Ángel Di María asistió y fue ovacionado en el show de inicio de la serie “Casa Páez” de Fito Páez en el Teatro El Círculo.

La Cámara de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en Vera resolvió aceptar la recusación presentada contra la jueza Norma Noemí Senn en el marco de una causa por presuntos delitos contra la integridad sexual que involucran al fiscal Leandro Benegas, a quien la Legislatura evaluará suspender el próximo jueves.

La decisión fue adoptada por los camaristas Eduardo A. Bernacchia, Fabio E. Mudry y Martha M. Feijóo, quienes dispusieron apartar a la magistrada de las actuaciones y ordenar que el tribunal de la Investigación Penal Preparatoria sea integrado por el subrogante legal que corresponda.

La resolución se da en el marco de una apelación presentada contra el rechazo inicial de la recusación. Tras analizar los argumentos expuestos, la Cámara consideró procedente el planteo y resolvió aceptar el apartamiento de la magistrada.

De esta manera, el expediente continuará su trámite ante un juez que deberá asumir la subrogancia del tribunal, garantizando la continuidad del proceso judicial.

La notificación fue emitida por la Oficina de Gestión Judicial del Colegio de Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Nº 4, con sede en Vera.

Fuente: InfoVera

El gobierno de Maximiliano Pullaro quedó en el centro de cuestionamientos luego de que se difundiera información sobre una obra de pintura en puentes de la autopista que une Rosario con Santa Fe, cuyo costo total ascendería a $1.300 millones.

Según denuncias difundidas en redes y ámbitos políticos, los trabajos consistieron en la pintura de estructuras de la autopista con una paleta de colores que coincide con la utilizada por Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición oficialista en la provincia.

Pullaro gastó $1.300 millones en pintar de colores las columnas de los  puentes de la Autopista Rosario-Santa Fe – El Liberador

El medio “El Liberal” realizó un costo estimado de los materiales, los cuales rondarían los $210 millones, mientras que el gasto en mano de obra sería cercano a $60 millones. Bajo ese cálculo, se sostiene que la empresa encargada de la obra podría haber obtenido una ganancia cercana a $1.100 millones.

La Licitación Pública 05/25 estableció como presupuesto oficial un total de $1.362.161.614 para la realización de la pinturería en los 38 puentes que cruzan los 151 kilómetros de extensión de la autopista Rosario - Santa Fe. 

La empresa que llevó adelante el trabajo es FAB Pinturas Industriales, quienes tercerizaron el trabajo que se adjudicó a Zetatec S.A, empresa de servicios industriales e ingenieria radicada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. 

En este contexto también surgieron cuestionamientos respecto a la adjudicación de los trabajos. Distintas voces señalan a la empresa Zetatec como presunta beneficiaria del contrato, aunque se reclama la publicación oficial del pliego de adjudicación para conocer los detalles del proceso.

Las críticas se enmarcan en el debate sobre el uso de recursos públicos en la provincia. Desde sectores opositores sostienen que, en un contexto de restricciones presupuestarias, deberían priorizarse otras áreas del Estado antes que intervenciones de carácter estético o simbólico en infraestructura vial.

El sistema universitario argentino arranca el ciclo lectivo 2026 con un clima cada vez más tenso. Los gremios docentes decidieron convocar a un paro nacional a partir del 16 de marzo en reclamo por la falta de actualización salarial y por la demora en la transferencia de fondos que dependen del Estado nacional. La protesta se da en un contexto donde el gobierno de Javier Milei mantiene frenada la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y busca avanzar con un proyecto propio.

El conflicto se arrastra desde hace meses. Durante 2024, las universidades públicas protagonizaron fuertes movilizaciones por el retraso en los giros presupuestarios. Más tarde, con impulso de la oposición, el Congreso sancionó una norma que buscaba recomponer los salarios del sector. El Presidente la vetó, aunque el Parlamento terminó insistiendo con su aprobación en ambas cámaras.

A pesar de esa definición legislativa, la implementación de la ley permanece paralizada. Incluso existe un fallo judicial que obliga al Ejecutivo a aplicar las transferencias correspondientes. Mientras tanto, el oficialismo presentó un nuevo proyecto con incrementos más acotados y la promesa de liberar fondos en caso de que esa iniciativa sea aprobada.

El inicio del cuatrimestre está a la vuelta de la esquina para la mayoría de las casas de estudio. En ese escenario, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten que el desarrollo del ciclo académico podría verse comprometido no solo por el deterioro salarial sino también por la falta de recursos para gastos básicos y becas estudiantiles.

El presidente del organismo, Oscar Alpa, describió la gravedad del escenario. “El 93% del presupuesto universitario se destina a salarios, que están totalmente deprimidos”, señaló en diálogo con TN. También alertó que varios docentes decidieron abandonar sus cargos ante los bajos ingresos. Desde el CIN sostienen que la salida debe ser el cumplimiento de la ley vigente.

En paralelo, algunos rectores admiten que un eventual avance del nuevo proyecto podría ayudar a destrabar parte del conflicto, aunque esa postura no es compartida por todos los responsables de las universidades nacionales.

La interlocución entre el sistema universitario y el Gobierno está a cargo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que depende de la Secretaría de Educación conducida por Carlos Torrendell. Según Alpa, el último encuentro formal ocurrió en febrero. “La única reunión que hubo fue en febrero. Ahí el Gobierno informó que iban a elevar un proyecto de financiamiento con sus lineamientos. Desde ese momento no se hizo otra convocatoria. El paro es por la no aplicación de la ley vigente y por no convocar a paritarias docentes”, explicó a Infobae.

Las cifras económicas reflejan la profundidad del problema. El presupuesto destinado a universidades atraviesa su nivel más bajo en casi dos décadas. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% de poder adquisitivo frente a la inflación, mientras que el gasto real en universidades cayó 30,4% respecto al mismo período de 2023, según cálculos de Chequeado. Para 2025, la contracción real supera el 32%.

Los datos del portal Presupuesto Abierto muestran además que, a esta altura del año, las transferencias hacia la mayoría de las universidades alcanzan apenas el 16% del total previsto.

Frente a ese panorama, organizaciones como la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y CONADU reclaman el pago de una recomposición salarial pendiente del 51%. También denuncian el incumplimiento de la ley aprobada por el Congreso en octubre de 2025, que establece la actualización automática de salarios y partidas presupuestarias según la inflación.

Las entidades sindicales adelantaron que, si no hay respuestas, las medidas de fuerza podrían escalar. Entre las opciones analizadas aparecen movilizaciones, paros sucesivos e incluso la posibilidad de extender las protestas “por tiempo indeterminado”.

Las cifras difundidas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) reflejan la magnitud del deterioro salarial. El proyecto oficial mantiene congelada la garantía salarial desde hace un año, lo que implica que algunos docentes continúan percibiendo $250.000 por cargos de 10 horas semanales.

La ley vigente fue sancionada luego de que el Congreso revirtiera varios vetos presidenciales. El texto obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, actualiza gastos de funcionamiento y contempla partidas para hospitales universitarios, ciencia y tecnología. También establece convocatorias periódicas a paritarias con mecanismos automáticos de ajuste.

Sin embargo, en diciembre de 2025 el Gobierno promulgó la norma pero decidió suspender su ejecución hasta definir nuevas fuentes de financiamiento dentro del Presupuesto. Esa decisión llevó al CIN a presentar un amparo judicial.

El juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores y ordenó la aplicación inmediata de la ley. Aun así, en febrero de 2026 el Ejecutivo apeló la resolución y avanzó con su propio proyecto legislativo, que para universidades y gremios modifica el espíritu de la normativa original.

Dentro del Gobierno reconocen que no hay intención de abrir múltiples debates legislativos hasta abril, aunque el caso universitario podría convertirse en una excepción.

Dirigentes del oficialismo que siguen de cerca el tema señalan que la decisión final dependerá de una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde se definirá la agenda de iniciativas libertarias que se enviarán al Congreso en las próximas semanas.

La discusión también tiene un costado político. En algo más de un mes se realizarán las elecciones en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde La Libertad Avanza busca ganar presencia en facultades como Derecho, Económicas e Ingeniería. Un conflicto prolongado con el sistema universitario podría impactar en ese escenario.

El nuevo proyecto impulsado por el oficialismo plantea una recomposición salarial más acotada. Propone tres aumentos del 4,1% cada uno, que comenzarían en marzo de 2026, y reconoce únicamente la pérdida salarial correspondiente a 2025, sin contemplar el deterioro acumulado entre 2023 y 2024.

Un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional junto con Feduba sostiene que la iniciativa reduce significativamente el monto destinado al sistema universitario. Según ese análisis, la obligación de sumar más de $2,7 billones al presupuesto 2026 se transformaría en apenas $187.744 millones, lo que implica una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores del sector.

El texto también introduce cambios en el funcionamiento de las paritarias. Si bien mantiene la convocatoria trimestral, elimina el requisito de ajuste mensual de salarios según el índice de inflación que publica el INDEC.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, la propuesta limita la actualización automática solo a situaciones donde la inflación anual supere el 14,3%. La ley vigente, en cambio, establecía actualizaciones periódicas de acuerdo con el índice de precios al consumidor.

Otra modificación alcanza al sistema de salud universitario. Mientras la normativa aprobada por el Congreso obligaba a actualizar las partidas bimestralmente durante todo 2025, el nuevo proyecto reemplaza ese mecanismo por un aumento fijo de $80 mil millones y elimina la actualización periódica.

El cambio más relevante, según el mismo informe, es la eliminación de la recomposición presupuestaria vinculada a la inflación de 2024. Bajo ese esquema, las pérdidas acumuladas por el sistema universitario durante ese período no serían recuperadas dentro del nuevo modelo de financiamiento.

En medio de la polémica, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó este martes el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial. "Vengo a deslomarme y quería que me acompañe", dijo. La oposición había pedido informes sobre los motivos de la inclusión de la pareja del exvocero en la comitiva oficial.

El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado. “Mi mujer estaba en el avión presidencial”, confirmó durante una entrevista con A24.

El jefe de Gabinete aseguró que Angeletti “iba a viajar el 26 de febrero a Miami”, pero “hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe”. “Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, añadió.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.

Según el funcionario, el hecho de que su esposa haya viajado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado.

El exvocero participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla en Nueva York, EEUU, entre el 9 el 12 de marzo. En ese marco, también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber convertido al país en una “tierra arrasada” durante sus años de gestión.

Manuel Adorni enfrenta críticas por la inclusión de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos.

La presencia de la esposa del ex vocero en la comitiva oficial que acompaña a Javier Milei en su gira por Nueva York motivó un pedido de informes de la oposición para determinar quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses.

La mujer es coach ontológica y aparece en una foto junto a Adorni en la visita que hizo el Presidente junto a su comitiva este domingo a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en Queens.

Angeletti no es funcionaria ni integra el Gobierno. Se dedica a dar cursos como coach ontológica y habría viajado con su marido ya que la fecha de la gira presidencial coincidiría con un congreso vinculado a su actividad en Estados Unidos. En su perfil de Linkedin aparece como licenciada en administración de empresas y trabaja, según su cuenta, como “Coach Ejecutivo y de Vida” y “experta en Desarrollo Organizacional".

En el proyecto ingresado por Esteban Paulón se solicita además una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno nacional para el traslado de diversos funcionarios a los Estados Unidos en ocasión de la realización de la “Argentina Week”. Al respecto, pide saber si en el marco de la comitiva oficial por el viaje fue incluida la señora Bettina Angeletti, qué rol cumple y si se ha dejado constancia del vínculo que tiene con el jefe de Gabinete. En esa línea, solicita información sobre quién sufragó el costo derivado de su viaje y que se adjunten los comprobantes correspondientes.

La Lepra igualó 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa, sigue último y sin ganar en el Apertura.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez informa que debido a la medida de fuerza dictaminada por Festram para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo, no habrá recolección de residuos domiciliarios ni atención en las oficinas municipales. Se recomienda a la población no sacar residuos domiciliarios durante estos días.

 

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