A través de una nota enviada a distintas entidades vinculadas con el proceso, entre ellas Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados, la firma sostuvo que los cálculos difundidos por DEME parten de supuestos erróneos y no reflejan las condiciones reales previstas para la concesión.
Según el documento, el ahorro tarifario planteado por DEME estaría sustentado en una combinación de factores que incluyen una presunta omisión del pago de impuestos, un esquema de inversiones considerado insuficiente y proyecciones de ingresos por peajes que, según Jan De Nul–Servimagnus, no se ajustan a los límites establecidos en los pliegos.
La asociación también remarcó que DEME no objetó en tiempo y forma el esquema tarifario diseñado para la licitación y recordó que, durante etapas previas del proceso, había expresado su conformidad con las condiciones fijadas para la concesión.
En uno de los puntos centrales de la respuesta, la empresa preadjudicada cuestionó el tratamiento del IVA contemplado en el plan económico-financiero de DEME. A su entender, la metodología utilizada no resulta compatible con la normativa vigente y genera una rentabilidad artificialmente superior a la que podría alcanzarse en la práctica.
El escrito también pone el foco en el volumen de inversiones comprometidas. De acuerdo con la evaluación de Jan De Nul–Servimagnus, la oferta de DEME prevé desembolsos por unos 280 millones de dólares durante los primeros cinco años de contrato y no contempla nuevas inversiones durante las dos décadas posteriores. En contraste, señaló que tanto el modelo de referencia elaborado por la UNCTAD como su propia propuesta prevén inversiones superiores a los 850 millones de dólares.
Otro de los cuestionamientos apunta a las estimaciones de ingresos. Según la empresa preadjudicada, DEME proyectó valores de peaje para la etapa posterior a la profundización de la vía navegable por encima de los máximos autorizados en la licitación, lo que habría generado una sobreestimación de ingresos cercana a los 370 millones de dólares.
En sus conclusiones, Jan De Nul–Servimagnus sostuvo que la propuesta de su competidora no demuestra una mayor eficiencia ni una capacidad superior para reducir costos, sino que se apoya en hipótesis económicas que considera inviables para sostener una concesión de largo plazo. Por ese motivo, rechazó la rentabilidad utilizada por DEME para justificar la rebaja tarifaria planteada y defendió la consistencia financiera de la oferta que resultó preadjudicada.
