La diputada provincial Silvia Malfesi expresó su oposición al proyecto de ley que busca prevenir y sancionar los denominados "discursos de odio", al considerar que la iniciativa representa un riesgo para la libertad de expresión. A su vez, presentó una iniciativa que impulsa el cobro de la salud a turistas y residentes transitorios.
Acerca del primer proyecto mencionado, la legisladora Silvia Malfesi sostuvo que la propuesta esconde el propósito de controlar y censurar la opinión y advirtió que su redacción deja un amplio margen de interpretación. "Respecto del proyecto de ley de discursos contra el odio, considero que es una herramienta jurídica muy peligrosa porque puede llegar a consagrar la censura. Deja muy abierta la tipología respecto de qué sería el discurso de odio y dice en uno de sus artículos 'y otras causas personalísimas'. Con lo cual, cualquier manifestación verbal, escrita o realizada por medios digitales puede quedar bajo el arbitrio de un juez de faltas", afirmó en diálogo exclusivo con INFOROSARIO.
Asimismo Malfesi explicó que, de aprobarse el proyecto, un juez podría considerar determinadas expresiones como discursos de odio y aplicar sanciones económicas o medidas de otra naturaleza: "Si el juez entiende que se trata de un mensaje de odio, puede imponer una multa de hasta 8 millones y medio de pesos o incluso obligar a realizar un curso de reeducación, que parece más un campo de adoctrinamiento".
La diputada consideró que ese tipo de herramientas no contribuirán a disminuir la confrontación política o social. "No creo que esta sea la forma de preservar la paz ni de evitar las grietas. Lamentablemente, este proyecto avasalla el derecho de expresión de las personas", señaló.
En ese sentido, sostuvo que una eventual aprobación de la norma podría derivar en restricciones al debate público.
Paralelamente, consultada por nuestro medio sobre el proyecto de su autoría para cobrar la atención médica a residentes transitorios, Malfesi detalló que “la propuesta establece que los residentes transitorios, como turistas o los considerados precarios (sin residencia definitiva) deban abonar las prestaciones médicas recibidas en hospitales públicos, salvo en situaciones de emergencia o cuando exista un convenio de reciprocidad entre la Argentina y el país de origen del paciente”.
La legisladora provincial fundamentó la iniciativa en la necesidad de preservar los recursos del sistema sanitario provincial. Según explicó, toda prestación médica implica un costo que es afrontado principalmente por los contribuyentes santafesinos.
"Pensamos que es lo más justo para cuidar el erario público y creemos que todo ahorro contribuye a brindar una salud pública de excelencia", sostuvo finalmente.
