Blanqueo de Capitales: Avanzó en Diputados el proyecto resistido pòr la oposición
Bajo el nombre de "Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado", logró dictamen de mayoría en Diputados pese al rechazo de la oposición. Estiman que hay unos U$S430.000 millones no declarados fuera del país.
El bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió este miércoles emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de blanqueo, denominado "Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado", con el objetivo de aprobar la iniciativa en una sesión especial que se podría llevar a cabo en la segunda semana de septiembre.
 
La comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller (Frente de Todos) despachó el texto con 25 firmas a favor (las del FdT y la del misionero del Frente de la Concordia Diego Sartori); en tanto que Juntos por el cambio emitió un dictamen "de rechazo" con diez -hubo muchos ausentes- y el cordobés Ignacio García Aresca, del interbloque Federal, estuvo ausente.

Durante la reunión Heller explicó que "según la información publicada hay unos 430.000 millones de dólares no declarados en el exterior, aunque esos datos nunca son exactos. Esa información indica que el destino principal son los Estados Unidos, sujetos que no han cumplido con la ley".

Puso de relieve que existían algunos bancos que promocionaban sus servicios y "su mayor merito era la promesa de opacidad, así se vendían, se vanagloriaban de eso. Decían, 'garantizamos tantos mecanismos de opacidad, que nunca se lo van a descubrir' -al dinero-".

"Se daba algo en el estado de Delaware, donde proponían, "si tiene para traer, tráigalo, no nos importa de donde la sacó, pero se lo vamos a proteger", lamentó.

Heller destacó además que "haber abierto esta posibilidad de cambio de información con Estados Unidos va a posibilitar que los que quieran declarar lo hagan; y en el caso de los que no entren, que el Estado pueda actuar, en una acción que debe ir más allá del partido político, o de ser oposición u oficialismo".

En nombre de Juntos por el Cambio, la única oradora fue la santafesina Germana Figueroa Casas (PRO), quien expuso: "Para que un blanqueo tenga éxito tienen que darse condiciones: generar confianza, no en un gobierno que está terminando, donde la economía está complicada, no se hace una reforma tributaria ni se modifica el acceso al mercado de cambio".

Ley de Blanqueo: qué propone el proyecto

El proyecto estipula un blanqueo que comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco, que contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.

Transcurridos los cuatro meses, los bienes detectados en el exterior y no declarados pagarán una tasa del 10%; luego de esa fecha pagarán un 20% hasta el fin de vigencia de la ley de 360 días.

Se establecerá un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera, y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales y con un tope de hasta US$ 50 mil.

Para acceder al régimen, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.

Se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren; el que no podrá ser inferior al 10%.

Proyecto de Ley de Blanqueo: quiénes no podrán ingresar

El proyecto prevé que quedarán excluidos únicamente del Régimen Simplificado los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario.

Tampoco podrán ingresar al blanqueo de capitales ningún presidente o vicepresidente, ministros del Poder Ejecutivo Nacional o provincial, gobernadores, intendentes, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores nacionales y provinciales, así como los jueces del Poder Judicial de la Nación que hayan asumido sus funciones a partir del 1 de enero de 2010.

Además, estarán excluidos los síndicos de entes de servicios, de la Auditoria, los embajadores, cónsules, personal de las Fuerzas Armadas o de seguridad, así como rectores de universidades nacionales, entre otros.

En esta condición también estarán los cónyuges, convivientes, padres e hijos de autoridades nacionales o provinciales que se hubieran desempeñado desde enero de 2010 hasta la fecha.

 

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