La presentación del presidente Javier Milei este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas funcionará, a nivel local, como señal de largada para que sus diputados aceleren en el Congreso con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas, que endurece las sanciones contra empresas que exploten recursos en la zona.
Milei ya está en Nueva York para dar a las 12:00 su tercer discurso ante la Asamblea de la ONU desde que llegó al Gobierno y se espera que el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas sea uno de los puntos centrales de su exposición, preparada junto al asesor Santiago Caputo.
Si bien todos los presidentes argentinos han aprovechado la Asamblea para reiterar que el Reino Unido debe sentarse a dialogar con Argentina sobre la soberanía de las islas, Milei le dio mayor centralidad al tema en su agenda local, montado sobre los amagues de su par estadounidense, Donald Trump, con la posibilidad de "revisar" la neutralidad de Estados Unidos en el conflicto, como parte de su propia disputa con el gobierno británico.
En ese marco el Presidente impulsó denuncias contra empresas que participan de la exploración de petróleo en Malvinas y presentó por cadena nacional un proyecto de ley para el cual el oficialismo de la Cámara de Diputados definió un cronograma de tratamiento este martes, en la víspera del discurso del mandatario ante la ONU.
Milei habla en la ONU sobre Malvinas y Diputados acelera: ¿qué cronograma fijó para el proyecto?
El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional ingresó la semana pasada a la Cámara baja que preside Martín Menem y el viernes fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto que encabezan los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
Este martes, en medio de la expectativa por el renovado reclamo de Milei sobre Malvinas en la ONU, los referentes de la bancada La Libertad Avanza (LLA) definieron que el proyecto empiece a tratarse en las comisiones el 30 de septiembre, con el objetivo de firmar el dictamen el 6 de octubre y llevarlo a votación en el recinto al día siguiente, según confirmaron fuentes oficialistas.
La celeridad que refleja ese cronograma se debe a que el Presidente le pidió a su tropa legislativa que le dé prioridad al proyecto. En parte, porque el Gobierno cree que la oposición no tendrá margen para rechazar una iniciativa que se inscribe en una "causa nacional" y se prepara para señalar a quienes lo hagan como contrarios al interés argentino. En LLA estiman que esto les permitirá avanzar rápido con el tema.
En ese contexto, el plan del bloque oficialista es aprobar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional antes que el Presupuesto 2027. No obstante, en los bloques opositores -especialmente en Unión por la Patria- ya empezaron a lanzar advertencias sobre la delegación de facultades para el Poder Ejecutivo que establece el extenso texto así como sobre la creación de un nuevo tipo penal para la "desinformación", que hace ruido.
¿Qué plantea el proyecto de Defensa de la Soberanía y qué puntos ya generan controversia?
El eje central del proyecto enviado por Milei es el endurecimiento de las sanciones contra empresas y personas que desarrollen actividades en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes sin la autorización de la Argentina.
La iniciativa deroga la Ley 26.659 (que ya establecía sanciones) pero amplía su alcance. Por caso, mientras la norma actual se centra en la exploración y explotación de hidrocarburos, el nuevo proyecto de Milei sanciona a las empresas que exploten cualquiera de los recursos naturales de la zona, renovables o no renovables, sin autorización argentina.
Uno de los aspectos novedosas del proyecto es que habilita la realización de juicios en ausencia para las personas físicas o jurídicas que sean acusadas de infringir este nuevo régimen que el oficialismo quiere convertir en ley.
Pero en la oposición alertan que el texto contiene artículos que van más allá de la defensa de la soberanía argentina sobre las islas. En ese sentido, el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi alertó que "el proyecto incorpora restricciones a la participación de extranjeros en procesos electorales argentinos".
En tanto, el jefe del bloque Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sembró sospechas sobre la derogación de la Ley 26.659, porque -según analizó- funcionaría como una "amnistía" encubierta para empresas que ya recibieron sanciones e inhabilitaciones en el pasado por operar en Malvinas en el marco de esa norma.
Uno de los puntos del proyecto que ya empezó a generar controversia es el que incorpora al Código Penal penas de prisión de 5 a 12 años para quienes "actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva".
La redacción de ese artículo es muy abierta y ya generó advertencias tanto de la oposición como de abogados constitucionalistas, por considerar que le otorga al Gobierno un margen para promover sanciones contra la prensa. Se sabe que Milei no ahorra insultos a periodistas y medios de comunicación. En el oficialismo rechazan que el proyecto pueda utilizarse de esa manera. En cualquier caso, será uno de los puntos que más se discutan en Diputados.
