Una nueva marcha universitaria se llevó adelante este martes. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron desde la plaza San Martín al Monumento a la Bandera pidiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

Uno de los oradores fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, quien reclamó que se asignen los recursos mínimos indispensables para el funcionamiento de la universidad pública en Argentina.

"¿Qué hay que hacer para que una respuesta aparezca? ¿Para que la universidad pública tenga los recursos mínimos necesarios para funcionar bien?", se preguntó la autoridad universitaria y agregó: “Marchamos porque nunca puede ser un problema para un país que cualquier joven acceda a educación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción. Marchamos para que la universidad pública siga siendo esa herramienta excelente de movilidad social. Marchamos para que las futuras generaciones tengan las mismas posibilidades y derechos que tuvimos nosotros”.

En el documento final que se leyó en Plaza de Mayo fue firmado firmado por los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

El texto titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, destaca que el Gobierno está incumpliendo una regla democrática y constitucional básica y reclaman que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.

Además, apuntaron contra la gestión libertaria por cerrar las paritarias, lo que produjo un “deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo”.

“Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”, detallaron.

En el cierre del comunicado, apuntaron directamente contra la Corte Suprema de Justicia, pidiéndole que “escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, destacaron.

El conflicto universitario se arrastra desde abril de 2024, cuando se realizó la primera movilización masiva para exigir mayores recursos para las universidades públicas. En aquel momento, el reclamo estaba enfocado en la actualización de los gastos de funcionamiento, que representan cerca del 10% de las partidas mensuales de las instituciones. El resto del presupuesto se destina principalmente al pago de salarios docentes y no docentes.

Aquella protesta obligó al Gobierno nacional a abrir una negociación y otorgar un incremento del 270% en gastos de funcionamiento. Sin embargo, la discusión salarial siguió abierta y se profundizó durante los meses siguientes.

La Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso contempla una recomposición de salarios desde 2023, además de un refuerzo presupuestario para las universidades públicas. Pero el Ejecutivo sostiene que la norma no establece de manera explícita cómo se financiaría y argumenta que su aplicación afectaría “la estabilidad económica y la macroeconomía”.

Desde la administración libertaria aseguran que cumplir con la ley implicaría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado únicamente al sistema universitario. Según el planteo oficial, eso generaría una “parálisis significativa” del funcionamiento estatal.

En la presentación judicial realizada por el Gobierno se advirtió que aplicar la norma podría derivar en situaciones como “la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario”, problemas en la provisión de alimentos en cárceles federales o incluso el cierre de juzgados y de las cámaras legislativas.

Mientras tanto, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario para evitar actualizar salarios docentes y programas de becas, tal como ordenaron dos fallos judiciales previos. Además, solicitó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir en el expediente por mantener cargos docentes vigentes o en licencia.

En paralelo a la disputa judicial, el oficialismo también busca avanzar en el Congreso con un nuevo proyecto para reemplazar la ley actual y reducir su impacto fiscal. La iniciativa fue presentada en Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero.