Ley Bases y el Pacto Fiscal:

El Presidente pidió aprobar esta semana el paquete fiscal y la Ley Bases para dar muestras de gobernabilidad. Las diferentes cartas de negociación que expuso la Casa Rosada ante los diputados dialoguistas

El Plenario de Comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados se reúne este martes a las 15:00 para intentar dar dictamen definitivo a la Ley Bases que había sido aprobada con cambios en el Senado. A su vez, la de Presupuesto y Hacienda va a dictaminar sobre el pacto fiscal a partir de las 18. En esas reuniones se van a terminar de definir qué cambios propuestos por la Cámara alta aceptan y cuáles no.

Según las estimaciones realizadas, el oficialismo tiene los votos para insistir con los cambios en el impuesto a las Ganancias y en bienes personales, que habían sido rechazados por el Senado. En cambio, no tiene los números para volver a ampliar la lista de empresas a privatizar: así Aerolíneas Argentinas, RTE (los medios públicos) y el Correo Argentino quedarían afuera de las privatizables.

Por otro lado, se aceptarán algunos de los cambios sugeridos por el Senado. Tal como anticipó este domingo A24.com, el oficialismo considera que las propuestas para el RIGI hechas en la Cámara alta son correctas y se debe aprobar tal como vino.

Y además no se va a derogar (como estaba planteado en el proyecto original) la derogación de la moratoria para los jubilados. Esa norma va a seguir vigente tal como estaba previsto hasta marzo de 2025. "No vamos a insistir con eso", dijo en entrevista al programa Muy Lunes en Radio con Vos el presidente de la Comisión de Legislación General, Santiago Santurio.

 

Las negociaciones

Las negociaciones entre los distintos bloques opositores dialoguistas y las autoridades del bloque Oficialista de la Libertad Avanza fueron tensas en este último tramo. El oficialismo creía que tenía garantizados los mismos votos que habían dado la media sanción en diputados a mediados de abril.

Sin embargo, aparecieron diferencias en el bloque radical, donde muchos de sus diputados creían que había que respetar los acuerdos previamente establecidos con los senadores de ese partido.

En cambio, el oficialismo contará con todos los votos del PRO para poder avanzar. "Durante el tratamiento en el Senado se introdujeron algunos cambios que creemos le restan eficacia a esas transformaciones y por eso manifestamos nuestra disposición a insistir con la sanción de Diputados", planteó Cristian Ritondo, jefe de bloque de esa bancada.

"Por respeto a esa voluntad popular, debemos darle las herramientas de base a este gobierno para que pueda llevar adelante su plan de gestión y arreglar el desastre que nos dejó el kirchnerismo. Vamos a acompañar el acuerdo mayoritario que el jueves convierta en ley definitivamente ambas normas", insistió.

 

¿Se puede insistir o no?

Se dio en los últimos días un debate de técnica legislativa. Si un proyecto de ley es modificado en la Cámara revisora, debe ser vuelto a tratar por la Cámara de origen para aceptar o no los cambios. Pero si un proyecto de ley es rechazado por una de las dos cámaras no puede volver a ser tratado por un año.

¿Cómo se debe entender el rechazo de un artículo de una ley más grande? ¿Se puede insistir con los cambios en Ganancias y Bienes Personales? La mitad de la biblioteca entiende que sí; y la mitad entiende que no.

El que interpreta el reglamento es el presidente de la Cámara, en este caso Martín Menem, quien decidió seguir adelante. Tiene jurisprudencia para hacerlo.

Sin embargo, el tema fue objeto de debate y mereció una dura crítica del jefe de bloque radical, Rodrigo De Loredo.

"Llama la atención la impericia del gobierno de no haber logrado que en la Cámara que nuclea a las representaciones de las provincias se apruebe un impuesto que se coparticipa a los gobernadores. Y advierto que ese error de gestión parlamentaria puede traer problemas de judicialización, puesto que, pese a ser minoritaria la postura que sostiene que no se pueden volver a tratar, tenemos un sistema de control difuso de constitucionalidad que permite que cualquier juez termine opinando en la materia y los contribuyentes afectados, legitimados por el planteo, son cientos de miles", escribió.

 

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