La muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista que se presume que murió de una sobredosis de propofol y fentanilo, destapó una trama que combina consumo de drogas, robos en un hospital y fiestas clandestinas.
El rastreo del propofol y fentanilo hallados en su domicilio llevó a una investigación interna en el Hospital Italiano; un anestesiólogo y una residente, bajo la lupa judicial
Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, fue hallado muerto en su departamento el 20 de febrero pasado, a sus 31 años. La causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso anestésico intravenoso, informaron fuentes oficiales.
El médico fue hallado con una vía conectada a su pie y elementos descartables para inyecciones, sumaron desde SAME. En su casa se hallaron también medicamentos anestésicos, lo que dio inicio a una serie de averiguaciones sobre su origen.
A partir del análisis de la trazabilidad de los fármacos, se determinó que pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires. Ese dato derivó en un procedimiento interno dentro de la institución. Se identificó a un anestesiólogo de planta y a una residente de tercer año de anestesiología como presuntos autores del robo y de la posterior distribución de las drogas.
El propofol y el fentanilo son fármacos que se administran por vía intravenosa en distintos procedimientos médicos, como estudios endoscópicos y cirugías, y su dosificación se realiza mediante bombas de infusión que regulan la cantidad suministrada según múltiples variables clínicas. Una administración indebida puede generar una depresión respiratoria severa, conocida como apnea, que requiere asistencia ventilatoria inmediata.
Una vez establecido que los anestésicos provenían del Hospital Italiano, el centro médico abrió un sumario interno para establecer responsabilidades y determinar cómo se produjo la salida de sustancias controladas del establecimiento. Según comunicó la institución, los dos profesionales implicados fueron apartados de sus cargos “por robo de estupefacientes”.
Según informaron fuentes judiciales, la causa por el faltante de propofol se inició el 23 de febrero pasado y quedó registrada bajo el expediente N° 8922/2026. El 12 de marzo se ordenaron tres allanamientos, que tuvieron resultados positivos y estuvieron a cargo de la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad. La investigación apunta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Italiano, con hechos que se habrían extendido desde 2023 hasta mediados de febrero de 2026.
En ese marco, se dispuso la prohibición de contacto entre los imputados Hernán Boveri y Delfina Lanusse, así como la prohibición de salida del país. Ambos fueron indagados los días 18 y 25 de marzo y también se ordenaron declaraciones testimoniales, mientras continúan en curso diversas medidas de prueba.
Según las fuentes judiciales consultadas por LA NACION, durante las indagatorias Boveri optó por no realizar declaraciones, mientras que Lanusse efectuó un descargo verbal y adelantó que también lo presentaría por escrito. En esa exposición, señalaron las mismas fuentes, hizo referencia a distintas cuestiones personales y buscó presentarse como víctima ante la Justicia que la indagaba, en un planteo que no incorporó elementos sustanciales vinculados al objeto central de la investigación.
En relación con el fondo de la causa, las fuentes explicaron que la pesquisa se concentra en la presunta sustracción de medicamentos que solo se distribuyen en el ámbito hospitalario y que no se comercializan en farmacias ni como fármacos de venta libre. Al tratarse de drogas legales, precisaron, los hechos no encuadran en una figura vinculada al suministro de estupefacientes. El expediente aún no fue formalmente caratulado, aunque podría encuadrarse en la figura de hurto, con una pena máxima de dos años, o más probablemente en la figura de administración fraudulenta, que prevé hasta seis años de prisión.
Médicos y residentes consultados por LA NACION mencionaron la existencia de las “Propo Fest”, como se conocía en ese ámbito a las fiestas organizadas por un pequeño grupo de anestesistas y residentes de anestesiología de distintos hospitales porteños, donde se suministraban insumos hospitalarios como propofol y fentanilo con fines recreativos.
A su vez, también en el ámbito médico, comenzaron a circular audios y mensajes de WhatsApp donde se relatan presuntas prácticas irregulares vinculadas al uso de anestésicos fuera del ámbito asistencial. En los audios se afirma que un grupo de médicos, del que formaban parte anestesiólogos del Hospital Rivadavia y del Hospital Italiano, “hacían fiestas con bombas de infusión y había una persona encargada de ambucear cuando aparecía la apnea”. “Todo el material que usaban era del hospital”, mencionan.
En otro tramo, uno de los interlocutores afirma que “el fallecido había ido alguna vez a esas reuniones”, aunque aclara que se trata de comentarios que circulan entre colegas. También se menciona que, durante las jornadas con antidoping a las que se somete a los anestesistas, algunos presentaban certificados médicos falsos para no asistir al trabajo ese día.
Las versiones descriptas en esas comunicaciones privadas no cuentan, por ahora, con validación administrativa ni judicial. Las fuentes judiciales consultadas por LA NACION aclararon que en el expediente no está acreditada la realización de fiestas sexuales, como trascendió en algunos medios, sino reuniones en domicilios privados en las que, siempre según la investigación, habría existido intercambio o autosuministro de ese tipo de medicamentos.
Zalazar fue hallado muerto en su departamento, ubicado en Palermo, el pasado viernes 20 de febrero a las 17. Según información del SAME, el personal policial y el médico arribaron al lugar tras un llamado de un familiar que manifestó no tener comunicaciones con el anestesista desde el día anterior. “Al ingresar al departamento, observaron al nombrado tendido en el suelo de la habitación, sin signos vitales. Se observó junto al cuerpo una vía conectada en el pie derecho y elementos descartables para inyecciones. No se observaron signos de violencia ni en el cuerpo ni en el inmueble”, detallaron.
Además de la causa judicial por la sustracción de los fármacos, un segundo expediente investiga como muerte dudosa el fallecimiento de Zalazar.
En sus redes sociales, la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez publicó el pasado lunes 23 de febrero un comunicado despidiendo a Zalazar. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Dr. Alejandro Zalazar, anestesiólogo de guardia de nuestro hospital. Acompañamos a sus familiares y compañeros en este doloroso momento”.
