Hay publicidades que venden un producto. Y hay publicidades que, sin querer o queriendo, se meten en la grieta con los tapones de punta. Eso pasó con un spot de Telecom que empezó a circular en redes justo cuando el Gobierno quedó envuelto en el escándalo por los funcionarios que adhirieron al régimen de “inocencia fiscal”. La frase elegida fue una bomba envuelta en papel celofán: “¿Qué promesa hiciste? Declarar la casa del country”.

El aviso aparece en clima mundialista. La escena juega con las promesas que se hacen cuando la Selección está por competir. El recurso es conocido: si salimos campeones, me tiño el pelo, me caso, me tatúo, dejo algo, hago algo. Pero esta vez el remate no fue inocente. “Declaro la casa del country”, dice el spot. Una línea breve. Seca. Con olor a chicana de sobremesa.

El problema es el momento. El aviso apareció el mismo día en que todos hablaban de las declaraciones juradas, del patrimonio de Manuel Adorni, de su esposa y de la fila de funcionarios que pidieron entrar al régimen de ARCA. El caso había arrancado con el jefe de Gabinete, pero después se multiplicó. Sturzenegger, Francos, Santiago Oría, Meme Vázquez, Felipe Núñez y Federico Furiase también aparecieron vinculados al universo de la “inocencia fiscal”. Al final, no era un Adorni suelto. Era una forma de estar en el poder.

Por eso el spot no pasó como una publicidad más. En redes lo leyeron como un mensaje político. O, al menos, como una picardía publicitaria demasiado bien ubicada en el calendario. El chiste de “declarar la casa del country” caía sobre una mesa cargada: propiedades, declaraciones juradas, beneficios fiscales, funcionarios y preguntas patrimoniales todavía sin respuesta del todo clara.

Telecom no es una empresa cualquiera. Es una de las grandes compañías de telecomunicaciones del país y forma parte del universo empresario vinculado al Grupo Clarín. Además, está en el centro de una discusión sensible: la eventual compra de Telefónica, una operación que podría reordenar el mercado de las comunicaciones. No es lo mismo que una pyme saque un chiste fiscal. Acá habla un jugador enorme, con intereses regulatorios, políticos y económicos.

Desde Telecom intentaron bajarle el precio al ruido. Ante la consulta, deslindaron responsabilidad sobre la frase y apuntaron a la agencia. “Son los creativos de la agencia publicitaria”, dijeron. La explicación busca separar a la compañía del contenido político que muchos leyeron en el aviso. Como quien tira la pelota afuera y espera que el lateral lo saque otro.

Pero el deslinde no apaga la pregunta. ¿Fue creatividad pura o mensaje con destinatario? ¿Fue apenas un chiste mundialista o una señal en medio del barro fiscal del oficialismo? En la Argentina, una frase nunca viaja sola. Menos cuando la dice una empresa grande, en un momento cargado y con una palabra tan sensible como “declarar”.

El spot pegó porque tocó una fibra exacta. El país que escucha todos los días discursos de austeridad, transparencia y sacrificio vio a funcionarios anotarse en un régimen que reduce la exposición fiscal. La política pidió paciencia. El poder pidió inocencia. Y en el medio apareció una publicidad diciendo lo que muchos pensaban en voz baja: prometé lo que quieras, pero declarame la casa del country.

El chiste funciona porque parece exagerado. Y también porque no parece tan exagerado. Ahí está su veneno. La gracia no está en el Mundial. Está en el ruido de fondo. En el contribuyente común que paga, junta papeles y mira cómo los funcionarios consiguen paraguas legales. En el contraste entre la motosierra para abajo y la frazada fiscal para arriba.

La publicidad, seguramente, no va a cambiar la suerte de Adorni ni la de ningún funcionario. Tampoco prueba una operación política. Pero muestra algo más fino: el escándalo ya entró en la conversación social. Salió del expediente, de ARCA y de los portales. Llegó al meme, al spot y al doble sentido. Cuando un caso patrimonial se vuelve remate publicitario, el problema ya dejó de ser administrativo.

Telecom dice que fue cosa de creativos. Puede ser. Pero en política, como en publicidad, el timing es medio mensaje. Y esta vez el timing fue demasiado perfecto. Una casa de country, una promesa mundialista y un Gobierno que anda pidiendo certificados de inocencia. La pelota entró pegada al palo.

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) de Funes convocó a un paro total de actividades por 48 horas para los días 17 y 18 de junio, en el marco del conflicto que mantiene con el ejecutivo a raíz de la falta del pago de los refrigerios y las horas extras.

La decisión llega luego de semanas de tensión entre el sindicato y el Ejecutivo local. Desde ASOEM cuestionan duramente la postura adoptada por la gestión municipal, a la que acusan de cerrar los canales de diálogo y adoptar una postura de confrontación directa, incluyendo presiones improcedentes hacia los trabajadores municipales.

Uno de los puntos que generó mayor malestar fue la ausencia de representantes del municipio en la instancia de negociación solicitada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. Para la conducción gremial, la negativa a participar de esa mesa constituye una señal clara de falta de voluntad política para resolver el conflicto.

A esto se suma la polémica por el descuento del adicional por presentismo a trabajadores que participaron de medidas de fuerza. El sindicato sostiene que la decisión busca castigar a quienes ejercieron un derecho constitucional como es el derecho de huelga y advierte que se trata de un antecedente preocupante para la libertad sindical.

Frente a este escenario, la Asamblea resolvió avanzar con un paro total de actividades durante dos jornadas consecutivas. Además, el 17 de junio se realizará una movilización hacia la sede municipal para visibilizar el reclamo. Desde el gremio aclararon que se mantendrán las guardias mínimas necesarias para garantizar los servicios esenciales.

Lejos de mostrar señales de retroceso, la conducción sindical ratificó que continuará reclamando una instancia de negociación real y advirtió que no aceptará medidas que considere persecutorias contra los trabajadores.

Con el conflicto abierto y sin canales de diálogo efectivos, el enfrentamiento entre el municipio y los empleados municipales parece ingresar en una etapa de mayor confrontación política y gremial.

La fuerte polémica instalada en el Cordón Industrial a raíz de las declaraciones del sindicalista Daniel Succi sobre los nulos controles y los cargamentos “no tan puros” en los muelles de la región sumó un respaldo político de altísimo impacto. El diputado provincial Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) rompió el silencio en una entrevista brindada a la emisora LT9 de la ciudad de Santa Fe, donde validó la preocupación del líder de Aceiteros y lanzó una gravísima denuncia que vincula al negocio de las multinacionales agroexportadoras con la entrega de la soberanía fluvial a los Estados Unidos.

“Lo que planteó Succi confirma un problema histórico en los puertos”, sostuvo Del Frade, remarcando que las sospechas y las evidencias sobre el uso de las terminales privadas del Up River para el flujo logístico de estupefacientes llevan décadas bajo observación del mapa delictivo regional.

“Las grandes empresas hacen los grandes negocios y los pibes se matan”

Sin rodeos, el legislador y periodista de investigación desarmó la cadena del negocio narco en la provincia de Santa Fe, diferenciando las economías de enclave que operan en los puertos de la sangrienta realidad que se vive en las barriadas periféricas de las grandes ciudades.

En una acusación directa a los holdings y terminales que operan en el Paraná, el diputado provincial sentenció: “Lo cierto es que efectivamente las grandes empresas son las que importan todo esto con permiso de la DEA”.

La entrega del Paraná: Marines y la DEA al control de la Hidrovía

Para Del Frade, el estallido de estas declaraciones no es casual y coincide con la cuenta regresiva de la controvertida licitación de la Vía Navegable Troncal, cuya preadjudicación recayó recientemente sobre la firma Jan de Nul. El legislador advirtió que existe un plan estratégico de los Estados Unidos para desembarcar militarmente en la principal arteria exportadora de la Argentina.

“Esta declaración llega en el momento en donde la semana que viene, cuando se adjudique de nuevo a Jan de Nul el dragado, balizamiento y peaje del río Paraná, ya con el Comando Sur metido en el mar argentino también en manos de los marines norteamericanos, van a avanzar”, alertó el diputado de forma alarmante.

Hacia el final, trazó un paralelismo con la política entreguista sobre el Atlántico Sur y vaticinó el destino inmediato del río: “Acuérdense: así como el mar argentino fue declarado bien común global, lo mismo van a decir del Paraná, porque es el río número 14 del mundo. Y como hay tanta droga, van a decir ellos —que son los que la administran, dicho sea de paso— que la DEA y los marines se tienen que hacer cargo de la seguridad en el río Paraná”, concluyó en una advertencia geopolítica que sacude al Cordón Industrial.