayorista de Turismo, con distribución a través de agencias de viajes de toda la provincia de Santa Fe.

El anuncio contará con la presencia del presidente del Aeropuerto Internacional de Rosario, Juan Pío Drovetta, y representantes de Ola Mayorista de Turismo. 

Referenciageográfica

Este lanzamiento se enmarca en las políticas de conectividad aérea impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, orientadas a la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la ampliación de rutas internacionales y nacionales, consolidando a Rosario y Sauce Viejo como nodos estratégicos para el turismo, la producción y la competitividad de Santa Fe.

Se viene a Funes con fluídos contactos con el actual Intendente de la ciudad. Un importante grupo empresario vinculado al sector de la salud avanza en tratativas para concretar un desembarco de peso en Funes. Se trata del Hospital Italiano, que busca profundizar su proceso de expansión regional para competir de igual a igual con firmas como el Grupo Oroño, el Grupo Gamma y el Sanatorio de la Mujer. La iniciativa, que ya es seguida de cerca por las autoridades locales, marcaría un hito en la oferta prestacional de la ciudad y la zona.

El empresario de salud Carlos Tita, dueño de clínicas y sanatorios en distintas zonas de Santa Fe, será citado a declarar en la causa que tiene como principal acusado al juez federal de Rosario Gastón Salmain, imputado por haber pedido un soborno de 100 mil dólares, según reveló LPO.

Tita es médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela y fue, en los años 90, socio del actual ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, oriundo de la misma ciudad. Esa cercanía histórica cobra relevancia ahora que la Justicia Federal busca establecer si fue él quien aportó el dinero exigido para torcer una causa penal.

La pesquisa avanza sobre un entramado que conecta a un magistrado civil sin competencia penal, un ex alto funcionario tributario denunciado por corrupción, y un empresario con vínculos en las más altas esferas del poder judicial santafesino.

Según la imputación del fiscal federal Federico Reynares Solari, citada por LPO, Salmain le habría ofrecido al ex director regional de la AFIP Carlos Vaudagna —a través de la intermediación del abogado Diego Feser, director del diario La Capital de Rosario— la posibilidad de influir en el trámite de las causas penales que lo tenían como imputado, a cambio de 100 mil dólares.

El objetivo era que esos expedientes, radicados en el marco de la causa Vicentin y vinculados a delitos de violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, quedaran bajo la competencia de Salmain y se resolvieran a favor de Vaudagna. El juez, que es magistrado civil y carecía de competencia territorial y en materia penal, efectivamente intentó quedarse con las causas en diciembre de 2024, aunque sin éxito.

Vaudagna, que se convirtió en imputado colaborador, reconoció haber entregado la mitad del dinero solicitado, dejándolo en una vieja estación de trenes cercana a su domicilio, tal como le habían indicado.

Los indicios que pusieron la lupa sobre el empresario rafaelino surgen del contenido de un teléfono secuestrado a Vaudagna en el marco de la causa Vicentin, donde se descubrió que el ex funcionario cobraba a empresarios para ayudarlos a evadir impuestos y hacer colocaciones en paraísos fiscales, además de extorsionar contribuyentes.

En una de las comunicaciones que mantiene con Vaudagna, Feser le pregunta si ya habló con Tita, en fechas que coinciden con el intento de Salmain de apropiarse de las causas, según detalló LPO. Los mensajes también revelan que Vaudagna, cuando era el máximo jefe de la AFIP en Santa Fe, hacía trabajo de asesor contable para Tita, una actividad incompatible con sus funciones públicas.

La hipótesis de la Justicia es que Tita facilitó el dinero sin necesariamente saber para qué sería destinado, aunque las investigaciones abiertas en Santa Fe, Rosario y Reconquista arrojan indicios vehementes de que el pago se concretó.

En la audiencia del 31 de julio ante el juez de Garantías Román Lanzón, Salmain intentó desviar el eje de su defensa apuntando contra la cúpula de la Corte Suprema. Primero atribuyó las causas en su contra —dos de ellas por pedidos de coimas— a un armado orquestado por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, su secretario Silvio Robles, y fiscales de Rosario presuntamente vinculados a ellos.

Después, de manera inesperada, mencionó explícitamente a Lorenzetti, mostrando incluso una publicación periodística. Entre quienes siguieron la audiencia hubo una fuerte impresión de que se trató de un mensaje cifrado, dado que Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.

El caso no es el único que compromete al magistrado: en otra causa resultó coimputado el escribano Santiago Busaniche, señalado como intermediario en un intento de soborno para que Salmain fallara a favor de un fideicomiso que buscaba comprar dólares durante la vigencia del cepo cambiario.

Carlos Tita construyó en pocas décadas un recorrido que va del ejercicio de la cirugía al manejo de un verdadero entramado de clínicas y sanatorios distribuidos en distintas zonas de Santa Fe, consolidándose como uno de los empresarios más influyentes del sector salud en la provincia.

Ese poder económico se combina con una trayectoria de vínculos en las esferas más altas de la Justicia: en los años 90, Tita fue socio de quien hoy integra la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, paisano suyo de Rafaela. La sociedad de aquellos años no configura por sí sola ninguna irregularidad, pero resulta un dato que la Justicia Federal no pierde de vista al reconstruir el círculo de contactos del empresario.

Ese cruce de intereses económicos y judiciales explica, en parte, por qué el nombre de Tita despertó tanta atención cuando surgió en los mensajes analizados en la causa Vicentin. No se trata de un empresario cualquiera, sino de una figura con peso propio en Rafaela y con una relación personal, aunque antigua, con uno de los jueces con mayor incidencia en el sistema judicial argentino.

Por ahora, la citación a declarar no implica una imputación formal contra Tita, pero sí lo ubica en el centro de una trama que combina corrupción tributaria, intento de comprar competencia judicial y una red de contactos que atraviesa Rafaela, Rosario y los despachos más altos de la Corte Suprema.

El intendente Alberto Ricci presidió la Junta de Protección Civil y presentó a concejales y representantes de instituciones de la ciudad el protocolo operativo como así también las tareas preventivas que viene ejecutando el municipio en los últimos meses.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, confirmó que el objetivo es inyectar liquidez en los bancos y, de esa manera, bajar las tasas de interés de los préstamos para la vivienda en todo el país.

Efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) extraditaron a Serkan Kurtulus, un ciudadano de nacionalidad turca sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, sindicado como líder de una banda criminal responsable de alrededor de 28 homicidios, distintos secuestros y varios hechos de violencia en la República de Turquía.

La petrolera anunció la presentación del proyecto Argentina LNG al RIGI, el que contempla obras de plantas y ductos de magnitud inédita para exportación.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Top

وحدة تحكم تشخيص الأخطاء لجوملا!

الدورة

معلومات الملف الشخصي

الذاكرة المستخدمة

استعلامات قاعدة البيانات