El negocio de la antigua guardería náutica Sanabria SRL fue atravesado por alianzas políticas, vínculos gremiales y gestiones portuarias en Puerto General San Martín. Tras una secuencia de apoyos, cambios societarios y derrotas electorales, el proyecto terminó orbitando en torno a Fernando Cerimedo.
“Quien controla las rutas, controla el comercio”, suele recordarse al hablar de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un corredor logístico clave para la economía argentina y regional. En ese tablero, la vieja frontera entre política, sindicatos y negocios portuarios volvió a quedar expuesta alrededor de Sanabria SRL y del desembarco de Fernando Cerimedo.
El ingreso de Cerimedo al negocio de la Hidrovía, revelado por LPO, estuvo antecedido por una trama de vínculos políticos que involucró a un candidato de Carolina Losada y a dirigentes relacionados con el poderoso Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA).
Marcelo Molins, candidato a concejal de Puerto General San Martín por el espacio de Losada, fue dueño del 35% de Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que Cerimedo buscaba reconvertir en una empresa de servicios portuarios y abastecimiento de combustible para remolcadores y barcazas.
Molins es pariente de Herme “Vino Caliente” Juárez, quien durante décadas dominó el negocio portuario desde el gremio de estibadores y la poderosa Cooperativa de Trabajo Portuario, hasta la llegada de Mauricio Macri al poder, cuando terminó preso y fuera del sector.
Ese antecedente no impidió que Molins participara en 2023 de la interna por la lista de Losada para la gobernación. Antes, en 2021, ya había respaldado a la radical tras su ingreso al Senado por Juntos por el Cambio: “Felicitamos a Carolina Losada, a quien acompañamos como referente de nuestro espacio”, publicó entonces.
La propia Losada fue la dirigente santafesina que más se alineó con Patricia Bullrich en la interna presidencial de Juntos por el Cambio en 2023. A la vez, Bullrich fue la principal impulsora de Losada en su disputa con Maximiliano Pullaro por la gobernación. En Santa Fe aún recuerdan que la exministra viajó a celebrar el triunfo de la periodista, aunque luego cayó por amplio margen frente a Pullaro.
En paralelo, Bullrich también aparece conectada con Cerimedo. El consultor libertario relató en una entrevista que ingresó a la política argentina a través de la exministra en 2019 y que continuó trabajando con ella hasta 2021. Nadia Beller, la mujer a la que Cerimedo habría mandado a asesinar, dijo que el consultor sostenía ser “muy cercano” a Bullrich. Otro puente entre ambos sería el consultor Andy Rivas, socio de Cerimedo, quien también asesoró a la exministra.
El Boletín Oficial de Santa Fe registra que, en junio de 2022, Molins poseía 175 de las 500 cuotas de Sanabria, equivalentes al 35% de la sociedad, mientras que Iván Alberto Sanabria retenía las 325 restantes. En enero de 2023, Molins transfirió por completo su participación a Sergio Ezequiel Amarilla y se retiró formalmente de la firma.
Ese mismo año, el dirigente aceitero Luciano Mandón compitió por la intendencia de Puerto General San Martín frente al peronista Carlos De Grandis. Según fuentes al tanto del negocio portuario consultadas por LPO, Sanabria había asumido el compromiso de conseguir la habilitación municipal para ingresar al negocio portuario si Mandón lograba desplazar al histórico intendente.
“La promesa era que con un cambio de gobierno municipal se destrabara la habilitación que Sanabria no podía conseguir”, explicó a LPO una fuente que siguió de cerca las gestiones alrededor del predio.
Mandón fue concejal de Puerto General San Martín entre 2017 y 2025, preside la Mutual AMPIAVA e integra la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros. Antes de llegar a Unidos, había transitado por el peronismo y por Unidad Popular, el partido de Claudio Lozano.
El SOEA es conducido por Daniel Succi, quien llegó a la secretaría general mediante un acuerdo con Mandón. En el sector agroexportador lo identifican como “el dirigente de Vicentin” por su histórica relación con la cerealera, que entró en default en 2019.
El desembarco de Mandón en Unidos se produjo a través del sector evangélico encabezado por el pastor y diputado Walter Ghione. En el armado regional también tuvo el respaldo de Mariano Soria, médico sanitarista, exsecretario de Salud de San Lorenzo y candidato a senador por el departamento San Lorenzo.
Soria y Mandón compartieron actividades políticas y vínculos con el sector aceitero. Fuentes consultadas aseguran que ambos trabajaron para arrebatarle Puerto General San Martín a De Grandis, quien gobierna la ciudad desde hace décadas.
Cuando la derrota de Mandón dejó sin efecto el compromiso de habilitar el negocio portuario a Sanabria, apareció Cerimedo a través de Surlibre Inversiones. Allí también surgió como directivo Vicente Quintanal, señalado como testaferro del consultor libertario preso en Bolivia, acusado de intento de femicidio.
A partir de ese movimiento, la antigua guardería aceleró su reconversión en prestadora de servicios navales. La firma obtuvo autorizaciones provisorias de Prefectura en tiempo récord, aun cuando el municipio todavía no le había concedido la habilitación definitiva por falta de documentación.
En el complejo agroexportador sostienen que ese tipo de permisos son casi imposibles de conseguir sin contactos al más alto nivel. “Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura te dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en un negocio donde entran pocos jugadores”, había explicado a LPO un empresario con décadas de experiencia en el rubro.
La evolución del caso muestra tres etapas nítidas: primero, la sociedad ligada a Molins y al armado político de Losada; luego, la búsqueda de respaldo en dirigentes vinculados al gremio aceitero para destrabar la habilitación municipal; finalmente, tras la caída de ese esquema, la llegada al entorno de Cerimedo y la expansión hacia la compra de uno de los terrenos portuarios más valiosos sobre el Paraná. En esa secuencia queda instalada la pregunta central del sector: quién acercó finalmente el negocio al ex dueño de La Derecha Diario.
Análisis y proyecciones: el caso refleja una constante de la Hidrovía y de los puertos del Gran Rosario: la combinación de permisos, infraestructura, poder gremial y política local suele definir quién entra y quién queda afuera. En un mercado donde las habilitaciones y la logística valen casi tanto como la terminal física, cualquier cambio de signo político municipal o provincial puede alterar negocios millonarios. Si el proyecto avanza, es probable que siga bajo escrutinio por posibles conflictos de interés, por la relación entre operadores privados y dirigentes partidarios, y por el grado de discrecionalidad de las autorizaciones de seguridad portuaria. En términos más amplios, la disputa por estos activos suele anticipar una tendencia conocida en la economía argentina: cuando el comercio exterior se concentra, las puertas de entrada al negocio también se concentran en pocos actores con conexiones políticas y territoriales.
En los últimos años, además, cambiaron varias piezas del tablero. El ciclo de ascenso y caída de referentes como Herme Juárez dejó una lección sobre el peso de la judicialización y el recambio político en el negocio portuario. Al mismo tiempo, el crecimiento de figuras como Cerimedo en el ecosistema libertario y la gravitación de Bullrich y Losada en Santa Fe muestran cómo actores con trayectorias distintas pueden converger en territorios donde el control del puerto es, al mismo tiempo, poder económico y poder de negociación. Esa evolución ayuda a entender por qué un predio que empezó como guardería náutica terminó metido en una disputa mucho más amplia por la Hidrovía y su renta estratégica.
