Por primera vez en más de una década, Estados Unidos decidió retirar a la Argentina de la Priority Watch List —la categoría más severa de su informe anual sobre propiedad intelectual— y la ubicó en la Watch List, un escalón inferior dentro del mismo sistema de evaluación. El país permanecía en la denominada “lista negra” desde hacía más de diez años y acumulaba cuestionamientos durante tres décadas por falencias en la protección de derechos de autor y patentes.
De acuerdo al llamado Reporte Especial 301 que publicó este jueves la USTR, liderada por el representante comercial Jamieson Greer, la Argentina pasó de estar en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” -destinada a países con deficiencias graves en la protección o el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual- a la “Lista de Vigilancia” por “sus esfuerzos para abordar preocupaciones significativas” en esa materia. La Argentina ocupaba el lugar que deja en la lista desde 1996.
El acuerdo obligó al gobierno argentino a asumir compromisos para elevar los estándares de protección y aplicación de la propiedad intelectual, un cambio que beneficiará a innovadores y creadores estadounidenses al priorizar la aplicación contra el robo de patentes y contenidos.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos destacó que el ARTI marca un punto de inflexión. Entre los compromisos asumidos, Argentina se obligó a avanzar en tratados internacionales clave y a modificar legislación local que durante años fue señalada como proteccionista.
Qué cambios hizo Argentina para salir de la lista prioritaria
El informe oficial estadounidense detalla una serie de medidas adoptadas por el país. Argentina elaboró informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de retrasos crónicos en el proceso de concesión de patentes.
En materia penal, el país fortaleció las sanciones contra la falsificación. Las nuevas normas incluyen multas mayores y penas de prisión para quienes operen en redes criminales organizadas dedicadas a la piratería.
El acuerdo prevé también dotar de autoridad de oficio a las agencias fronterizas. Esto permitirá que actúen sin necesidad de denuncia previa para detener mercadería falsificada en aduanas.
Además, se estableció un organismo de coordinación para la aplicación de propiedad intelectual. La legislación local fue modificada para apoyar acciones civiles efectivas, incluyendo medidas cautelares contra la piratería de derechos de autor.
En el terreno operativo, Argentina se comprometió a aumentar los operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución notorios. También desarrollará una estrategia nacional de aplicación para combatir la piratería y la falsificación en todo el territorio.
El país deberá recopilar y publicar estadísticas trimestrales sobre la aplicación de propiedad intelectual. Otra obligación es aplicar responsabilidad a propietarios de inmuebles cuyos inquilinos vendan productos falsificados o pirateados.
El gobierno se comprometió también a promover la cooperación entre proveedores de servicios de Internet (ISP), titulares de derechos y otras partes interesadas, con el objetivo de investigar y perseguir penalmente a operadores de sitios web radicados en Argentina dedicados a la piratería comercial de derechos de autor.
El giro en patentes farmacéuticas que destrabó el acuerdo
Un cambio central se dio en marzo de 2026. Argentina derogó limitaciones que Estados Unidos consideraba "excesivamente amplias" sobre la materia patentable para patentes farmacéuticas.
Estas directrices rechazaban automáticamente solicitudes de patente para categorías de invenciones que sí son patentables en otras jurisdicciones. También exigían que los procesos para la fabricación de compuestos activos fueran reproducibles y aplicables a escala industrial.
El Gobierno eliminó a mediados de marzo una resolución dictada en 2012 que imponía restricciones al otorgamiento de patentes para medicamentos. Desde ahora, la facultad de decidir sobre estas patentes recaerá exclusivamente en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Mediante una resolución conjunta, el ministro de Salud, Mario Lugones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, anularon la normativa de 2012. Esa norma establecía las "Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas".
La nueva disposición, publicada en el Boletín Oficial, establece que el INPI determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones. El organismo evaluará cada solicitud de manera individual, sin los límites previos que regían hasta la fecha.
Qué protecciones ganó Argentina en el acuerdo comercial
El acuerdo suscripto con Estados Unidos contiene cláusulas nuevas en materia de comercio agroalimentario. Argentina preservará el acceso al mercado estadounidense para productores de quesos y carnes que emplean nombres comunes.
Estas directrices rechazaban automáticamente solicitudes de patente para categorías de invenciones que sí son patentables en otras jurisdicciones. También exigían que los procesos para la fabricación de compuestos activos fueran reproducibles y aplicables a escala industrial.
El Gobierno eliminó a mediados de marzo una resolución dictada en 2012 que imponía restricciones al otorgamiento de patentes para medicamentos. Desde ahora, la facultad de decidir sobre estas patentes recaerá exclusivamente en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Mediante una resolución conjunta, el ministro de Salud, Mario Lugones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, anularon la normativa de 2012. Esa norma establecía las "Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas".
La nueva disposición, publicada en el Boletín Oficial, establece que el INPI determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones. El organismo evaluará cada solicitud de manera individual, sin los límites previos que regían hasta la fecha.
Qué protecciones ganó Argentina en el acuerdo comercial
El acuerdo suscripto con Estados Unidos contiene cláusulas nuevas en materia de comercio agroalimentario. Argentina preservará el acceso al mercado estadounidense para productores de quesos y carnes que emplean nombres comunes.
Sobre la piratería digital, el documento resalta un caso de éxito. Una operación conjunta de la Unidad de Ciberdelitos de la Fiscalía Provincial de Buenos Aires y la Policía Federal desmanteló un prominente servicio ilegal de IPTV llamado Magis TV Pro.
La operación resultó en cuatro arrestos y una condena. No obstante, la piratería en línea sigue creciendo y la aplicación de propiedad intelectual en línea consiste principalmente en que los titulares de derechos intenten convencer a los ISP argentinos para que eliminen contenidos infractores.
Otra vía es obtener medidas cautelares en procesos civiles. Ambos procedimientos resultan lentos y con eficacia limitada, según el informe estadounidense.
Qué recomienda Estados Unidos para el próximo período
Washington alienta a Buenos Aires a aplicar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles y fortalecer la aplicación contra la venta de bienes infractores en mercados como La Salada y Barrio Once, así como a modificar la ley de marcas para aumentar las sanciones penales por falsificación cometida por redes criminales.
En relación a las patentes, el reporte advierte sobre limitaciones para la patentabilidad de innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales. Estas restricciones difieren del estándar de muchos otros países.
También señala la falta de protección para datos de prueba en sectores agrícola y farmacéutico. El INPI informó una reducción en el atraso de solicitudes de patentes, aunque aún persisten demoras promedio de seis a siete años.
En materia de indicaciones geográficas, Estados Unidos insta a Argentina a garantizar transparencia y debido proceso en su protección. El objetivo es asegurar que la concesión de indicaciones geográficas no prive a las partes interesadas del uso de nombres comunes.
Esta recomendación cobra relevancia especialmente en el contexto del acuerdo comercial Unión Europea-MERCOSUR, donde Europa busca proteger denominaciones de origen que Argentina considera genéricas.
Estados Unidos estableció que monitoreará la implementación de los compromisos asumidos por Argentina. El seguimiento continuará a través del Foro de Innovación y Creatividad bilateral creado bajo el acuerdo TIFA.
