Al igual que lo hizo con la ley de emergencia en discapacidad, la oposición buscará insistir sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica, ambas vetadas por el presidente Javier Milei. Si los vetos son rechazados, ambas leyes recuperarán plena vigencia.
El 17 de septiembre último, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia pediátrica del Garrahan con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención. Por su parte, el rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario había tenido 174 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones. Es decir que en ambos proyectos alcanzó la mayoría de 2 tercios necesaria para insistir con una ley vetada.
Ahora, en el Senado, la oposición también necesita los 2 tercios para revertir los vetos.
La ley de financiamiento universitario propone actualizar partidas según la inflación acumulada 2023-2024 y recomponer los salarios desde diciembre de 2023 en línea con el IPC, mientras que la emergencia pediátrica reasigna fondos para insumos, infraestructura y sueldos de médicos y residentes.
Emergencia pediátrica: qué contempla la nueva ley
Ante la controversia generada con el Hospital Garrahan, el Congreso sancionó un proyecto que establece la Emergencia Sanitaria en el área pediátrica y en las Residencias Nacionales de Salud por un plazo de dos años. La norma establece la asignación prioritaria de fondos para insumos críticos, medicamentos, vacunas, equipamiento médico, infraestructura y personal esencial enfocado en la atención pediátrica.
La normativa también contempla la actualización inmediata de los salarios del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, estableciendo criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se extiende igualmente a los residentes nacionales de todas las especialidades que cumplen funciones en efectores pediátricos y en otros servicios de salud.
Actualizar los salarios del personal y de los residentes a los valores de noviembre de 2023 representaría un gasto adicional anual de $133.000 millones, según cálculos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Financiamiento universitario: aumentos y actualizaciones
La normativa plantea actualizar los presupuestos destinados a universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y programas de extensión a partir del 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada durante 2023 y 2024. Para este año, contempla ajustes bimestrales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La propuesta también asegura una puesta al día de los salarios de docentes y personal no docente, cubriendo desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, y prevé ajustes mensuales posteriores atados al índice de precios. La Oficina de Presupuesto estima que esta recomposición tendría un impacto fiscal de 0,23% del PBI.
El veto de Javier Milei
El 10 de septiembre, el presidente Javier Milei decidió vetar las leyes mediante los decretos 647/2025 y 651/2025. Respecto a la normativa de emergencia pediátrica, el Ejecutivo señaló que su implementación elevaría el gasto público sin respaldo financiero suficiente, provocando un desequilibrio fiscal que afectaría de manera directa a los sectores más vulnerables.
Respecto a la ley de financiamiento universitario, el Ejecutivo explicó que, aunque busca respaldar una causa considerada valiosa, su aplicación generaría un incremento excesivo e imprudente del gasto público, comprometiendo la estabilidad fiscal y amenazando los avances logrados en la recuperación económica.
