Los legisladores hablaron del déficit, aportes injustos y la necesidad de preservar la Caja
La diputada provincial Lionella Cattalini presentó ante la Justicia Federal de Rosario una denuncia contra el juez Marcelo Bailaque, y solicitó que se investiguen presuntos hechos ilícitos en los que estarían involucrados el magistrado del fuero federal, el sindicado narcotraficante Esteban Alvarado y el contador Gabriel Mizzau. La legisladora socialista pidió que se analice la participación del juez en una "presunta red criminal y de corrupción" vinculada con Alvarado y Mizzau, quien, además de manejar los balances de las empresas de Alvarado, ocupaba el cargo de "contador personal" de Bailaque, según indicó. “La Justicia es esencial para investigar y sancionar adecuadamente. Si no funciona con eficacia, el crimen organizado avanzará mucho más rápido que el Estado, creando un aparato cada vez más grande que multiplica el delito en Santa Fe y en todo el país”, dijo.
La presentación de Cattalini es una denuncia formal en la que solicita una "exhaustiva investigación sobre posibles delitos". Previo a ello, la diputada solicitó al Consejo de la Magistratura que informe sobre el estado de la denuncia realizada en el año 2022 por el Ministerio Público de la Acusación contra el magistrado por "obstaculizar" la investigación contra Alvarado desde el año 2013.
Al respecto expresó que "en abril de este año, el Consejo de la Magistratura dio lugar a dicha denuncia, abriendo un sumario contra el juez federal". En este sentido, Cattalini subrayó la necesidad de "identificar a los responsables que han permitido la impunidad en estos casos". Sobre esa cuestión, sumó que en los últimos días "salió a la luz que Bailaque contrató como abogado a un profesional de Santa Cruz que es padre del secretario de la acusadora (la legisladora Roxana) Reyes, que por ende tuvo que excusarse". Y se refirió a esa situación como "una clara maniobra dilatoria de Bailaque para demorar el procedimiento".
Para Cattalini, “en Rosario, la justicia federal llegó siempre tarde. Hay responsables que tienen nombre y apellido, y que durante mucho tiempo se valieron de escritorios y anonimato. Si no cortamos con los círculos de corrupción e impunidad no vamos a terminar con el espiral de violencia”, dijo.
En cuanto a su presentación, la diputada provincial sostuvo que "los hechos por los cuales se lo acusa en el Consejo de la Magistratura, pueden configurar delitos", porque "tiene una responsabilidad como juez". Y sumó que "no solo dilató la investigación contra Alvarado --antes de que éste fuera condenado en 2022 por la Justicia Provincial--, sino que además compartió el contador (según se conoció en junio pasado). Contador que le firmaba los balances de las empresas truchas a Alvarado"; y era también "contador y amigo de Bailaque". Por lo que considera que "hay una incompatibilidad manifiesta".
Además, mencionó la "contratación sin concurso" de Sebastián Mizzau, hijo de Gabriel Mizzau, en el juzgado federal dirigido por Bailaque. Según la información con la que cuenta, Mizzau hijo ingresó en 2017 al Juzgado Federal "sin el debido proceso de concurso y fue ascendido el mes pasado al Tribunal Federal Oral 3 de Rosario".
La diputada expresó su preocupación: “Es un escándalo que un juez de la Nación comparta contador con el principal narco de la provincia de Santa Fe y que además, contrate al hijo de dicho contador para que trabaje en su juzgado. Bailaque manejó todas las causas contra Alvarado (en el Federal). Necesitamos esclarecer quiénes están protegiendo a este juez que se ha caracterizado por no investigar, llegar tarde y obstaculizar los procesos judiciales”.
Además, en un comunicado sostuvo que en el contexto de la investigación, se dictó recientemente una orden de allanamiento sobre las oficinas de Gabriel Mizzau. Sin embargo, los domicilios declarados ante la AFIP "no coincidían" con los que en realidad utilizaba. “Que un contador no declare el domicilio real de su estudio es una falta grave. Y por supuesto que la primera hipótesis es que Bailaque le avisó a Mizzau que iban a allanarlo”, expresó Cattalini.
Finalmente, Cattalini se refirió a la situación de la justicia federal: “A nivel nacional corremos riesgo de que Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia, un juez acusado de corrupción, y que garantice impunidad para otros jueces corruptos. Por ejemplo, la de Marcelo Bailaque, cuyo sumario fue abierto por el Consejo de la Magistratura dos años más tarde de que los fiscales presentaran la denuncia”, dijo.
Foto de R12
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Agustín Luque fue nombrado como el nuevo Jefe de la oficina de ANSES en Villa Ocampo, tras la rescisión de contratos de todo el personal anterior.
Luque fue nombrado como el nuevo Jefe de la oficina de ANSES en Villa Ocampo, Santa Fe, tras la rescisión de contratos de todo el personal anterior. La noticia fue confirmada por el periodista Paulino Rodríguez en su programa por LN+.
La designación de Luque generó gran malestar en los vecinos de la localidad y varios trabajadores que estaban preparados y ejerciendo, pero fueron despedidos en el marco del recorte que está llevando el Gobierno de Javier Milei.
El joven de 19 años que se identifica como libertario y es el único referente en el norte-norte provincial (desde Villa Ocampo hasta Florencia) de las huestes de Javier Milei, no cuenta con antecedentes laborales ni presenta las credenciales académicas exigibles para el cargo.
Tal como cuentan en el portal Norte Obligado, a través del testimonio y opinión de los vecinos, ven el nombramiento del joven Luque como una "muestra de favoritismo y falta de arbitrariedad". Su título de educación media de la Escuela Técnica N° 619 de Villa Ocampo y un bajo promedio académico son motivo de discusión en la pequeña ciudad. Lo que se preguntan es si no había alguien más calificado para el puesto.
"Carece de conocimientos en burocracia administrativa e informática, así como en legislación previsional y derecho administrativo, competencias fundamentales para el buen desempeño de la función en ANSES", acusaron los ciudadanos de Villa Ocampo en diálogo con Norte Obligado.
Como si esto no fuera suficiente, el enojo se acentúa porque el local de ANSES es alquilado. Lo paga la municipalidad a través del aporte impositivo, por lo que si no ven soluciones reales y tangibles, es innecesario el contrato.
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