El Gobierno nacional oficializó ayer, martes, la disolución de organismos clave relacionados con la infraestructura vial y la seguridad en el transporte, ratificando su decisión a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
La medida será publicada en el Boletín Oficial de este martes. A raíz de esta decisión, el nuevo organismo llevará el nombre de "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte".
Durante décadas, la ahora ex Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial nacional en Argentina.
Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.

El objetivo del histórico organismo tenía entre sus principales responsabilidades articular una red de caminos que integrara al país desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Con equipos técnicos propios y una estructura federal, coordinaba obras con las vialidades provinciales y municipios el trabajo, además de contratar empresas privadas para ejecutar trabajos de gran escala.
Concretamente, entre sus tareas más destacadas estaban:
- El mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales asfaltadas y de ripio.
- La planificación de autopistas y rutas seguras en zonas de alto tránsito.
- La señalización y colocación de defensas, rotondas y puentes.
- La atención y prevención de emergencias viales, especialmente en épocas invernales o de inundaciones.
Además, la ex Vialidad Nacional tenía la función de conectar turísticamente al país, garantizando el acceso a regiones como la Patagonia, el Norte argentino y la zona cordillerana. Así, destinos como Bariloche, Cafayate, Ushuaia o Puerto Iguazú fueron más accesibles para millones de visitantes.
Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte: cómo funcionará
El nuevo esquema de fiscalización del transporte tendrá a su cargo las siguientes funciones clave:

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Supervisar contratos y permisos del transporte automotor, ferroviario y vial de jurisdicción nacional.
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Realizar inspecciones y requerir documentación a operadores y concesionarios.
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Aplicar sanciones y promover acciones judiciales por incumplimientos contractuales o legales.
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Fiscalizar la seguridad operativa de los servicios, tanto para personas como para bienes transportados.
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Controlar el mantenimiento de infraestructura ferroviaria y material rodante.
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Proteger los derechos de los usuarios, gestionando reclamos y denuncias.
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Investigar accidentes ferroviarios graves o significativos.
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Percibir y controlar tasas y aranceles por fiscalización.
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Resolver conflictos en el marco de concesiones ferroviarias con acceso abierto.
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Proponer suspensiones o caducidades de licencias ante irregularidades.
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Coordinar mejoras en eficiencia, calidad y seguridad, junto a otros entes públicos.
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Solicitar auxilio de la fuerza pública, si es necesario para ejercer sus competencias.