A una semana de la nueva marcha federal universitaria, el Gobierno recibió la ratificación por parte de la Sala III de la Cámara de Apelaciones a su postura de no aplicar la ley de financiamiento a la educación superior luego de un fallo a favor del amparo presentado. Ahora, la Casa Rosada espera que el conflicto de fondo por los fondos universitarios, sea resuelto por la Corte Suprema.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo concedió este jueves el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar del CIU que obligaba al Poder Ejecutivo a cumplir de inmediato con artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización por inflación mensual, los salarios docentes y no docentes, los gastos de funcionamiento de servicios y a la actualización de becas.
Ahora el máximo tribunal de Justicia, deberá definir si interviene.
En seguida, el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Educación Nacional, emitió un comunicado celebrando la medida y ratificando la postura del presidente Javier Milei de no aplicar la ley de financiamiento universitario, votada por la oposición el año pasado.
La cartera encabezada por Sandra Pettovello, aprovechó la oportunidad del fallo a favor, para enviar un nuevo mensaje a la oposición en el Congreso, y recordó que "mediante el Decreto 759/25 se promulgó la ley 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas".
En ese marco, desde la Casa Rosada ratifican que le darán impulso en las próximas semanas a una nueva ley de financiamiento que se adapte a la ley de Presupuesto Nacional 2026 sancionado en diciembre pasado por el Congreso.
"Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación", celebró el Gobierno en el comunicado del Ministerio de Capital Humano.
En ese sentido, agrega que "el Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender" pero lo condiciona a que sea "en un marco de sostenibilidad de las cuentas publicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado".
