La concejal radical rosarina respaldó la nueva Ley Electoral y planteó la posibilidad de una fórmula “100% radical y 100% pullarista” para acompañar a Maximiliano Pullaro en un eventual segundo mandato. “Todavía falta un tiempo para las definiciones”, aclaró a nuestro medio.

La nueva Ley Electoral de Santa Fe comenzó a mover el tablero político de cara a las elecciones de 2027 y, junto con las modificaciones al sistema electoral, también empiezan a aparecer nombres para ocupar lugares dentro de las futuras fórmulas.

En ese escenario, la concejal rosarina Anahí Schibelbein dejó abierta la posibilidad de convertirse en candidata a vicegobernadora y planteó públicamente la conveniencia de que el radicalismo tenga una fórmula propia dentro del espacio que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro. En una entrevista radial, la edil respaldó la aprobación de la nueva Ley Electoral y se sumó a la danza de nombres para acompañar al actual gobernador.

“Como mujer del radicalismo, me entusiasma imaginar una fórmula 100% radical. Sin lugar a dudas sería un honor acompañar al gobernador en un segundo mandato y ser elegida por los santafesinos para tamaña responsabilidad, pero todavía falta un tiempo para las definiciones”, manifestó en diálogo exclusivo con INFOROSARIO.

La declaración de Schibelbein se produce luego de la aprobación de la nueva Ley Electoral de Santa Fe, que introduce modificaciones relevantes de cara a las próximas elecciones. Una de las novedades establece que un mismo candidato a gobernador podrá presentarse hasta con tres fórmulas diferentes de precandidatos a vicegobernador. Cada fórmula competirá de manera independiente y los votos obtenidos por cada una no se acumularán.

De esta manera, serán los propios ciudadanos quienes tendrán participación directa en la definición de quién acompañará al candidato a gobernador en las elecciones generales.

Para Schibelbein, se trata de un cambio positivo porque amplía la posibilidad de elección de los santafesinos. “Esto es algo sumamente positivo porque a partir de ahora los santafesinos no sólo tendrán la posibilidad de elegir a su gobernador o gobernadora, sino también a quien lo acompañe en la fórmula y en la gestión”, sostuvo. Y agregó: “La política necesita transparencia y esta nueva Ley se la aporta con esta y otras reformas impulsadas”.

Una dirigente cercana a Pullaro

Schibelbein mantiene una relación política con Pullaro desde hace varios años. Su recorrido dentro del radicalismo y del actual oficialismo provincial comenzó durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz, cuando estuvo al frente de la Dirección Provincial de Atención a Víctimas, dependiente del Ministerio de Seguridad. Posteriormente, Schibelbein se convirtió en la primera concejal del pullarismo en Rosario, consolidando su pertenencia al sector radical que acompaña al actual gobernador.

 “100% radical y 100% pullarista”

Dentro de la coalición Unidos, Schibelbein considera que el radicalismo debería tener un rol protagónico en el armado electoral y que, particularmente, el sector que responde a Pullaro debería conservar una identidad propia.

“Dentro de la coalición de Unidos, el radicalismo necesita una lista 100% radical y 100% pullarista y sería un honor acompañar al gobernador en una fórmula por un nuevo mandato”, afirmó contundente.

La definición instala así el nombre de la concejal rosarina entre los posibles dirigentes que podrían integrar la fórmula oficialista en 2027.

Sin embargo, la propia Schibelbein puso un límite a las especulaciones: “Todavía falta un tiempo para las definiciones”.

Con la nueva legislación electoral ya aprobada y el calendario político de 2027 comenzando a ganar protagonismo, el radicalismo santafesino empieza a discutir no sólo quién encabezará las listas, sino también qué lugar ocupará dentro del proyecto de Unidos y quién podría acompañar a Pullaro en un eventual segundo mandato.

El encuentro más esperado será en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Clausura. El horario aún no fue oficializado, pero se estima que comenzará entre las 15 y las 16.

Ansiedad, depresión, estrés y dificultades emocionales forman parte de una problemática que atraviesa edades, contextos sociales y ámbitos laborales. Los datos más recientes disponibles en 2026 muestran que la salud mental se consolidó como uno de los grandes desafíos sanitarios de nuestro tiempo. Desde Emerger destacan la importancia de reconocer las señales, derribar prejuicios y consultar a tiempo.

“Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez”, indicó y luego agregó que está acusado de “integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”.

El procedimiento lo hizo la División Operaciones Federales y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N°3 de Damián Mazzucco.

La policía detuvo a Álvarez mientras llevaba a cabo cinco allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Salta.

La causa judicial comenzó tras el hallazgo de 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite que llegaron desde BarcelonaEspaña, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

Pablo "Bebote" Álvarez está acusado de traficas drogas

A partir de ese procedimiento, las fuerzas de seguridad ejecutaron una primera fase con 27 allanamientos en suelos bonaerenses y salteños, donde cayeron 11 integrantes de la organización y se incautaron drogas, dinero en efectivo, autos y teléfonos.

El análisis forense sobre los celulares de los acusados permitió reconstruir los movimientos financieros y la logística de la red criminal. Con esas pruebas, la Justicia determinó el vínculo de Álvarez, por lo que ordenó su arresto por infracción a las leyes 23.737 y 22.415 del Código Aduanero.

El Poder Ejecutivo pretende que los salarios se negocien con un salario mínimo garantizado de $1 millón para quitar presión a las paritarias.

Nadia Beller recibió tres disparos el 17 de agosto, embarazada, y sobrevivió. Desde la cama de una clínica en Santa Cruz de la Sierra empezó a hablar. Dijo que el gobierno de Rodrigo Paz —el presidente, su esposa Bibi Urquidi y la familia de ella— tiene, con su expareja Fernando Cerimedo como operador, "negociados" de gasolina, diésel y oro. Dijo que había cajones llenos de billetes. Nombró a un intermediario financiero al que identificó solo como "Iván". Y fue más lejos: acusó a Cerimedo de ser "agente de la CIA". Días después sumó un nombre propio: dijo que quien lavaba el dinero de Cerimedo en Bolivia era Vicente Federico Quintanal, un empresario argentino. Pero es la primera vez que alguien, desde adentro del círculo de Cerimedo, pronuncia la palabra oro en voz alta.

Cuando la Fiscalía boliviana secuestró el teléfono de Cerimedo, apareció algo que nadie esperaba. Una nota fechada el 1° de agosto registra una audiencia en "Sala 3" a nombre de un tal "Adrian Lerma", lo que todo indica que es un error de tipeo y en realidad se refiere a Adrián Lema Roca.

Hay una segunda anotación, del 16 de agosto —un día antes del ataque a Beller, y dos antes de que la Fiscalía boliviana le secuestrara el teléfono al detenerlo, el 18 de agosto, por ese mismo ataque—: "Seguridad. Irrumpir a cosas. Sin seguimiento. Mineros. Negocios de torres. Martín y ministro. Fuertes inversiones." Cuatro líneas que funcionan casi como un índice de todo lo que atraviesa este expediente: seguridad y violencia, minería, negocios de infraestructura, un funcionario todavía sin nombre, y el flujo de una inversión importante. No dice "Emporio Dorado". No dice "oro boliviano". Pero es lo más cerca que estuvo nunca un operador político argentino de ese expediente.

Adrián Lema Roca tiene 22 años y es, hasta hoy, la única persona detenida por el intento de sacar 189,42 kilos de oro —77 lingotes, unos 13,5 millones de dólares— del aeropuerto Viru Viru el 22 de julio de 2026. La empresa que figuraba como dueña de la carga, Emporio Dorado S.R.L., tenía apenas un mes de vida: domicilio falso en Sopocachi, certificado de exportación con un código QR que no llevaba a ningún lado, sellos institucionales que el Senarecom denunció como falsificados. Lema Roca pasó 150 días en Palmasola. Su defensa, a cargo del abogado Juan Carlos Tolay, apeló la prisión preventiva y consiguió que la Sala Penal Tercera de Santa Cruz se la revirtiera el 14 de agosto, sustituida por arresto domiciliario, fianza y arraigo —una salida que el Gobierno calificó de "express" y que la Fiscalía apeló—. El expediente quedó, formalmente, sin nadie a quien acusar más arriba de él. Cerimedo, de hecho, sería detenido semanas después en ese mismo aeropuerto, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires.

Hay un dato que cambia el tamaño del caso y que todavía nadie concilió: un programa boliviano de investigación reveló que Emporio Dorado ya le había hecho dos exportaciones legales de oro a una comercializadora del Zoco de Oro de Dubái —Asian Gold LLC— el 29 de mayo y el 29 de junio de 2026. Es decir, antes de la incautación. Si la empresa se constituyó recién en junio, como dice toda la prensa boliviana, esas exportaciones de mayo no deberían existir bajo ese nombre. O la fecha de constitución está mal, o el circuito ya operaba antes bajo otra razón social. Nadie lo aclaró todavía.

Mientras tanto, en Argentina, el entorno de Cerimedo construía su propio negocio minero. Su pareja, Natalia Basil —ingeniera química, exfuncionaria de la agencia de discapacidad ANDIS, de la que renunció meses antes de que estallara el escándalo de coimas que la salpicó de lejos— es dueña del 50% de Australis Energy Group S.R.L., una sociedad cuyo objeto social incluye, en estos términos, la exploración y explotación de litio, gas y oro

El otro 50% es de Vicente Federico Quintanal, un asesor de empresas de unos 57 años que aparece como socio recurrente de Cerimedo en al menos media docena de sociedades —de energía a inmobiliarias, pasando por una empresa de salud domiciliaria— y al que la prensa argentina describe como el hombre que quedó al frente de sus negocios mientras Cerimedo está preso: el mismo nombre que Beller señaló como quien lavaba el dinero de Cerimedo en Bolivia. La empresa comparte domicilio administrativo, en Buenos Aires, con otras sociedades del mismo círculo —entre ellas Patagonia Energy Holding SA, otra pata energética armada por Cerimedo un año antes—. No hay, hasta hoy, ninguna prueba de que Australis haya extraído o exportado un gramo de nada. Es una empresa de escritorio, sin yacimiento conocido. Pero el rubro está anotado ahí, en el papel, desde antes de cualquiera de los dos escándalos.

Mientras Cerimedo seguía preso en Bolivia, apareció otro costado de su entramado, esta vez completamente doméstico. En 2024, una sociedad suya, Surlibre Inversiones S.A., se quedó con el control de Sanabria S.R.L., una empresa de Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario, pegada a las terminales graneleras de Cofco, Bunge, Cargill y Terminal 6. Hasta entonces, Sanabria había sido una guardería náutica llamada "Lo de Mirto". El cambio de manos recién se publicó en el Boletín Oficial de Santa Fe en enero de 2026 —más de un año después—, y con él la empresa pasó a presentarse como prestadora de servicios portuarios, con el objetivo declarado de proveer combustible a las barcazas que navegan la hidrovía Paraná-Paraguay entre Bolivia, Paraguay y la Argentina.

La Política Online, que reveló el caso, la describió como una "empresa fantasma": el predio es, según esa investigación, un terreno sin inversión, sin habilitación municipal definitiva, con apenas una autorización provisoria de la Prefectura Naval. El municipio de Puerto General San Martín terminó rechazando el proyecto por incumplimientos administrativos, y especialistas del sector lo calificaron de "técnicamente inviable" por falta de calado y por interferir con las terminales linderas.

Al frente de la gerencia, junto a los socios originales Iván Alberto Sanabria y Sergio Ezequiel Amarilla, quedó otra vez Vicente Federico Quintanal. Es en esa misma investigación de La Política Online donde aparece, por primera vez con nombre y apellido, la otra mitad de la acusación de Beller: que Basil estaría a cargo del "tancaje de combustible" que entra a Bolivia desde la Argentina. La Política Online es clara en un punto: es una acusación de una de las partes, todavía no probada judicialmente —aunque agrega que existe una red real y documentada de intermediarios de combustible que operan en los puertos de la hidrovía, incluida Bolivia, lo que le da a la denuncia, en sus palabras, "alguna consistencia con la lógica del negocio", sin que eso equivalga a una prueba.

Hay una coincidencia de nombre que vale la pena anotar: Beller dijo que el hombre que manejaba el efectivo de Cerimedo en Bolivia también se llama Iván —aunque aclaró que no conoce su apellido, y que vive en La Paz, en el mismo edificio que Cerimedo—. Iván Alberto Sanabria es el socio de Puerto General San Martín, operador portuario santafesino.

Viru Viru no es solo el aeropuerto de Emporio Dorado. El 29 de noviembre de 2025, un Gulfstream despegó desde Burbank, California, y aterrizó ahí mismo con la exdiputada Laura Rojas Ayala a bordo y entre 31 y 32 maletas —la prensa boliviana nunca se puso de acuerdo en el número exacto—. Rojas usó un pasaporte diplomático ya anulado para evitar el control aduanero. Terminó presa, primero por legitimación de ganancias ilícitas, después por una causa distinta de narcotráfico; hoy tiene arresto domiciliario en el primer expediente pero sigue detenida por el segundo.

Rojas fue diputada por Creemos, el partido de Luis Fernando Camacho, en representación de Santa Cruz entre 2020 y 2025, y llegó a presidir la Brigada Parlamentaria Cruceña —elegida en noviembre de 2024 como candidata disidente, en una votación que la propia conducción de Camacho llegó a desconocer—. Es una figura de la derecha cívica cruceña, no del oficialismo actual: no hay ningún vínculo documentado, ni pasado ni presente, entre ella y el gobierno de Rodrigo Paz o su partido, el PDC. Al dejar la banca se anotó como candidata a concejal por "Primero Santa Cruz", la alianza de Gary Áñez, pero renunció el 29 de enero de 2026, ya detenida.

Es, junto con Emporio Dorado, el otro caso de "oro y maletas" que le costó a Bolivia buena parte de su credibilidad aduanera en el último año.

El avión de Rojas tiene su propia historia rara. El permiso de vuelo boliviano estaba a nombre de Southern Cross Aircraft LLC, una correduría real y establecida de Fort Lauderdale que dirige la familia Hosmann desde 1989 —no es una empresa fachada—. Pero quien efectivamente operó el vuelo, según la denuncia de un diputado boliviano, fue otra empresa: Proflite LLC. De su dueño no hay ningún rastro público. La matrícula del avión, N585JC —un Gulfstream V, número de serie 618—, había pertenecido a Southern Cross hasta diciembre de 2024, cuando fue rematriculado con otro número. El identificador "N585JC" reapareció después, ya en 2026, bajo una fiduciaria de Utah, TVPX ARS Inc Trustee —el tipo de estructura que existe, precisamente, para que nadie sepa quién es el dueño real de un avión privado en Estados Unidos.

Tras un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el Juzgado Federal N°3 de Rosario dispuso la intervención judicial por el plazo de 90 días de la firma de entretenimiento VTX (Vorterix) Rosario SA. La medida cautelar surge de una causa donde se investigan diversas maniobras de lavado de activos de origen ilícito que tiene como principal imputado a Brian Walter Bilbao, quien fuera accionista de la firma y está detenido desde fines de 2025 en el marco de un caso por narcotráfico.

La medida cautelar fue dispuesta esta semana por el juez federal Carlos Vera Barros con el objetivo de resguarda los bienes de la empresa mientras se avanza con la investigación penal. En la causa intervienen Procelac, a cargo del fiscal federal Diego Velasco, el titular de la delegación Rosario de esa procuraduría, el fiscal Juan Argibay Molina, y Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) NEA, a cargo del fiscal Matías Scilabra, con participación del fiscal coadyuvante Santiago Alberdi.

En noviembre de 2025, Bilbao había sido detenido con 956 kilos de cocaína que transportaba en una camioneta. El hombre fue imputado por PROCELAC y PROCUNAR como presunto miembro de una organización criminal de alcance transnacional dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes mediante el uso de avionetas procedentes de países limítrofes.

El imputado había permanecido prófugo por más de dos años en el marco de la investigación por lavado hasta que se lo detuvo. En ese marco, Procelac profundizó la pesquisa y, al sustentar el pedido de intervención de VTX Rosario SA, recordó que los principales imputados habrían administrado la firma “a través de interpósitas personas” o testaferros, de acuerdo a los hechos atribuidos en las indagatorias.

Entramado

Según la imputación, Bilbao habría administrado Vorterix Rosario SA al menos desde el 29 de octubre de 2018, tras adquirir parte de las acciones por intermedio de una mujer y su hija, que cumplirían el rol de testaferros.

De acuerdo con escuchas telefónicas realizadas en la causa, surgió que un imputado mencionó que Bilbao había estado involucrado con cuestiones relacionadas al Teatro Vorterix, administrado por la misma compañía. En esa línea, se especificó que Bilbao habría puesto a disposición de VTX Rosario SA un vehículo suyo para el traslado de artistas desde diciembre de 2020.

Por otro lado, se corroboró que uno de los imputados en la causa se desempeñaba como socio gerente en los teatros que Vorterix tiene en Rosario y en Mar del Plata y que su actividad estaba estrechamente vinculada con Bilbao, a punto tal que compartían cenas y eventos de artistas.

La fiscalía advirtió durante la pesquisa que de la información disponible en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe surgió que ninguno de los imputados que administraría en los hechos la sociedad VTX Rosario SA aparece como integrante de la firma.

Síndico interventor

Al hacer lugar a la medida, el juez Vera Barros remarcó que lo solicitado “encuentra asidero en la necesidad de sustraer los bienes objeto de investigación a un proceso de posible redireccionamiento, y hasta de una consecuente pérdida, como así también a partir de la posible detracción de la línea investigativa frente a una presunta organización criminal a la que se encontrarían vinculados los bienes interés para el estudio del caso”.

Además de la intervención, el magistrado designó un síndico administrador en carácter de oficial de justicia con facultades de veeduría, que deberá realizar un inventario detallado del activo; informar mensualmente acerca de los ingresos, egresos y resultados económicos y el destino posterior de los mismos. También deberá reportar los principales problemas que, a su entender, puedan perjudicar el bien y dar cuenta de todo hecho que pueda influir negativamente y sobre cualquier circunstancia que a su criterio pueda resultar relevante en la causa.

En su rol de síndico, tendrá que recaudar el producido de la sociedad y depositarlo en una cuenta a plazo fijo a nombre de la causa y velar por la conservación de los bienes con el objetivo de que no pierdan su valor económico.

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