Se encendió la alarma en el Senado con una carta que enviaron a diputados y senadores un grupo de más de 85 constitucionalistas y académicos cuestionando con dureza el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el Gobierno nacional pretende tratar en las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. Según advirtieron, la iniciativa es inconstitucional y compromete de forma directa el derecho constitucional al ambiente sano.

Entre quienes acompañan el pronunciamiento aparecen figuras reconocidas del ámbito jurídico como Daniel Sabsay, Roberto Gargarella, Leila Devia, Andrés Gil Domínguez, Florencia Saulino, Lilian del Castillo, Marcelo López Alfonsín, Marisa Herrera, Aldo Rodríguez Salas, Mariela Puga, Guillermo Scheibler, Fabiana Schafrik, Aníbal Falbo y Valeria Berros, entre otros. El documento pone el foco en el carácter regresivo del proyecto, al entender que reduce protecciones ya establecidas por la legislación vigente.

Los especialistas recordaron que el artículo 41 de la Constitución Nacional le otorga al Congreso la facultad de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. En ese esquema, las provincias pueden complementar esas reglas, pero nunca disminuirlas ni perforar el piso de protección. La competencia provincial, remarcaron, debe ser maximizadora, orientada a reforzar la tutela ambiental según las particularidades de cada ecosistema y jurisdicción.

En sentido opuesto, sostienen que la propuesta impulsada por la Casa Rosada habilita a que cada distrito defina qué glaciares y ambientes periglaciales proteger y cuáles no, de acuerdo con criterios propios. Esa discrecionalidad, alertaron, pone en riesgo no solo las fuentes de agua locales, sino también las de las provincias ubicadas cuenca abajo. “La reforma no constituye una mera modificación, sino que subvierte por completo el sistema vigente. Su redacción desmantela la esencia de las Leyes de Presupuestos Mínimos”, explicaron en la carta.

Otro de los puntos críticos señalados es el impacto sobre el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta técnico-científica de acceso público que identifica y caracteriza los cuerpos de hielo del país. Subordinar ese conocimiento a decisiones políticas provinciales, indicaron, vacía de contenido el presupuesto mínimo de protección y rompe con el enfoque ecosistémico, que reconoce que los glaciares y las cuencas hídricas no respetan fronteras administrativas.

El documento también advierte sobre posibles conflictos entre provincias. “La eliminación de la protección de un glaciar en una jurisdicción puede afectar directamente el acceso al agua y los derechos ambientales de otras”, señalaron, y recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó el carácter operativo de los presupuestos mínimos ambientales. Sin un criterio nacional común, agregaron, cada distrito podría fijar reglas distintas y generar desigualdades en la protección del recurso hídrico.

Además, los firmantes alertaron que la eventual aprobación del proyecto sentaría un precedente peligroso para el resto del entramado normativo ambiental. El temor es que se habiliten retrocesos similares en otras leyes clave, con impactos directos sobre la ciudadanía y también sobre actividades productivas estratégicas.

La normativa vigente, sancionada hace 15 años, es considerada pionera a nivel regional y mundial. Define los presupuestos mínimos para resguardar glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua, crea el inventario nacional y prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural, en especial las vinculadas a la minería y a la industria de hidrocarburos.

Argentina cuenta con uno de los patrimonios glaciares más extensos del planeta, con casi 17.000 cuerpos de hielo distribuidos a lo largo de más de 5.000 kilómetros, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, incluyendo la Antártida y las Islas del Atlántico Sur. Sin embargo, estas reservas son altamente vulnerables: en la última década, la superficie glaciar se redujo cerca de un 17%.

Ese retroceso se inscribe en una tendencia global. Según un estudio de la revista Nature, publicado en 2025, entre 2000 y 2023 los glaciares del mundo perdieron en promedio 273.000 millones de toneladas de hielo por año, como consecuencia del cambio climático asociado a la quema de combustibles fósiles.

En este contexto, organizaciones como FARN, Greenpeace, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, y Jóvenes por el Clima reclamaron en reiteradas oportunidades que no se avance con modificaciones que debiliten la norma actual y advirtieron que “debilitarla no generará desarrollo sostenible, sino mayor vulnerabilidad climática, pérdida de agua, impactos sociales y costos económicos crecientes”.