Si a este guarismo se le incorporan quienes se ubican en una posición intermedia –ya sea porque se consideran “neutrales” o porque afirman que no les resulta particularmente relevante el tema– el universo que no se opone a la modificación asciende al 82,2%.

En otras palabras, más de ocho de cada diez personas se muestran de acuerdo o, al menos, no presentan resistencia frente a la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de los aportes que hoy se descuentan de manera compulsiva a los trabajadores. Sólo un 17,8% sostiene que el sistema actual debe continuar tal como está.

Cuando estos resultados se cruzan con la orientación política de los encuestados, la conclusión es todavía más llamativa. Tanto entre quienes apoyan al oficialismo nacional como entre los votantes opositores predomina de manera clara el acuerdo con que los aportes sindicales pasen a ser voluntarios.

Esta coincidencia transversal –infrecuente en el clima político actual– revela que la discusión sobre las cuotas sindicales constituye uno de los pocos temas en los que se observa un alineamiento mayoritario entre distintos segmentos del electorado, indicando que la demanda de cambio en el esquema gremial excede las divisiones partidarias tradicionales.

Respecto a la posibilidad de que se realicen reformas laborales, más de la mitad de los encuestados (55%) se manifiesta a favor de actualizar o reemplazar la normativa vigente, un resultado que se sostiene aun entre quienes expresan dudas o posiciones intermedias.

Esta inclinación refleja un diagnóstico social extendido: la estructura laboral actual es percibida como rígida, desactualizada y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas. La demanda de cambio no surge sólo de la discusión política coyuntural, sino de una lectura más profunda sobre la necesidad de modernizar reglas que regulan el empleo, la contratación y las relaciones laborales.

La imagen de los sindicatos constituye otro punto crítico. Los datos muestran una desconfianza estructural: sólo 15,2% declara una percepción positiva, mientras que 63,9% expresa una valoración negativa. El rechazo no obedece únicamente a posicionamientos ideológicos. También expresa una experiencia acumulada de distancia con las preocupaciones cotidianas, percepción de estructuras burocráticas y dirigencias encapsuladas desde hace décadas.

El contraste entre su peso histórico y la legitimidad actual queda evidenciado en el relevamiento, donde incluso entre votantes peronistas –su base sociológica tradicional– la negatividad alcanza el 30,2%, revelando que la crisis de confianza excede cualquier frontera partidaria.

Las principales preocupaciones del país muestran un diagnóstico compartido, pero con prioridades muy distintas según la identidad política. A nivel nacional, el desafío dominante es la situación económica general (30,7%), seguida por la corrupción (22,6%) y el desempleo (13,1%), un patrón que combina malestar material con percepciones institucionales. Problemas como educación (8,9%), inseguridad (8,3%) y narcotráfico (7,5%) aparecen en un segundo plano, mientras que la inflación –que históricamente lideraba el ranking– queda relegada al 5,1%, confirmando su pérdida de centralidad en la agenda ciudadana.

La segmentación revela diferencias estructurales entre ambos electorados. Entre los votantes de Milei, la corrupción (22,6%) emerge como principal problema, seguida por la economía (19,5%) y la inseguridad (15%), un orden que refleja una lectura más institucional que económica de la crisis. En contraste, entre los votantes peronistas la situación económica general sube a 39,2% –muy por encima de cualquier otro punto– lo que evidencia que este segmento concentra su preocupación en el deterioro macroeconómico. Temas como corrupción (24,5%) o desempleo (14,8%) ocupan posiciones secundarias, mientras que la inseguridad y el narcotráfico prácticamente no tienen peso (2,8% y 4,5%, respectivamente).