Según el texto oficial, el objetivo del ajuste es cumplir con la directiva presidencial de reducir 2% de los gastos discrecionales para sostener el equilibrio fiscal. En paralelo, el Gobierno destacó que los mayores ingresos previstos permitirán elevar la meta de superávit anual hasta los $3,2 billones.
También hubo reasignaciones de cargos y fondos entre organismos, además de refuerzos para el Consejo de la Magistratura, que recibió partidas adicionales para garantizar su funcionamiento operativo.
En el Ministerio de Economía, el programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía sufrió una quita de $359.497 millones, mientras que el área energética acumuló recortes superiores a $377.000 millones.
Otro de los ajustes fuertes cayó sobre infraestructura deportiva. El Ministerio del Interior perdió más de $320.000 millones en programas vinculados al desarrollo del deporte y obras regionales.
En Educación, el Fondo de Compensación Salarial Docente registró un recorte de $78.711 millones, mientras que la Secretaría de Educación acumuló bajas similares.
El Ministerio de Salud también quedó alcanzado por la motosierra: el programa de investigación, prevención y tratamiento del cáncer perdió más de $63.000 millones, en uno de los ajustes más sensibles del decreto.
A su vez, el área de Niñez y Ciudadanía sufrió una reducción de $55.465 millones, mientras que Ciencia y Tecnología perdió otros $19.532 millones destinados a investigación aplicada.
Refuerzo para ANSES y pagos previsionales
Mientras avanzó con los recortes, el Gobierno también reforzó partidas destinadas a la ANSES y al pago de juicios previsionales. La decisión administrativa amplió el límite presupuestario para afrontar sentencias judiciales derivadas de ajustes del SIPA, elevando el techo total hasta $712.288 millones.
Además, se incorporaron fondos específicos para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca de la ANSES, que había sido lanzado meses atrás para trabajadores con al menos dos años de antigüedad. El esquema prevé indemnizaciones de hasta 24 salarios y pagos que pueden alcanzar los $80 millones en una sola cuota.
El texto oficial también aclaró que gran parte de los fondos recortados serán compensados y redistribuidos hacia partidas consideradas prioritarias por el Gobierno nacional.