La Justicia de Entre Ríos dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa en la que se investiga a integrantes de la familia Etchevehere y a empresarios relacionados con la financiera Red Mutual por una presunta estafa vinculada con el vaciamiento patrimonial de Sociedad Anónima Entre Ríos, la compañía que editaba El Diario de Paraná.

La decisión fue adoptada por el juez de Transición Pablo Nicolás Zoff, quien declaró clausurada la instrucción y rechazó los planteos presentados por las defensas para evitar que el expediente llegara a debate oral.

Entre los acusados se encuentran Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri; Arturo Sebastián Etchevehere, excandidato a gobernador de Entre Ríos por La Libertad Avanza; y Juan Diego Etchevehere, dirigente vinculado con la Sociedad Rural Argentina.

También deberán afrontar el juicio Leonor María Magdalena Barbero Marcial, madre de los tres hermanos, y los empresarios Walter y Viviana Grenón, vinculados con Red Mutual.

Walter Grenón tiene varias operaciones en nuestra ciudad luego de un disputado divorcio. Más de 1.200 millones de pesos le costó el divorcio, el año 2023, al magnate que otorga préstamos usureros en la administración pública de Entre Ríos y Santa Fe, a través de sus sociedades financieras que están vinculadas al poder político de ambas provincias.

Grenón supo convertirse en un hombre de negocios que lo han llevado a codearse con empresarios del rubro de la talla de la familia Eskenazi y el Banco Itaú, los cuales en varias oportunidades han quedado involucrados en escándalos financieros que incluyen deudas de varios miles de millones de pesos y compras fraudulentas de acciones en detrimento de sus relaciones políticas con el kirchnerismo, tal fue el caso de su ingreso a YPF con el 25 por ciento de las acciones casi sin poner un centavo.

Este “hombre de negocios” que tiene más empresas financieras que amantes, hoy parece estar arrastrando a todas sus relaciones y vínculos a la mira de la Justicia Federal, la cual se encuentra avanzando en una investigación judicial para determinar cuántas propiedades tiene sin declarar, así como también el origen de los fondos que le han permitido en varias oportunidades financiar las campañas políticas de sus aliados o empleados.

El consumo de los hogares volvió a caer en junio y retomó las variaciones interanuales negativas que se habían registrado durante el primer trimestre del año. El retroceso se dio pese a la desaceleración de la inflación, en un escenario donde los distintos rubros mostraron comportamientos dispares.

El dato surge del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que registró una baja interanual de 1% en junio y una caída desestacionalizada de 1,6% frente a mayo, medición que descuenta los efectos estacionales y permite comparar la evolución mes a mes. Con este resultado, el indicador dejó atrás dos meses de variaciones interanuales positivas y volvió a terreno negativo.

La caída llamó la atención porque se produjo en un contexto de menor presión de precios. La inflación de junio fue de 1,9% mensual, el valor más bajo desde agosto de 2025, y de 33,5% interanual. Según la CAC, esa desaceleración alivió la presión sobre los ingresos reales: la entidad estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $3.164.000, con un avance real de 0,8% frente a mayo.

Autos, ropa y recreación, los más golpeados

El rubro con mayor impacto negativo fue transporte y vehículos, que cayó 7,4% interanual y restó 0,9 puntos al resultado general. La CAC lo explicó por el desplome del patentamiento de automóviles, que se contrajo 17,9% interanual.

También retrocedió indumentaria y calzado, con una baja estimada de 4,6% frente a junio de 2025, y recreación y cultura, que cayó 8,1%. Sobre este último rubro, la Cámara señaló que las actividades vinculadas al ocio mostraron menor demanda ante un ingreso real que todavía no crece con fuerza. El resto de las categorías registró una baja interanual de 2% y se ubicó en niveles similares a los de junio de 2019, mes de referencia previo a la pandemia.

Vivienda y servicios, la excepción al alza

En contraste, el segmento de vivienda, alquileres y servicios públicos creció un estimado de 9,4% interanual y aportó 1,9 puntos al índice general. La CAC vinculó ese avance con el incremento de la demanda eléctrica, que trepó 18,5% interanual.

El crédito, clave en los bienes durables

El informe también analizó el rol del financiamiento en la compra de bienes durables. Tras un fuerte crecimiento real durante 2024 y 2025, en 2026 la dinámica empezó a diferenciarse: las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios entraron en un retroceso leve pero constante, mientras que el crédito hipotecario mantuvo una trayectoria ascendente, aunque más moderada.

Esa evolución impacta de lleno en el consumo de vehículos, electrodomésticos e inmuebles. En los últimos meses, el patentamiento de autos y la compra de electrodomésticos mostraron leves contracciones, mientras que las escrituras de inmuebles no crecieron, aunque sostuvieron los niveles alcanzados en los últimos dos años, en línea con el crédito hipotecario.

Consumo masivo y actividad económica, en caminos distintos

En el consumo masivo (FMCG), mayo cerró con una caída interanual de 1,6%, aunque con un avance mensual desestacionalizado de 1,7% frente a abril. Además, la CAC marcó una divergencia entre consumo y actividad: en abril, último dato disponible, el EMAE creció 1,6% interanual mientras el IC cayó 0,6%, una brecha que no se observaba cuando ambos indicadores se movían juntos. La Cámara remarcó que la actividad también desaceleró, ya que en marzo había avanzado 6,2%.

 

La medida generó un conflicto entre trabajadores del sector y autoridades portuarias, complicando operaciones y exportaciones clave en el país.

La protesta se desarrolló en el marco del vencimiento de la conciliación voluntaria, mientras crece la incertidumbre entre los 120 operarios afectados por la decisión empresarial de abandonar definitivamente la producción de caucho sintético en el país.

El secretario gremial del SOEPU, Rodrigo Jordana, advirtió que si no hay una resolución favorable, el gremio podría profundizar las medidas de fuerza. “La semana pasada tuvimos una asamblea donde fue unánime la decisión de darle mandato a la comisión directiva para que, en caso de que la reunión no sea favorable, empecemos a tomar medidas de forma directa. Empezaremos a parar todo el complejo”, sostuvo.

Actualmente, los trabajadores se encuentran bajo la figura de “dispensados”, cobrando sus salarios hasta este lunes. “Siguen cobrando el sueldo, pero eso se vence en el día de hoy”, alertó Jordana, quien además señaló que continúan las tareas necesarias para realizar una parada de planta segura.

Uno de los principales focos de preocupación del gremio es la seguridad de las instalaciones. Según explicó el dirigente, la empresa redujo el personal destinado a tareas críticas y despidió trabajadores que cumplían funciones de brigadistas.

“En la planta se manejan productos altamente contaminantes. No solo puede producirse un desastre ambiental, sino también una explosión. Hoy no llegamos al mínimo de doce brigadistas y hay que hacer malabares para cumplir con ese plantel”, afirmó.

Desde el Comité Mixto de Seguridad, agregó, se monitorea permanentemente la situación operativa y también el estado emocional de los trabajadores. “No es fácil saber que en dos meses uno puede perder el trabajo y que la empresa pida realizar tareas altamente complejas”, remarcó.

Indemnizaciones y preocupación por el futuro
Pampa Energía comenzó a ofrecer acuerdos de desvinculación al personal, integrado mayoritariamente por trabajadores con más de 20 años de antigüedad.

Según denunció el gremio, las indemnizaciones se calculan bajo el nuevo esquema de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica una reducción cercana al 30% respecto del régimen anterior.

“La empresa ofreció una indemnización de acuerdo con la nueva ley. Eso representa un 30 por ciento menos con relación a la legislación anterior”, indicó Jordana, quien reconoció que la situación económica lleva a algunos operarios a considerar la propuesta. Sin embargo, desde el sindicato insisten en que la planta puede continuar funcionando.

“Muchos compañeros tienen deudas, hijos pequeños y están ante la desesperación de querer firmar acuerdos. Nosotros entendemos que la planta puede seguir operando y generando ganancias”, sostuvo.

Críticas al Gobierno provincial
El dirigente sindical también cuestionó la falta de intervención del Gobierno de Santa Fe en el conflicto y aseguró que el sector no se siente acompañado.

“Nunca nos sentimos acompañados. Evidentemente no le interesa”, afirmó Jordana al referirse a la gestión provincial, y recordó antecedentes similares en la región, como el cierre de la planta de Dow.

En ese sentido, reclamó una mayor participación política para evitar el cierre de una industria que consideran estratégica. “Esperemos que salga la conciliación obligatoria y que el Ministerio esté a la altura de la situación. Esta planta es importante para la industria provincial y nacional porque es la única productora de caucho sintético del país. Todas las empresas que necesitan este producto tienen que comprarlo afuera”, señaló.

Respaldo sindical y posible escalada
La disputa sumó en los últimos días el respaldo de la CGT Regional Rosario y de la conducción nacional de la CGT, fortaleciendo la posición de los trabajadores frente a las negociaciones.

Mientras esperan una definición oficial, desde el SOEPU advirtieron que están dispuestos a endurecer el plan de lucha si fracasan las gestiones para mantener la actividad productiva y preservar las fuentes de empleo.

“La empresa solo dijo que va a cerrar y ofrece dinero a la gente. Como gremio creemos que la planta puede seguir funcionando. Dependemos de una decisión política de la provincia de Santa Fe que, hasta el momento, ha sido nula”, concluyó Jordana.

Después de más de un mes de intensa búsqueda, la Policía de Brasil localizó este lunes en Florianópolis a Micaela Gladys Albornoz, la mujer rosarina de 32 años cuyo paradero se desconocía desde el 24 de junio. 

El proyecto será debatido este jueves en el Senado después de que el oficialismo aceptara incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros y otorgar mayor participación a las provincias para destrabar un proyecto que ya había sido postergado en tres oportunidades.

En esta oportunidad, fueron ocho vecinas y vecinos de Villa Gobernador Gálvez que hace 75 años o más residen en la ciudad. “Tenemos un fuerte compromiso con recuperar el sentido de pertenencia, y valorar a personas que han dedicado tanto esfuerzo al crecimiento de la ciudad es un paso fundamental”, resaltó el intendente Ricci.

 

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