Entre sus principales puntos aparecen las modificaciones diversas a la anterior modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinadas a medianas inversiones.
Se trata de una norma central en el programa de reformas del presidente Javier Milei que busca incentivar la creación de empleo registrado y reducir la litigiosidad que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
Según se detalla en el documento, el artículo 245 reformula el régimen indemnizatorio y determina que, en casos de despido sin causa, corresponderá una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, estableciendo parámetros específicos para el cálculo de remuneración habitual y topes.
A través del artículo 58 crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores.
Otro de los puntos tiene que ver con los cambios en el régimen de vacaciones: tras haber sustituido el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.
De la misma forma, lo que refiere a horas extras y bancos de horas, el artículo 197 bis incorporado prevé que el empleador y el trabajador “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”. Sin embargo, establece que deberán formalizarlo por escrito y llevar un método de control.
El documento establece cronogramas específicos de financiamiento y deroga artículos de leyes previas, como la de Fomento de la Actividad Cinematográfica, determinando que organismos como el INCAA pasen a ser financiados exclusivamente por las partidas asignadas anualmente en el Presupuesto General de la Administración Nacional a partir del año 2028.
La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzará a los empleados de la administración pública nacional o provincial ni al personal de casas particulares. Tampoco, “a los trabajadores agrarios”, “a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas” y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial, a menos que existan normas específicas que los incluyan. Esta diferenciación busca dar una mayor previsibilidad jurídica a los sectores que cuentan con regímenes de contratación especiales.
