El Gobierno nacional oficializó este martes una reforma en el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General y del Defensor General de la Nación.
La medida fue establecida mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y elaborado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La modificación apunta a destrabar el proceso de designación en un contexto donde el porcentaje de vacancias en la justicia federal y nacional es elevado y genera demoras en los procesos judiciales.
Elección de jueces: las modificaciones que hizo el Gobierno
Se trata de una reforma sobre el decreto 222 y 588 de 2003 (y sus modificaciones posteriores, entre ellas el decreto 267/2024), que busca eliminar la etapa administrativa previa a la nominación de titulares, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos.
El eje central de la reforma es la eliminación de instancias administrativas que el Ejecutivo considera una “duplicación de instancias”.
Según los considerandos de la norma, procedimientos como la recepción de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia (previstos en los decretos 222/03 y 588/03) ya se cumplen de forma “plena y pública” durante el tratamiento de los pliegos en el Senado de la Nación.
La normativa, que busca restaurar el “dinamismo constitucional”, introduce cambios operativos y plazos estrictos para evitar la “excesiva burocratización”:
- Celeridad para la Corte Suprema: ante una vacante en el máximo tribunal, el nombre y los antecedentes del candidato deberán publicarse en un plazo máximo de 30 días en el Boletín Oficial y la web del Ministerio de Justicia.
- Informes de la ARCA: establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplaza funciones de control previas, deberá entregar un informe sobre el cumplimiento impositivo y previsional de los candidatos en un plazo de 5 días tras recibir la solicitud.
- Declaraciones Juradas: los postulantes tendrán cinco días para presentar su declaración jurada patrimonial. Además, se les exige una nómina de asociaciones civiles, sociedades y clientes de los últimos ocho años para evaluar posibles conflictos de interés.
- Modernización de la publicidad: se deja de lado la publicación en diarios de circulación nacional, centralizando la difusión de candidatos en plataformas digitales oficiales.
El modelo de “flexibilidad”
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defiende la facultad presidencial de nominación como un acto “eminentemente político e institucional”.
En este sentido, la norma cita como modelo histórico la “amplia flexibilidad” de los Estados Unidos y ratifica que el control de idoneidad y el escrutinio público deben concentrarse en la Cámara Alta para garantizar el control democrático.
Con la derogación de los artículos que “ralentizaban el proceso en sede administrativa”, el Gobierno apuesta a una cobertura de vacantes más eficiente para normalizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. La medida entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación oficial.
