La iniciativa presentada por el diputado Esteban Paulón reabrió el debate sobre el derecho a decidir en el final de la vida. La Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina asegura que existe un fuerte consenso social y reclama que el Congreso avance en una discusión “plural, informada y respetuosa”.  Según encuestas recientes, entre el 76% y el 80% de la población se muestra a favor de una ley de eutanasia. Propuesta del proyecto y la opinión de Dinah Magnante, especialista en el tema.

El debate sobre la eutanasia volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública argentina tras la presentación del proyecto de ley presentado por el diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas. La iniciativa propone la regulación y el derecho de acceder a la eutanasia o al suicidio asistido en casos de enfermedades terminales o padecimientos irreversibles.

El proyecto contempla dos modalidades: la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, y la muerte asistida, donde la persona se autoadministra la medicación provista bajo supervisión médica. La propuesta está dirigida a mayores de 16 años, argentinos o residentes permanentes con al menos un año de residencia, que atraviesen enfermedades graves e incurables, padecimientos crónicos imposibilitantes o cuadros terminales que provoquen sufrimiento físico o psíquico intenso. La iniciativa establece que la decisión deberá ser voluntaria, consciente e informada, sin presiones externas, y exige dos solicitudes separadas por al menos quince días. Además, prevé la intervención de un equipo médico interdisciplinario y de una Comisión de Evaluación y Garantías. También reconoce la objeción de conciencia individual para profesionales de la salud, aunque impide que instituciones médicas rechacen la práctica por razones religiosas o ideológicas.

Otro de los puntos centrales es la incorporación de la Asistencia Médica para Morir al Programa Médico Obligatorio (PMO) y la modificación del Código Penal para eximir de responsabilidad penal al personal sanitario que actúe bajo el marco legal previsto.

“Presenté un proyecto de ley para garantizar la muerte voluntaria médicamente asistida. Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, definiendo los principios y salvaguardas, estableciendo los derechos y deberes del personal de salud, y creando los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento”, manifestó el diputado Paulón.

La discusión no es nueva en Argentina. La abogada y magíster en Ética Biomédica Dinah Magnante, autora del libro Bioética Clínica. Toma de Decisiones. Final de la Vida. Legislación Internacional, recordó que “desde 2021 se fueron presentando proyectos”, aunque aseguró que ahora observa un escenario más favorable. “Estoy más esperanzada”, afirmó.

En diálogo exclusivo con INFOROSARIO, Magnante señaló que todas las iniciativas legislativas presentadas hasta ahora “admiten ambas modalidades, la eutanasia y la muerte asistida”, y remarcó que el eje del debate pasa por la autonomía personal. “Nadie quiere que decidan por uno cómo morir. Nadie quiere sufrir”, sostuvo. Incluso citó al papa Pío XII al recordar que “nadie necesita sufrir para llegar al Cielo”, en referencia a la legitimidad ética de la sedación paliativa.

La especialista también destacó el crecimiento de la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina, espacio que impulsa el debate público y la adhesión social a una futura ley. “Están firmando personalidades y ciudadanos, y todos lo vamos difundiendo. Con el ingreso del nuevo proyecto del diputado Paulón se le está dando mucho tratamiento al tema”, explicó.

Desde la campaña remarcan que el objetivo es garantizar “el derecho a decidir en el final de la vida”, junto con el acceso universal a cuidados paliativos. En una carta pública de adhesión difundida recientemente, sostienen que “en determinadas situaciones de padecimiento intolerable, incurable y de sufrimiento persistente, las personas tienen derecho a decidir de manera libre, informada, fehaciente y acompañada sobre el final de su vida”.

El documento también subraya que una regulación adecuada permitiría establecer “marcos claros, controles estrictos y garantías para evitar abusos”, al tiempo que reclama fortalecer los cuidados paliativos y respetar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.

Magnante consideró clave el rol de los medios de comunicación en este proceso. “Recuerdo que para la sanción de la ley de muerte digna la prensa fue muy importante. Ahora está pasando lo mismo y me parece fundamental aclararle a la población de qué se trata”, indicó. Y aclaró: “Nadie obliga a acceder a la eutanasia”.

Según una encuesta realizada por el Observatorio Pulsar de la UBA el 76% de los consultados estaba de acuerdo con la eutanasia, mientras que otro relevamiento de la Universidad de San Andrés indicó un apoyo cercano al 80%.

“Creo que la sociedad está preparada para eso”, reflexionó Magnante, quien además integra Plataforma Dignidad, un espacio regional conformado por representantes de varios países latinoamericanos que intercambian experiencias sobre legislación vinculada al final de la vida.

En América Latina, Colombia aparece como uno de los países más avanzados en esta materia, mientras que Uruguay aprobó su ley en octubre de 2025, sumándose al grupo de naciones que avanzaron en regulaciones sobre eutanasia y asistencia médica para morir.

“Es importante que ahora lo trate el Congreso”, concluyó Magnante, mientras el debate comienza a expandirse más allá del ámbito legislativo y sanitario para instalarse en la conversación pública argentina.

Para adherir a la campaña: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-p9cSnX-IyMpwke1fkAoxGVKrXuhs21qBWlqCXQs42IBPIQ/viewform

El gremio metalúrgico rechazó el fallo que anuló las elecciones, nombró autoridades transitorias y declaró el estado movilización permanente. Distintos sindicatos como el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo salieron a respaldar a la organización y denunciaron un avance sobre la autonomía gremial.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) salió a confrontar abiertamente la intervención judicial dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y puso en marcha una estrategia política, gremial y administrativa para sostener el funcionamiento del sindicato en todo el país.

La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria del Consejo Directivo Nacional realizada en la sede central del gremio, con participación de más de dos tercios de las seccionales metalúrgicas. Allí, la conducción rechazó formalmente la resolución judicial que anuló las elecciones internas y declaró el estado de alerta, movilización y sesión permanente a escala nacional.

Desde la UOM señalaron además que el objetivo es preservar “la autonomía sindical, la continuidad institucional y los derechos colectivos de los afiliados”. Además de rechazar la intervención judicial, la organización designó a Daniel Daporta, actual secretario general adjunto y referente de la seccional Avellaneda, como Delegado Administrador nacional para sostener el funcionamiento operativo del sindicato.

 Desde la conducción de la UOM señalaron además que la disputa excede el marco interno del sindicato y advirtieron que está en juego el derecho de los trabajadores a elegir de manera autónoma a sus representantes gremiales, sin interferencias externas.

Respaldo del gremio marítimo

En paralelo, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo declaró el estado de alerta y movilización permanente en rechazo al fallo que anuló las elecciones en la UOM.

A través de un comunicado emitido por su Comisión Directiva Central, la organización sindical denunció que la resolución judicial responde a un “modus operandi de la política neoliberal” orientado a debilitar a las organizaciones gremiales que enfrentan las políticas oficiales.

“Hoy se le arrebata al trabajador el derecho a elegir quién lo represente para defender sus condiciones laborales, permitiendo que la conducción sea digitada arbitrariamente por la vía judicial”, manifestaron desde el gremio marítimo.

La entidad sostuvo además que la intervención sobre la UOM no constituye un hecho aislado, sino parte de una estrategia de disciplinamiento hacia los sectores sindicales con mayor capacidad de resistencia frente a las políticas económicas del Gobierno nacional.

“No es casualidad la violación del Estado de derecho en una organización que hoy encabeza uno de los espacios de resistencia con mayor protagonismo y proyección contra las políticas antiobreras”, señalaron.

En el mismo documento, el Centro de Patrones apuntó directamente contra los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino y María Dora González, quienes firmaron la resolución. “Rechazamos categóricamente el fallo de los jueces que ya avalaron la Reforma Laboral y hoy se prestan al desmembramiento del modelo sindical argentino”, expresó el gremio y paralelamente ratificó su solidaridad con los trabajadores metalúrgicos y con la conducción nacional electa por el voto de los afiliados.

José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, advirtió que la iniciativa implica “un retroceso de casi 40 años” y cuestionó cambios que afectan garantías constitucionales.

La discusión por la reforma del sistema penal que impulsa el gobierno provincial se instaló con fuerza en el debate jurídico e institucional. Mientras desde el Ejecutivo sostienen que los cambios buscan agilizar las respuestas frente al delito y fortalecer las herramientas de investigación, distintos sectores y especialistas en Derecho comenzaron a expresar preocupación por el alcance de las modificaciones propuestas.

En diálogo con INFOROSARIO, José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario sostuvo que el proyecto representa un cambio profundo del sistema acusatorio vigente y advirtió sobre las repercusiones que podría tener la reforma en las garantías y derechos de los ciudadanos.

“Este proyecto busca modificar algunos artículos del Código Procesal Penal y afecta garantías constitucionales. Se modifican el derecho de defensa, se permitirían los allanamientos sin orden judicial y la posibilidad de ser interrogado sin asesoramiento legal. Además, se habilitarían las actividades de inteligencia e investigación sin causa determinada, generando posibles situaciones de espionaje”, afirmó a nuestro medio el abogado penalista.

Nanni sostuvo además que la iniciativa implica un retroceso respecto del sistema procesal implementado en Santa Fe desde febrero de 2014. “Estamos retrocediendo casi 40 años porque lo que se pretende sancionar ya fue eliminado del Código Procesal enal. El código actual es moderno, fue pionero y está acorde a parámetros internacionales”, señaló.

El titular de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario también cuestionó lo que definió como una confusión entre política criminal y política de seguridad. “Las políticas para atacar la inseguridad tienen que ver con la prevención del delito. El derecho procesal comienza cuando el delito ya se cometió. Se están mezclando herramientas de seguridad ciudadana con cuestiones judiciales que terminan afectando a todos los santafesinos”, expresó.

En ese marco y en cuanto a la defensa de las garantías, recordó que “el garantismo en nuestro país nació en 1983, luego de la dictadura, cuando Alfonsín y distintos juristas comenzaron a elaborar una línea ideológica basada en el respeto de las garantías individuales”.

Asimismo, advirtió sobre el impacto institucional que podría tener la reforma. “Lo peligroso es que esto va a afectar a todos los ciudadanos y a las garantías que les corresponden. Por eso hubo pronunciamientos de colegios de abogados, magistrados y organismos de derechos humanos”, indicó.

Nanni reclamó además una discusión más amplia antes de avanzar con la iniciativa en la Legislatura provincial. “Una reforma de estas características necesita convocar a los especialistas y tener un debate profundo. Hay que sospechar de un Estado autoritario que no respeta el debate ni el pensamiento diferente”, manifestó.

Por último, vinculó el impulso de la reforma con la agenda política del oficialismo provincial. “Claramente hay cuestiones políticas. El caballito de batalla del gobierno siempre fue la seguridad y se intenta volver a poner ese tema en el centro de la escena. Generar un proyecto de ley de estas características me parece arbitrario”, concluyó.