La Justicia Federal de Rosario hizo lugar a una medida cautelar y ordenó la urgente cobertura integral de un tratamiento de fertilización asistida con ovodonación a una mujer de 52 años, que inició el proceso cuando tenía 50.

Según se indicó, se trata de una intervención para completar el proceso médico con la tercera transferencia que contempla la ley. Para hacer lugar al planteo, el juez Gastón Salmain ponderó que si bien la mujer cumplió 52 años y la ley ubica en 51 el tope etario establecido para recibir tratamientos de fertilidad asistida con óvulos donados, la amparista "inició el tratamiento a los 50 y que, actualmente, el mismo se encuentra en curso de ejecución, por cuanto resta la realización de una transferencia", de las tres contempladas en la normativa, ya que las dos primeras no dieron resultado.

La acción de amparo se inició por parte de una paciente que tiene el "deseo de maternidad monoparental", contra Primero Medicina Privada, para "que se condene a la demandada a tomar todas las medidas pertinentes para brindar cobertura de forma urgente y al 100% del tratamiento de fertilización asistida con ovodonación y semen de banco, sin esperar el plazo de tres meses, conforme indicación médica", indica el fallo. 

Además, sostiene que la paciente tenía 51 años cuando hizo la presentación judicial y 50 cuando inició el mencionado tratamiento, el 9 de noviembre de 2023. En tanto, señala que la segunda transferencia tuvo lugar el 11 de septiembre, por lo que, de acuerdo a lo que indica la obra social, la próxima tendría lugar el 11 de diciembre, pero en esa fecha ya cumplía los 52 años. En ese sentido, la amparista expresó que la rigidez del plazo de tres meses entre un tratamiento y otro "perjudica su derecho al acceso a las técnicas de reproducción".

 

En tanto, refirió que el tratamiento se encuentra en curso de ejecución y debe contemplarse como una continuidad hasta llegar a su fin, motivo por el cual, a su entender, no puede aplicarse, en el caso concreto, el tope etario previsto (en 51 años) en el artículo 2 de la Resolución 1044/2018 para recibir tratamientos de fertilidad asistida con óvulos donados.

También señaló que "conforme lo indicado por el médico tratante, en el presente caso no se verifica la necesidad de esperar tres meses para realizar el nuevo procedimiento, ya que ello puede ser perjudicial para la efectividad del tratamiento", por lo que solicitó hacerlo antes de ese plazo. 

Para el magistrado, debe tenerse en cuenta la edad de la paciente "al momento de acceder a dicho tratamiento" -que consta de tres transferencias-; y agrega que "en decisiones relacionadas con la salud de las personas, resultan suficientes para tener por acreditado el peligro en la demora, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan".

 

El abogado Leonardo Juanto, que patrocinó a la amparista, consideró que el precedente del fallo "es muy bueno" para casos similares. Además, planteó que la normativa en este tipo de tratamientos, en relación a la edad, "es una disposición del Ministerio de Salud de la nación para limitar los (tratamientos) que tienen que pagar las medicinas prepagas". 

En ese sentido, indicó que "la edad de 44 años para óvulos propios establece la excepción en la misma ley, al decir que se hará el tratamiento hasta esa edad, salvo que el médico considere que se puede hacer una excepción. Pero en la edad de 51 años con óvulos donados, no establece ninguna excepción", dijo sobre lo que se dio por la vía judicial, teniendo en cuenta la opinión del médico tratante. En este caso, "se trataba de una cuestión de días", en la edad, para acceder a esa etapa del tratamiento ya iniciado.

Maximiliano Pullaro ya tiene sus nombres para la renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza.

Los nombres fueron publicados en los canales oficiales del gobierno y remitidos en un mensaje al Senado, con el objetivo de ocupar las dos vacantes que hoy tiene la corte, más el cupo que se abrirá con la salida de María Angélica Gastaldi en abril de 2025.

Ahora se abre una instancia para posibles objeciones y luego el gobierno enviará los pliegos a la Legislatura para que sean analizados por la Asamblea Legislativa, probablemente en febrero. Los nombres responden a sectores del radicalismo, el socialismo y el perottismo, los tres espacios que garantizaron el avance tanto de la reforma judicial como de la reforma constitucional en la provincia. “Estamos conformes con el proceso de renovación de la Corte porque es en definitiva lo que nosotros planteamos antes de asumir, que había que modernizar la Justicia”, evaluó el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

Este lunes el gobierno provincial dio inicio al Proceso de Designación Miembros Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El procedimiento formal fue modificado este mismo fin de semana mediante un decreto que abrevia los plazos que se debían cumplir para someter a consideración pública los nombres propuestos. Con esos cambios, los nombres de los postulantes se deben publicar en el Boletín Oficial y, durante tres días, en la página web de la provincia, así como también las redes sociales. Luego, la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, colegios de profesionales, entidades académicas y organizaciones de derechos humanos tendrán quince días para plantear objeciones.

Vencido ese plazo, el Ejecutivo podrá enviar los pliegos a la Legislatura. A partir de ahí, la Comisión Bicameral de Acuerdos tendrá un plazo de 30 días para requerir antecedentes e informes sobre los postulantes, en incluso podrán realizarles entrevistas. Además, los cambios incluidos en la reciente reforma judicial incorporan la posibilidad de que se convoque a una audiencia pública en ese sentido. Aprobados los pliegos, solo resta la votación por mayoría simple en ambas Cámaras para dejar al gobierno en condiciones de designar a los nuevos miembros de la Corte. En la Casa Gris confían que eso pueda darse en febrero.

 

Los nombres

En cuanto a los nombres no hubo demasiadas sorpresas y se terminaron confirmando los mismos candidatos que se barajaban en la previa. Jorge Baclini cuenta con un amplio recorrido en el ámbito judicial. Es rosarino, doctor en Derecho especialista en la Magistratura y docente de Derecho Penal. Primero fue juez de instrucción y luego fiscal regional de Rosario. También se desempeñó como fiscal general de la provincia. Su postulación viene desde el radicalismo, aunque también mantiene un vínculo cercano con Pullaro.

En tanto, la rosarina Margarita Zabalza es abogada y especialista en derecho tributario. Su perfil está vinculado a la gestión universitaria: es profesora en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e integra el Consejo Directivo en representación del claustro docente de la Facultad de Derecho. También trabajó en la Municipalidad de Rosario y en los ministerios de Economía y Seguridad de la provincia, durante los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social. Es hija del histórico dirigente socialista Juan Carlos Zabalza, quien fuera senador provincial y diputado nacional por la provincia de Santa Fe.

 

El tercer candidato es el abogado Rubén Weder. Es oriundo de Humboldt y docente en Derecho Administrativo. Es un hombre vinculado al peronismo. Fue relator de la Corte Suprema Justicia de Santa Fe y luego fiscal de Estado, durante el gobierno de Omar Perotti. Su postulación se da en sintonía con el apoyo legislativo que el sector del exgobernador viene dando a la gestión de Pullaro. Primero, aportando los votos para la reforma judicial aprobada en noviembre, que incluyó la ampliación de los miembros de la Corte. Luego, con el acompañamiento al proyecto que declaró la necesidad de reformar la Constitución en la provincia.

Los nombres en danza buscan cubrir los dos cargos que hoy están vacante. Uno es por la salida de Mario Netri, que dejó su lugar a principios de diciembre y otro por la decisión de ampliar la Corte a siete miembros, en el marco de la reforma judicial. La tercera vacante se generará recién en abril de 2025, fecha anunciada por María Angélica Gastaldi para dejar su cargo, en medio de las tensiones crecientes entre el gobierno santafesino y el máximo tribunal provincial. Si los pliegos son aprobados en febrero –como prevé el gobierno– se dará una particularidad: quien reemplace a Gastaldi asumirá más tarde que sus colegas. Aún no está definido cómo se resolverá esa situación.

 

Conformidad

Tras conocerse la noticia, Bastia brindó detalles del procedimiento y celebró el avance para cubrir las vacantes. “Hoy empezamos el proceso de publicación de las tres personas. Por un plazo de quince días se completarán todos los antecedentes de las personas propuestas y, posteriormente en ese plazo, si hubiese una observación fundada se tramitará cuando se envíe toda esa documentación completa a la Legislatura”, expresó en declaraciones a El Tres. “Los primeros días de enero estaríamos remitiendo la totalidad de la documentación junto con el envío de los pliegos. Hoy lo que se ha hecho es una comunicación del inicio del procedimiento”, añadió.

En ese marco, el ministro de Gobierno también se mostró entusiasmado con la renovación de la Corte. La intención manifiesta del Ejecutivo era que aquellos magistrados que superen los 75 años –el límite establecido por ley para ejercer el cargo– dieran un paso al costado. Ese objetivo se logró con Gastaldi y Netri, pero aún persisten en su lugar Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler. Daniel Erbetta es el único de los actuales integrantes de la Corte que no llega a esa edad. No obstante, la reforma judicial que establece el cese automático en sus funciones al llegar a los 75 años, sumado a la posibilidad de que esos aspectos se rubriquen en la Constitución durante su reforma, juegan en favor de los intereses de la Casa Gris.

 

“Estamos conformes con el proceso de renovación de la corte porque es en definitiva lo que nosotros planteamos antes de asumir, que había que modernizar la Justicia. Había que hacerla más eficiente y había que cumplir con esa transformación renovándola acorde a lo que dice la ley. Ni más ni menos”, celebró Bastia.

Los días 24 y 31 el servicio se prestará de forma habitual, mientras que los días 25 y 1 de enero no habrá recolección de residuos.

Una vecina llamó al 911 desde su departamento denunciando agresiones físicas por parte de un sujeto que había llegado a su departamento para venderle dólares que finalmente cayó desde un séptimo piso.

Bajo el argumento de que con esa decisión "se ahorrarían entre un 35% y 40%" en costos electorales, el jefe de Gabinete publicó en su cuenta de X la intención oficial de eliminar las PASO el año próximo.

Se hicieron entrega de certificados a más de 200 personas que completaron 9 capacitaciones que se llevaron adelante durante el último trimestre del año. Durante todo 2024, se dictaron 32 cursos con más de 700 participantes.

El dato fue anunciado por la Justicia de Córdoba, que reinició la causa para esclarecer el asesinato cometido en noviembre de 2006. Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, declaró en la causa como testigo.

 

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