El mercado cripto acaba de sufrir una corrección brutal de 120 mil millones de dólares en 24 horas, hundiendo a Bitcoin por debajo de los 91,000 $ y provocando liquidaciones masivas en los altcoins. Con la capitalización total cerca de los 3 billones de dólares, los traders vigilan de cerca los niveles de soporte clave para prever los próximos movimientos. Esta caída se debe a salidas significativas en los ETF de Bitcoin en efectivo y a una presión vendedora generalizada que afecta a todo el sector.

Bitcoin prueba un soporte clave en 89.800 $

Cotiza actualmente en torno a los 90.098 $, mostrando una caída del 4,4 % en las últimas 24 horas. Esta corrección del mercado criptomoneda no sorprende a los analistas que habían identificado esta zona de precios como un objetivo técnico probable hace dos semanas. El nivel de los 89.800 $ constituye ahora un soporte psicológico y técnico crucial para la continuación del movimiento.

El análisis del price action revela que el bitcoin mantiene una estructura técnica relativamente sana a pesar de la violencia de la corrección. Los volúmenes de intercambios se han disparado durante la caída, señalando una capitulación potencial de las posiciones apalancadas. Esta purga del mercado podría crear paradójicamente las condiciones para un rebote técnico hacia los 95.000 $ en los próximos.

Si este soporte llegara a ceder, las próximas zonas de interés se sitúan en 86.822 $ y después en 84.000 $. Una ruptura confirmada de estos niveles invalidaría el escenario alcista a corto plazo y abriría la puerta a una corrección más profunda hacia 76.000 $. Los traders también vigilan el comportamiento de las ballenas y los flujos en los el exchanges para detectar las primeras señales de cambio de tendencia.

La Cooperativa Integral de VGG envió una carta documento al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en la que notificó que analiza aplicar cortes programados en 33 barrios populares como “medida de contención” ante el consumo clandestino y la deuda que mantiene con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). La entidad acumula 6.000 millones de pesos impagos por la energía que compra a la distribuidora estatal.

En el documento, firmado por su titular Enrique Gomara, la cooperativa informó que “el 42 por ciento de la energía adquirida a la EPE es hurtada” en sectores vulnerables de la ciudad, donde viven 8.200 familias. Argumentan que esa situación explica el rojo financiero y reclaman una intervención del Estado provincial: “La dimensión social del problema requiere atención estatal”, plantearon.

La carta también cuestionó que la “tarifa social” aplicada por la EPE en los barrios populares de Rosario no se habilite en Villa Gobernador Gálvez, lo que —sostienen— profundiza la crisis.

Desde la cartera de Desarrollo Productivo evitaron confrontar con el presidente de la cooperativa. “Se está estudiando la situación. Contestación del ministro no hubo ni habrá por ahora. No nos vamos a meter en una disputa judicial”, señalaron fuentes oficiales. Y agregaron: “Consideramos que la cooperativa tiene que regularizar su situación”.

En la Casa Gris insisten en que todas las cooperativas de la provincia, salvo la de Villa Gobernador Gálvez, están al día con la EPE. Ante este escenario, condonar la deuda sería injusto para quienes pagan. "Hay una escasa voluntad de cobro con la luz", deslizaron.

Un conflicto que escala

La advertencia de cortes en barrios populares fue leída dentro del gobierno como un movimiento que podría derivar en protestas, bloqueos y tensiones que afectarían la actividad económica local, incluida la de firmas claves como Swift, Unilever y Paladini.

El enfrentamiento viene creciendo desde hace meses. La cooperativa acusa al gobierno provincial de no utilizar las herramientas disponibles ante Cammesa para refinanciar o condonar deuda —como sí hicieron las gestiones de Miguel Lifschitz y Omar Perotti—. Desde la EPE responden que esa maniobra ya no es viable por el recorte de subsidios nacionales y descartan falta de capacidad técnica.

En paralelo, el intendente Alberto Ricci rechazó la propuesta que, según fuentes oficiales, le plantearon el gobernador Pullaro y el ministro Puccini: que si la cooperativa no puede sostener el servicio, entregue la operación a la EPE.

El verano como factor de riesgo

El conflicto se intensifica a días del inicio de las altas temperaturas. Un eventual corte de energía en barrios populares de Villa Gobernador Gálvez preocupa por su posible impacto en la paz social.

Mientras el gobierno provincial analiza alternativas y mantiene abierta la vía del diálogo, la postura oficial se mantiene firme: la deuda debe pagarse. La cooperativa, en tanto, insiste en que sin intervención estatal, el sistema se encamina a un colapso técnico y financiero. El escenario aún no tiene resolución y las próximas semanas serán decisivas para evitar que la disputa escale.