Javier Milei se mostró distendido en el Festival de Jesús María, se quedó una hora y media viendo el show y después se subió al escenario para acompañar a “El Chaqueño” Palavecino.
Pullaro recorrió el predio de la cárcel y afirmó que permitirá aislar a los presos más violentos.
Estados Unidos anunció este jueves 14 una suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para nacionales de 75 países, entre ellos Uruguay. La medida, difundida oficialmente por el Departamento de Estado de EE.UU. en un aviso titulado Immigrant Visa Processing Updates for Nationalities at High Risk of Public Benefits Usage (actualizaciones sobre el procesamiento de visas para nacionalidades con alto riesgo de uso de beneficios públicos), entrará en vigor el próximo 21 de enero y forma parte de una nueva etapa de endurecimiento de la política migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump.
Qué implica la suspensión
La pausa anunciada por el Departamento de Estado solo afecta a las visas de inmigrante —es decir, aquellas vinculadas a la residencia permanente (green card) a través de lazos familiares, empleo u otras categorías— y no incluye visas de no inmigrante como turismo, negocios, estudios o trabajo temporal.
Según la comunicación oficial publicada en el sitio web del Departamento de Estado, durante la vigencia de la medida, los solicitantes afectados podrán presentar solicitudes y asistir a entrevistas consulares, pero no se emitirán visas de inmigrante para ciudadanos de los países incluidos en la lista hasta que se revise el procedimiento y se adopten nuevos criterios.
La medida no revoca visas ya emitidas y contempla excepciones limitadas, como los solicitantes que sean ciudadanos de doble nacionalidad y presenten un pasaporte de un país que no figure en la lista restringida.
Motivación oficial: criterio de “carga pública”
La Casa Blanca y el Departamento de Estado justifican la medida como parte de un esfuerzo para impedir que nuevos inmigrantes se conviertan en lo que la normativa migratoria estadounidense denomina un “public charge” (carga pública), es decir, personas que podrían depender sistemáticamente de beneficios estatales o de asistencia social tras su ingreso al país.
Un mensaje difundido por la cuenta oficial en X del Departamento de Estado afirma:
“The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates …”: el Departamento de Estado pausará el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables.
Este criterio —de evaluación de la dependencia de beneficios públicos— ha existido en la legislación migratoria estadounidense durante décadas, pero ha sido objeto de ampliaciones y cambios interpretativos según la administración de turno.
Países afectados y alcance global
La lista de 75 países incluye a naciones de todas las regiones del mundo: África, Asia, Europa, Medio Oriente, el Caribe y América Latina. En el continente americano, además de Uruguay, figuran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
En otros continentes se incluyen, entre otros, Afganistán, Irán, Irak, Rusia, Nigeria, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen.
Contexto de la política migratoria en EE.UU.
La decisión se produce en un momento de fuerte presión política interna en Estados Unidos sobre los temas migratorios. Desde la asunción de Trump en 2025, se han aplicado diversas medidas restrictivas, como la ampliación de los criterios de inadmisibilidad por “public charge” (carga pública), el endurecimiento de los vetos de entrada para determinados países por motivos de seguridad y la revocación de más de 100.000 visas, según reportes del propio Departamento de Estado.
Aunque la administración sostiene que la suspensión responde a preocupaciones económicas y de sostenibilidad de los recursos públicos, analistas y organizaciones de defensa de los derechos civiles han advertido que la medida puede transformar radicalmente los flujos migratorios legales y profundizar las barreras para la reunificación familiar y la movilidad laboral global.
Impacto potencial para Uruguay
Uruguay, con una relación bilateral marcada por vínculos comerciales y migratorios crecientes con Estados Unidos, verá paralizados, al menos temporalmente, los procesos de residencia permanente de uruguayos incluidos en la lista.
Existen estimaciones no oficiales de que cientos de solicitudes de visas de inmigrante —especialmente en las categorías familiares y de empleo— podrían verse afectadas por la pausa. El impacto administrativo podría traducirse en retrasos prolongados y una renovada incertidumbre para familias y profesionales que proyectaban radicarse en EE.UU.
Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay no ha emitido un comunicado oficial sobre la suspensión específica de visas, aunque fuentes diplomáticas han señalado que se está evaluando el alcance real de la medida.
La decisión de detener el procesamiento de visas de inmigrantes para 75 países a partir del 21 de enero de 2026 representa uno de los pasos más drásticos en la política migratoria estadounidense reciente durante el segundo mandato de Donald Trump.
Su aplicación práctica —mediante criterios de “carga pública”— reconfigura las condiciones para los aspirantes a la residencia permanente, afecta procesos consulares tradicionales y redefine las rutas de migración legal hacia Estados Unidos.
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Paraguay y Suiza también aparecen en la hoja de ruta inmediata del Presidente, que combinará actividades culturales y compromisos internacionales en el cierre de la primera quincena de enero.
La resolución provincial representa un freno concreto a uno de los ejes de la desregulación de la navegación impulsada desde la Nación y vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en la protección del trabajo, la seguridad portuaria y la soberanía.
Desde el gremio destacaron que la decisión “implica la defensa de puestos de trabajo vitales para la protección de nuestros puertos y de nuestra soberanía”, al tiempo que remarcaron que el Estado debe actuar como “eje rector en el cuidado de los puestos de trabajo y la soberanía nacional”, y no como un obstáculo para funciones clave de la actividad marítima y fluvial.
Qué establece el DNU 37/25 y por qué generó rechazo
El DNU 37/25, promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, introdujo cambios profundos en el régimen de la navegación comercial. Entre ellos, habilitó que la contratación de Serenos de Buques dejara de ser obligatoria, otorgando a las agencias marítimas la potestad de decidir si incorporaban o no este servicio.
Hasta la entrada en vigencia del decreto, la presencia de Serenos de Buques era una actividad obligatoria en los puertos, asociada a tareas de vigilancia, control, seguridad operativa y resguardo de las embarcaciones. Para los gremios del sector, la optatividad no solo pone en riesgo fuentes laborales, sino que debilita los estándares de seguridad portuaria y marítima.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, junto con los sindicatos con actuación en los puertos bonaerenses, resistió desde el inicio la aplicación del decreto nacional. La resolución de la cartera laboral provincial formaliza esa postura y marca un antecedente político y jurídico relevante.
En su comunicado, Siconara fue contundente al sostener que los Serenos de Buques, al igual que la tripulación y el personal en tierra, “no son optativos, sino necesarios y obligatorios”, subrayando que su rol está directamente vinculado con la seguridad de las operaciones y la defensa de la Marina Mercante.
Un antecedente que interpela al resto del país
El sindicato llamó a todas las provincias con litoral fluvial y marítimo a adoptar decisiones similares a la de Buenos Aires, con el objetivo de frenar la aplicación del DNU en sus jurisdicciones y sostener el carácter obligatorio de estas tareas.
La disputa abre un nuevo capítulo en el conflicto entre la política de desregulación del Gobierno nacional y las provincias que buscan preservar empleo, seguridad y soberanía en los puertos. La resolución bonaerense no solo tiene impacto local, sino que puede convertirse en un precedente clave para el resto del sistema portuario argentino.
Este viernes 16 se llevará a cabo el ciclo musical “Shippear” en el Centro Cultural Fontanarrosa, más precisamente en la explanada y la planta baja. El encuentro reúne y matchea bandas y artistas. Se realizará en dos ediciones a cielo abierto, la primera este viernes con una fusión urbana y hip hopera de la mano de Varoner y Sol Sainz. El evento comenzará a las 18 hs con un espacio de skateboarding y también contará con una feria por Switch-x. A partir de las 20 hs será el momento de ambos artistas.
Varoner, rapero rosarino y uno de los fundadores de los Golden Boyz, continuará presentando su segundo disco de estudio titulado “Fiebre de oro”, además de interpretar los ya clásicos hits de su primer disco Spectacular Raps. Durante el 2025 “Varo” giró por Córdoba, Paraná, La Plata, Buenos Aires, entre otros, con su tour “Caramalito”. Además teloneó por segunda oportunidad a Duki en el Metropolitano ante más de 8 mil espectadores.
Por su parte, Sol Sainz es una artista rosarina de R&B, Trap&B y reggaetón. Fue telonera de Young Miko en el Anfiteatro Humberto de Nito en octubre de 2024. En agosto de 2025 lanzó su simple “Ocean Drive”, destacado por la revista Billboard. Actuó en los escenarios de Harlem Pub, Feuer, CC Atlas, Majo, Mordisco (Rosario) y en Local support, Antezana (BsAs). Realizó la apertura del show de Lara91K en Capitan (Rosario) y en el MICA 2025 en la explanada del Palacio Libertad (BsAs).
La segunda velada del ciclo “Shippear” será el viernes 23 de enero con la presencia de Narciso y el dúo Thiago y Nay. Ambas jornadas contarán con la presentación en la Planta Baja de la muestra El amor esta semana, edición verano by Majo Badra y Vir Molinari. La gastronomía estará a cargo del Mercado del Centro y la entrada es libre y gratuita.
Por: Nicolás Giuliano
Las tecnologías de inteligencia artificial han irrumpido de tal manera que, hoy por hoy se les puede dar un sinfín de usos. Según una investigación de Forbes, Amazon estaría desplegando una agresiva estrategia comercial para posicionarse en el mercado de la tecnología de vigilancia policial, un segmento valorado en 11.000 millones de dólares, según apunta el medio. La compañía no solo estaría ofreciendo sus propias herramientas de vigilancia e inteligencia artificial, sino que también actuaría como intermediaria para un ecosistema completo de empresas que operan sobre su infraestructura en la nube AWS.
Qué está ocurriendo. Correos electrónicos obtenidos por Forbes mediante solicitudes de registros públicos revelan que el equipo de seguridad policial y escolar de Amazon, liderado, según el medio, por un ex agente de policía del estado de Washington, está contactando activamente con departamentos de policía en toda la costa oeste estadounidense. Según la investigación, la empresa estaría promocionando desde tecnologías de detección de armas con IA hasta software de análisis de vigilancia masiva, pasando por herramientas para redactar informes policiales automáticamente.
Todo un catálogo de vigilancia. Según informan desde el medio, entre las tecnologías que Amazon ha estado ofreciendo figuran sistemas de seguimiento de matrículas de Flock Safety, software de detección de armas de ZeroEyes, aplicaciones para centros de vigilancia en tiempo real de empresas como C3 AI, o tecnología de Veritone capaz de identificar y rastrear individuos en grabaciones de cámaras de seguridad y redes sociales. También figuran herramientas de Leo Technologies que monitorizan y transcriben llamadas de presos prácticamente "en tiempo real" para análisis con IA.
El método de venta. Tal y como aseguran desde Forbes, los correos muestran un estilo comercial particularmente insistente. En uno de ellos, un responsable de Amazon escribe al departamento del Sheriff del condado de San Diego sobre Lucidus Tech (empresa ahora en propiedad de Flock). "Es una de las herramientas más asombrosas que he visto para las fuerzas del orden [...] Creo que vuestro grupo de inteligencia carcelaria perdería la cabeza", se podía leer en la investigación.
En otro mensaje a jefes de policía del condado de King, en Washington, impulsa una reunión para "hablar de estrategia sobre cómo introducir ZeroEyes en vuestras escuelas". La investigación muestra cómo Amazon incluso ofreció ayuda para solicitar subvenciones públicas que financiaran estas tecnologías.
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