El Gobierno busca aprobar el "Súper RIGI" y un acuerdo con bonistas

La Cámara baja sesiona este miércoles con una agenda impulsada por el oficialismo. El proyecto apunta a captar desembolsos de al menos US$1.000 millones en sectores tecnológicos y contempla beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros por tres décadas.

El Gobierno buscará hoy avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.

 

La sesión especial convocada ayer para activar la interpelación a Adorni no reunió el quorum suficiente tras un acuerdo del Gobierno con los bloques aliados

 

La sesión especial comenzó sobre la hora con 129 diputados. Contó con el respaldo de los mismos aliados que ayer le dieron una tregua al oficialismo al impedir el debate para interpelar a Manuel Adorni. Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de Provincias Unidas y distintos bloques provinciales -como los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos cercanos a Marcelo Orrego, los salteños de Gustavo Sáenz, y los catamarqueños vinculados a Raúl Jalil- volvieron a acompañar a La Libertad Avanza (LLA) y garantizaron el quorum.

 
 

El debate comenzó con la renuncia de Adrián Ravier, el diputado libertario que asumirá como vocero presidencial. Lo reemplazará Martín Matzkin, que se desempeñó hasta hoy como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. En señal de apoyo, Patricia Bullrich presenció su asunción. Los cambios se sometieron a consideración del recinto. Se esperan más de 12 horas de debate entre exposiciones, homenajes y cuestiones de privilegio.

Además de los dos proyectos económicos, la Cámara discutirá una serie de convenios internacionales vinculados con la doble imposición y la evasión fiscal con Francia, la cooperación para desalentar la pesca ilegal y acuerdos de seguridad social con Suiza y San Marino.

 

El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a convertirlo hoy en ley. El “Súper RIGI”, en cambio, inicia su recorrido legislativo en Diputados y el oficialismo busca otorgarle media sanción para enviarlo a la Cámara alta.

 

 

“Súper RIGI”

El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.

El esquema limita, además, la capacidad de provincias y municipios para establecer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos.

 

La oposición rechaza el "Súper RIGI" por considerar que ofrece beneficios demasiado amplios para sectores que no especifican; hablan de "un traje a medida" para grandes tecnológicas, como la del millonario Peter Thiel, que mantuvo reuniones con el presidente Milei en la Casa Rosada
La oposición rechaza el "Súper RIGI" por considerar que ofrece beneficios demasiado amplios para sectores que no especifican; hablan de "un traje a medida" para grandes tecnológicas, como la del millonario Peter Thiel, que mantuvo reuniones con el presidente Milei en la Casa Rosada 

Durante el debate en comisiones se incorporaron cambios impulsados por los bloques aliados. Entre ellos, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.

También se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en su área de influencia.

Holdouts

El acuerdo con Bainbridge y Attestor contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.

Según el Gobierno, la transacción implica una reducción superior al 30% respecto de los montos reclamados y busca eliminar riesgos judiciales sobre activos estratégicos del Estado argentino.

 

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