El gobierno nacional autorizó la venta de su participación en la termoeléctrica de Timbúes

El gobierno nacional autorizó la venta de su participación en la termoeléctrica de Timbúes

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la privatización de ENARSA con una medida que alcanza a una de las principales instalaciones de generación eléctrica de la región. El decreto publicado este lunes autoriza a la empresa estatal a desprenderse de su participación mayoritaria en Termoeléctrica José de San Martín S.A., titular de la central ubicada en Timbúes.

La participación que saldrá a la venta equivale al 68,83% del capital de la sociedad. El resto de las acciones pertenece a generadores privados que participaron en el esquema de financiación con el que se construyó la planta.

La operación deberá realizarse mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. La venta todavía no se concretó: el Decreto 1107/2026 habilita el procedimiento, pero no establece un precio, un cronograma ni la fecha de apertura de ofertas.

El paso previo a la venta

La central de Timbúes, de 800 megavatios de potencia nominal instalada, formó parte de un fideicomiso creado para financiar su construcción y administrar los activos durante el período de repago de la inversión.

El 1° de junio de este año se firmó el convenio de extinción y transferencia de ese fideicomiso. Luego, en agosto, la Secretaría de Energía autorizó el cambio de titularidad de la central a favor de Termoeléctrica José de San Martín S.A. Con esa etapa encaminada, el Gobierno avanzó ahora sobre la venta de las acciones que ENARSA posee en la compañía.

El decreto también dispone que los futuros pliegos respeten los derechos de preferencia previstos para los demás accionistas en el estatuto de la sociedad.

Qué falta definir

El Ministerio de Economía, con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, deberá organizar la licitación. Los pliegos permitirán conocer la valuación de la participación estatal, los requisitos para los interesados y las condiciones que asumirá quien resulte comprador.

La medida forma parte del proceso de privatización de ENARSA. El mismo decreto autoriza la venta de la participación estatal en la termoeléctrica Manuel Belgrano, situada en la provincia de Buenos Aires, y prevé avanzar más adelante con la central Guillermo Brown, una vez completados los pasos societarios pendientes.

Milei extendió la concesión de aeropuertos a su ex jefe Eurnekian hasta 2049 como mínimo

Milei extendió la concesión de aeropuertos a su ex jefe Eurnekian hasta 2049 como mínimo

Pese a las graves irregularidades halladas por la Auditoría General de la Nación en un contrato de 2020, el Gobierno finalmente acordó extender la concesión del servicio aeroportuario en 35 terminales del país al holding del empresario Eduardo Eurnekian.

La concesión original se prorroga hasta 2049, con posibilidad de una nueva extensión hasta 2056, con la promesa de que la concesionaria realizará inversiones por unos u$s 600 millones.

El proceso de negociación entre el gobierno nacional y Aeropuertos Argentina se dio en un escenario marcado por el informe publicado el 30 de junio de 2025 por la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que cuestionó la prórroga vigente tras señalar fallas graves en la extensión del contrato de 2028 a 2038, firmada durante el gobierno de Alberto Fernández con la excusa de la pandemia de Covid-19.

Las irregularidades

La AGN determinó que la prórroga de 2020 no cumplió con los estándares del marco regulatorio: no se respetaron los pasos que impone la ley, no intervinieron los organismos idóneos y no se presentó toda la documentación. También señaló falta de claridad en el plan de obras exigido.

También el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) quedó bajo la lupa por un acta secreta firmada en septiembre de 2025 entre el entonces presidente del organismo, Facundo Leal, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian, que allanó el camino para extender la concesión de 2038 a 2066.

La detención de Leal por una causa de corrupción precipitó los hechos y dejó en suspenso el proceso. La AGN remarcó que, aunque el servicio se afectó en el primer año de pandemia, ya en la segunda mitad de 2021 mostraba signos claros de recuperación, pese a lo cual la extensión otorgada fue de 10 años.

A lo largo de más de 60 páginas, la AGN detectó la falta de un procedimiento específico que garantizara un circuito administrativo prolijo. El organismo utilizó de forma genérica la Ley de Procedimientos Administrativos, sin un dictamen jurídico propio sobre la prórroga.

La acumulación de pruebas de irregularidades hacía peligrar la extensión la concesión del servicio aeroportuario en 35 aeropuertos de todo el país pero, finalmente, a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió ignorarlas y darle luz verde.

El dueño de los cielos argentinos

El presidente Javier Milei trabajó durante 13 años en Corporación América, entre 2008 y 2021, donde se desempeñó como economista jefe y asesor financiero de distintas compañías pertenecientes al grupo de Eurnekián.

Un informe realizado por Felicitas Bonavitta para C5N remarcó que el empresario «administra la mayoría de los aeropuertos de la República Argentina» a través de la compañía, que actualmente opera 35 terminales provenientes de la concesión original y otras dos incorporadas mediante acuerdos directos, en un negocio que concentra buena parte del tráfico aéreo nacional.

Durante el informe, la periodista puso el foco en esa relación y planteó: «Javier Milei fue empleado de Corporación América durante 13 años», antes de convertirse en Presidente, y ahora finalmente debía tomar la decisión sobre una concesión que representa uno de los principales negocios de infraestructura aeroportuaria del país.

Bonavitta también describió el escenario como «un verdadero monopolio» y calificó a Eurnekian como «el patrón de los cielos», al señalar que el empresario es uno de los principales operadores aeroportuarios a nivel internacional y que su compañía concentra la administración de buena parte de las terminales argentinas.

Del Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO) al IAPOS

Del Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO) al IAPOS

Las acciones siempre terminan revelando la realidad. En el IAPOS, el relato oficial sobre eficiencia y modernización convive con déficits, reclamos por prestaciones, cobros indebidos de plus y afiliados que deben recurrir a la Justicia para obtener medicamentos o tratamientos.

Al frente del organismo se encuentra Nolasco Arsenio Salazar, un funcionario que llegó a la obra social provincial después de haber ocupado durante años la Gerencia General del Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO).

Su recorrido por ambos organismos muestra una constante preocupante: estructuras estatales con recursos millonarios, afiliados sin libertad para elegir y una burocracia que difícilmente asume las consecuencias de sus decisiones.

El agujero del IAPOS y el ajuste sobre el afiliado

En mayo de 2024, el propio Salazar admitió que el IAPOS acumulaba un déficit de $8.000 millones. El funcionario explicó entonces que una parte del rojo se originaba en deudas heredadas de 2023 y en el fuerte aumento de los costos médicos posterior a la devaluación.

Sin embargo, más allá del punto de partida, la gestión quedó obligada a demostrar que podía ordenar las cuentas sin trasladar el costo a quienes sostienen obligatoriamente la obra social con sus aportes.

Los afiliados no solamente padecen el descuento mensual sobre sus salarios. También deben afrontar órdenes, bonos, coseguros, recortes en determinadas prestaciones y, en numerosos casos, el cobro indebido de un plus por parte de profesionales que alegan demoras o insuficiencias en los pagos del IAPOS.

La conducción del organismo anunció herramientas digitales, reintegros y sanciones contra los médicos que cobran adicionales fuera de convenio. No obstante, la persistencia de las denuncias demuestra que el problema continúa afectando a empleados públicos, docentes, jubilados y sus familias.

A este escenario se sumó el Decreto 1878/2026, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que autorizó al IAPOS a transferir hasta $57.000 millones desde la Fuente 216 —Servicios Complementarios— hacia la Fuente 201 —Recursos Propios de libre disponibilidad—.

El dinero no fue enviado al Tesoro provincial, como afirmaron inicialmente algunos sectores de la oposición. Se trata de una reasignación entre dos fuentes internas del propio IAPOS.

Sin embargo, la redacción del decreto sigue planteando interrogantes. La norma califica el movimiento como un “aporte excepcional”, habilita la libre disponibilidad de los recursos y establece que serán devueltos cuando resulte factible y existan fondos suficientes, sin fijar una fecha concreta para su restitución.

La Casa Gris sostiene que se trata de una readecuación contable habitual y que el dinero continuará dentro de la obra social para atender gastos prestacionales. Pero si el movimiento es tan rutinario e inocuo como afirma el Gobierno, debería explicar públicamente cuál será el destino detallado de cada partida y bajo qué condiciones se reintegrarán los recursos.

La Fuente 216 financia prestaciones adicionales que no se encuentran comprendidas en la cobertura universal obligatoria y que son solventadas mediante aportes complementarios de los afiliados. Allí se incluyen servicios de sepelio, prótesis e implantes odontológicos, sillas de ruedas, camas ortopédicas, andadores, audífonos, pañales, internaciones geriátricas, derivaciones a centros de alta complejidad, internación domiciliaria y dispositivos para personas con diabetes, entre otras coberturas de elevado costo.

La reasignación no significa automáticamente que esas prestaciones hayan sido eliminadas. Pero resulta difícil pedir tranquilidad a los afiliados cuando se habilita el uso de hasta $57.000 millones con una promesa de devolución abierta y condicionada a una futura disponibilidad financiera.

La decisión coincidió, además, con el fuerte despliegue presupuestario provincial alrededor de los Juegos Suramericanos. El decreto no establece ninguna relación entre ambas cuestiones, pero la simultaneidad alimentó sospechas que el Gobierno solo podrá despejar con información completa y rendición de cuentas.

Afiliados obligados a recurrir a la Justicia

Los números adquieren otra dimensión cuando se observan las situaciones concretas atravesadas por los afiliados.

Uno de los casos es el de Mariano F., quien denunció que la obra social provincial dejó de pagar desde marzo el geriátrico donde permanece internada su madre, una mujer con certificado de discapacidad, postrada y con demencia.

Según relató, un fallo judicial obtenido un año antes obligaba al IAPOS a cubrir la totalidad de la prestación. Pese a ello, los pagos volvieron a interrumpirse y la familia debió asumir una deuda que no estaba en condiciones económicas de afrontar.

“Estoy endeudado con amigos porque no puedo afrontar este gasto. No tenemos casa ni auto. Soy un simple comerciante y no puedo pagar un geriátrico”, expresó el afiliado. También explicó que la jubilación de su madre se utiliza para pagar el alquiler de otro hijo de la mujer, quien también posee una discapacidad.

Otro episodio involucró a un paciente con colitis ulcerosa crónica que permanecía internado en el Instituto Cardiovascular de Rosario mientras esperaba la provisión de Infliximab 500 mg.

Ante la falta de cobertura del medicamento indicado, el afiliado presentó una acción de amparo. El IAPOS negó haber actuado arbitrariamente y sostuvo que había ofrecido otra alternativa terapéutica.

El juez en lo Civil y Comercial Ezequiel Zabale, sin embargo, consideró que no estaba suficientemente explicada la causa del rechazo y ordenó entregar el fármaco de acuerdo con la prescripción médica. En su resolución remarcó que “quien determina el tratamiento es el paciente y su médico tratante”, no la obra social.

Estos casos no pueden reducirse a simples inconvenientes administrativos. Cuando una persona con discapacidad pierde la cobertura de un geriátrico o un paciente internado debe iniciar un amparo para recibir un medicamento, la burocracia deja de ser una molestia y se convierte en un riesgo directo para la salud.

Los cuestionamientos por su paso por el ENAPRO

Antes de llegar al IAPOS, Salazar se desempeñó como gerente general del ENAPRO y fue uno de los principales funcionarios durante la conducción de Ángel Elías.

Su paso por el organismo portuario tampoco estuvo exento de cuestionamientos. Tras el cambio de autoridades, una auditoría de la Sindicatura General de la Provincia puso bajo observación la elevada estructura salarial del ente, la escasez de inversiones realizadas durante años y gastos vinculados con viajes corporativos.

El informe reveló que algunos cargos gerenciales cobraban remuneraciones superiores al salario del entonces gobernador Omar Perotti. También consignó que tres funcionarios habían gastado alrededor de u$s150.000 en pasajes aéreos durante 2019, en un organismo que, pese a disponer de recursos considerables, arrastraba importantes necesidades de infraestructura.

Las nuevas autoridades del ENAPRO también cuestionaron que Salazar hubiera sido incorporado a la planta permanente antes del cambio de gobierno. Posteriormente fue despedido con causa en medio de una controversia por la permanencia de remolcadores en un muelle sin contrato ni facturación por el servicio, según explicó en aquel momento la conducción del ente.

Estos antecedentes no equivalen por sí mismos a una condena penal contra Salazar. Pero sí integran un historial administrativo que obliga a observar con mayor rigor su desempeño al frente de una de las cajas sociales más importantes de Santa Fe.

La puerta giratoria del Estado

El recorrido de Salazar desde el ENAPRO hasta el IAPOS expone una práctica demasiado habitual en la política provincial: funcionarios que pasan de un organismo público a otro sin que los cuestionamientos sobre sus gestiones anteriores representen un límite para sus nuevas designaciones.

Mientras tanto, los prestadores denuncian demoras, los profesionales trasladan sus reclamos mediante cobros indebidos y los afiliados quedan atrapados en una obra social a la que están obligados a aportar.

Esa afiliación compulsiva debería imponer un nivel de responsabilidad todavía mayor. Cuando una persona puede elegir su cobertura, una mala prestación tiene consecuencias para quien la administra: el cliente se marcha. En el IAPOS, en cambio, el afiliado no dispone de esa libertad. Continúa aportando aunque el servicio se deteriore y debe acudir a la Justicia cuando la administración no responde.

Por eso, lo ocurrido bajo la conducción de Salazar no puede presentarse como una sucesión de episodios aislados. Es la postal de un Estado que se muestra presente para cobrar aportes, manejar partidas y sostener estructuras burocráticas, pero que demasiadas veces desaparece cuando el ciudadano necesita una prestación.

No hacen falta más discursos sobre eficiencia ni nuevas excusas administrativas. Hace falta transparencia sobre los $57.000 millones, plazos concretos de devolución, auditorías públicas, cumplimiento inmediato de las decisiones judiciales y responsabilidad personal de los funcionarios.

Porque mientras la burocracia conserva los cargos y administra las cajas, la cuenta continúa recayendo sobre los mismos de siempre: los trabajadores, los jubilados, sus familias y su salud.

Elliberador

Rechazo a Milei, pobreza en alza y un escenario electoral abierto: las mediciones de Zuban Córdoba

Rechazo a Milei, pobreza en alza y un escenario electoral abierto: las mediciones de Zuban Córdoba

La desaprobación de la gestión presidencial alcanza el 63,6% y el peronismo y los libertarios aparecen prácticamente empatados como espacios políticos. “Hoy ningún candidato ni espacio aparece en condiciones de cerrar en primera vuelta”, arrojó la encuesta de la consultora. Otro informe realizado reveló que el 64,1% no cree que Milei haya bajado la pobreza.

La evaluación de la gestión de Javier Milei y la percepción sobre la situación económica vuelven a cruzarse en nuevas encuestas nacionales de Zuban Córdoba y Asociados. Muestras un escenario político abierto hacia 2027, con altos niveles de desaprobación presidencial y una sociedad que, al mismo tiempo, expresa fuertes reparos sobre algunos de los principales argumentos económicos del oficialismo.

La gestión presidencial, con más rechazo que apoyo

Uno de los principales datos del estudio “El camino al balotaje” es la evaluación del Gobierno nacional. El 63,6% de los encuestados desaprobó la gestión de Milei, mientras que el 35,3% manifestó una valoración positiva. El resultado profundiza una tendencia registrada por la propia consultora: en agosto, la desaprobación había sido del 62,3%, por lo que el nuevo registro representa un incremento de 1,3 puntos porcentuales.

Gustavo Córdoba, titular de la consultora, describió el escenario como una “negatividad agravada” y vinculó los resultados con el clima social y con la distancia que, según su interpretación, existe entre la gestión y una parte de la sociedad.

En cuanto a la imagen de dirigentes, Axel Kicillof encabeza el ranking con el 45%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con 42% y Myriam Bregman con 40,1%. Más atrás aparecen Patricia Bullrich con 37,6%, Natalia De La Sota con 36,6 % y Javier Milei con 36,1%. Seguidamente se encuentran Mauricio Macri, Sergio Massa y Victoria Villarruel.

“Hoy Axel podría ser la primera preferencia del peronismo pero yo te diría que con 35 puntos, si vos aspirás a ser gobierno, tenés que aspirar a mucho más que un 35%. En el caso del gobierno, Milei tiene 35 puntos, y es probable que tenga un techo de 38”, opinó el analista político. “Nos parece que con los números de hoy, no hay ninguno en condiciones de ganar en primera vuelta”, sintetizó Gustavo Córdoba.

El estudio fue realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años, mediante una encuesta online. La consultora informó un margen de error de ±2,19% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados representan una fotografía de opinión tomada durante esos cuatro días y no constituyen una predicción electoral.

Pobreza y percepción económica

De acuerdo a otro sondeo de Zuban Córdoba, el 64,1% rechaza la frase “Mi gobierno sacó a 14 millones de personas de la pobreza”. El dato político se conoce después de que el INDEC informara que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, 4,1 puntos porcentuales por encima del segundo semestre de 2025. En ese contexto, la encuesta consultó específicamente sobre algunas de las afirmaciones económicas que forman parte del discurso oficial.

En cuanto a la frase evaluada un rotundo 64,1% de los consultados manifestó estar en desacuerdo, mientras que el 29,2% expresó su acuerdo.

La misma distancia apareció cuando se consultó por los ingresos. Solo el 19,6% coincidió con la afirmación de que “el salario en dólares es el más alto de la historia”, mientras que el 65,1% la rechazó.

Así, los relevamientos combinan dos indicadores que ayudan a describir el clima social: por un lado, una elevada desaprobación de la gestión; por otro, un predominio de respuestas negativas frente a algunas de las afirmaciones económicas centrales del oficialismo.

Peronismo y libertarios, en una disputa pareja

El escenario electoral tampoco muestra una diferencia amplia entre los principales espacios. Ante la pregunta sobre qué fuerza votarían para presidente en 2027, el peronismo obtuvo el 34% y La Libertad Avanza y los sectores libertarios alcanzaron el 30,1%.

Cuando la consulta se redujo a tres alternativas principales, el peronismo llegó al 35,9 %, mientras que La Libertad Avanza y los libertarios registraron 35,1%. El Frente de Izquierda obtuvo 6,4% y el 22,6% no definió una opción.

Córdoba definió la situación como una “paridad muy fuerte” entre peronismo y libertarios y señaló que el principal desafío del peronismo pasa por la definición de una candidatura común.

Kicillof y Milei, frente a frente

La encuesta también midió la potencialidad electoral de dirigentes. En el caso de Axel Kicillof, el 29,1% respondió que lo votaría “seguro” y el 17,5% que “probablemente” lo haría. En conjunto, ambas categorías alcanzaron el 46,6%. Para Milei, esas respuestas sumaron el 38%. En sentido contrario, el 59,1% manifestó que nunca votaría al presidente, mientras que el 49% respondió lo mismo respecto de Kicillof.

La consultora aclaró que estos porcentajes no equivalen a una intención de voto directa ni permiten anticipar un resultado electoral, ya que corresponden a preguntas específicas realizadas dentro de la muestra.

En imagen personal, Kicillof registró 45% de valoración positiva y 51,3% negativa, mientras que Milei obtuvo 36,1% positiva y 61,8% negativa.

Un escenario que todavía no tiene definición

Según el consultor político, con los porcentajes actuales ninguno de los espacios estaría en condiciones de alcanzar por sí solo una mayoría suficiente en primera vuelta. “No hay ninguno en condiciones de ganar en primera vuelta”, ratificó.

La combinación entre una elevada desaprobación presidencial, el aumento de la pobreza informado por el INDEC y la paridad entre los principales espacios configura, de acuerdo con esta medición, un escenario político abierto hacia 2027. Al mismo tiempo, la encuesta demostró que una parte importante del electorado todavía no tiene una definición: en el escenario de tres espacios, el 22,6% no eligió ninguna alternativa.

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