Un juez de Rosario aceptó un amparo que pedía declarar inconstitucional esa medida cambiaria, pero la Cámara Federal de Rosario lo dejó sin efecto.

La Cámara Federal de Rosario anuló un polémico fallo que había aceptado un amparo contra el cepo cambiario y ordenaba al Banco Central que le entregara US$ 10 millones al precio oficial a un grupo empresario rosarino que, a la vez, estaba siendo investigado por supuesto lavado de dinero. El reclamo, ahora derogado, también incluía declarar inconstitucional el cepo que el gobierno de Javier Milei mantiene pese a las presiones del mercado y recomendaciones de economistas como Domingo Cavallo.

La causa comenzó el año pasado cuando el Fideicomiso Privado DoubleBlue Argentina Credit Trust II (a través del fiduciario ATTILA) inició una demanda y un pedido de medida cautelar para que el Banco Central lo autorice a comprar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) hasta US$ 10.000.000 y cancelar deudas que tenía con dos instituciones financieras, “DB ACF Netherlands” y “Sollaria Performance Group Hospitality LLC”.

Además, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de las normas que establecieron el llamado “cepo cambiario” que dispuso el gobierno de Alberto Fernández y Cristina y mantiene el de Milei.

Ese fideicomiso, vinculado a los empresarios rosarinos Fernando y Guillermo Whpei, está siendo investigado por lavado de activos en la Justicia Criminal de la CABA, dice el fallo judicial.

Los hermanos Whpei dirigen el Grupo Unión de Rosario que tiene negocios en la construcción y medios. Y apoyaron al ex diputado nacional de La Cámpora Marcos Cleri para lanzar una fundación sin fines de lucro. Además, los Whpei están vinculados a la Mutual de Jubilados, Pensionados y Retirados Provinciales, según medios de Rosario.

A fines del año pasado, el juez federal 1 de Rosario, Gastón Salmain, hizo lugar al pedido de medida cautelar y la autorizó a comprar hasta US$10.000.000 en el MULC y a girarlos a “DB ACF Netherlands BV”. Básicamente sostuvo que el fideicomiso, a través de la compañía REBA S.A. donde tiene depositados sus fondos, solicitó al BCRA autorización para acceder al mercado de cambios oficial y no obtuvo respuesta, explicaron a Clarín fuentes judiciales.

Pero contra esa decisión del juez Salmain, el Banco Central apeló y sostuvo que:

-El juez omitió darle vista al fiscal federal, para que vele por los intereses de la sociedad y omitió resolver el planteo de incompetencia realizado por el BCRA.

-El fideicomiso no realizó ningún planteo al BCRA para acceder al Mercado Unico y Libre de Cambios Su entidad financiera, REBA S.A, se presentó en el expediente y nada dijo al respecto.

-El juez, con su autorización, omitió los controles que debe realizar el banco en materia de lavado de activos, actividades ilícitas y prevención del terrorismo.

-Omitió la autorización del BCRA para operaciones de giro de divisas en los que el deudor “es contraparte vinculada” a su acreedor. El fideicomiso y DB ACF Netherlands BV, de acuerdo con constancias del expediente, “comparten inversor con control o influencia sobre ambos”.

Luego, la Cámara Federal de Rosario, con los votos de los camaristas Elida Vidal, Aníbal Pineda y Silvana Andalaf, hizo lugar al recurso de apelación del Banco Central y dejó sin efecto la medida cautelar.

Los argumentos centrales de ese tribunal fueron que: el fondo fiduciario “en su escrito de inicio afirmó en diversos pasajes que había una conducta omisiva del BCRA al no otorgarle la autorización para acceder al mercado de cambios. Sin embargo, no logró acreditar que hubiera cursado solicitud alguna ante dicha entidad para obtener la autorización pertinente”.