En el marco de la protesta de jubilados, pensionados y otros grupos que se concentrarán frente al Anexo de la Cámara de Diputados, el Gobierno envió un claro mensaje a través de las pantallas de las estaciones de trenes y advirtió que “la Policía va a reprimir todo atentado contra la República”.
La jornada de este miércoles se presenta como clave para el Gobierno de Javier Milei. Jubilados y manifestantes protestarán nuevamente frente al Congreso, mientras se debate el decreto para el nuevo acuerdo con el FMI.
Luego de la represión que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad la semana pasada, se espera nuevamente una masiva convocatoria para apoyar los reclamos de los jubilados. Entre detenidos y heridos, la imagen del miércoles pasado fue lo que ocurrió con el reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra internado de gravedad tras haber recibido el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza.
Tras varias semanas consecutivas con un amplio depliegue policial y golpes a jubilados y manifestantes, más allá de las organizaciones sociales y sindicatos que se unieron a la manifestación, la convocatoria del miércoles pasado quedó marcada por las distintas hinchadas de fútbol que se hicieron presente en la Plaza del Congreso.
Al igual que hoy, la convocatoria la semana estaba planteada para las 17, pero minutos antes los efectivos comenzaron a avanzar sobre los manifestantes con camiones hidrantes y arrojaron gases lacrimógenos y balas de goma. Según las cifras oficiales, la represión un saldo de 124 detenidos y al menos 46 personas resultaron heridas, entre ellos el mencionado Grillo, quien fue impacto por un proyectil
A pesar de las diversas imagenes que circularon, el Ministerio de Seguridad sostuvo que el reportero "fue herido en su cabeza aparentemente por un proyectil de gas lacrimógeno que habría sido lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba el fotógrafo, que estaba ubicado detrás de un objeto incendiado, en el cruce de los proyectiles que arrojaban las personas violentas que estaban detrás suyo”.
Estas afirmaciones fueron reafirmadas por la ministra Patricia Bullrich, que señaló que “el gendarme tiró como tenía que tirar” y aseguró que “la bala no salió en horizontal”. Además, la funcionaria trató de reconstruir la secuencia y narró que el cartucho rebotó “dos veces antes y toca un hierro”, a pesar de que eso no se ve en las diversas imágenes que circularon.
El otro hecho resonante fue lo que ocurrió con Beatriz Blanco, una jubilada de 81 años que fue agredida por un policia y que golpeó su cabeza contra el suelo. En la previa de la marcha, la mujer contó que va todos los miércoles a la marcha y desafió a Bullrich a que le diga en la cara “vieja patotera”, como había expresado la funcionaria.
"Yo voy a la marcha siempre, todos los miércoles, no estoy metida en el bullicio, camino alrededor de los policías hablando, sugiriendo que ese trabajo no es para tratar como tratan a la gente", afirmó en diálogo con Radio con Vos y agregó: "Le digo '¿no pensás en tu mama? ¿Tu abuela? Que te ven de esta manera tan grotesca, tan salvaje'".
Luego de la marcha, la jueza Karina Andrade ordenó liberar a todos los 114 detenidos bajo el argumento de que se encuentra "en juego un derecho constitucional fundamental" a la protesta. Tras la polémica decisión, esta semana el Gobierno denunció a la magistrada por los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado.
Entre los convocantes a la marcha se encuentran las dos CTA, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre muchas otras. Además, varias hinchadas de fútbol van a repetir asistencia.
La mirada atenta de la justicia federal
Luego de la represión, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo Martín Cormick, decidió observar de manera presencial la manifestación de este miércoles. El objetivo es monitorear en el lugar la aplicación del Protocolo Antipiquetes (Resolución 943/23) e incorporar de oficio toda prueba que sirva para resolver el planteo de inconstitucionalidad que llevaron a cabo distintas organizaciones.
La decisión se dio como respuesta al pedido de cautelar que presentaron esta semana desde Amnistía Internacional Argentina, el Sipreba y el CELS, ante la incertidumbre de que la represión violenta, que dejó heridos de gravedad y detenciones arbitrarias, pueda repetirse. En dicha presentación, pidieron especialmente que “se proteja la integridad y el trabajo de las personas que desarrollan tareas periodísticas y la difusión de información de lo que ocurre durante las protestas”.
“También pedimos al juzgado que le ordene al Ministerio de Seguridad respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad, la salud y la libertad de expresión de quienes participan de una protesta”, precisaron desde el CELS.
