El sistema universitario argentino arranca el ciclo lectivo 2026 con un clima cada vez más tenso. Los gremios docentes decidieron convocar a un paro nacional a partir del 16 de marzo en reclamo por la falta de actualización salarial y por la demora en la transferencia de fondos que dependen del Estado nacional. La protesta se da en un contexto donde el gobierno de Javier Milei mantiene frenada la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y busca avanzar con un proyecto propio.

El conflicto se arrastra desde hace meses. Durante 2024, las universidades públicas protagonizaron fuertes movilizaciones por el retraso en los giros presupuestarios. Más tarde, con impulso de la oposición, el Congreso sancionó una norma que buscaba recomponer los salarios del sector. El Presidente la vetó, aunque el Parlamento terminó insistiendo con su aprobación en ambas cámaras.

A pesar de esa definición legislativa, la implementación de la ley permanece paralizada. Incluso existe un fallo judicial que obliga al Ejecutivo a aplicar las transferencias correspondientes. Mientras tanto, el oficialismo presentó un nuevo proyecto con incrementos más acotados y la promesa de liberar fondos en caso de que esa iniciativa sea aprobada.

El inicio del cuatrimestre está a la vuelta de la esquina para la mayoría de las casas de estudio. En ese escenario, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten que el desarrollo del ciclo académico podría verse comprometido no solo por el deterioro salarial sino también por la falta de recursos para gastos básicos y becas estudiantiles.

El presidente del organismo, Oscar Alpa, describió la gravedad del escenario. “El 93% del presupuesto universitario se destina a salarios, que están totalmente deprimidos”, señaló en diálogo con TN. También alertó que varios docentes decidieron abandonar sus cargos ante los bajos ingresos. Desde el CIN sostienen que la salida debe ser el cumplimiento de la ley vigente.

En paralelo, algunos rectores admiten que un eventual avance del nuevo proyecto podría ayudar a destrabar parte del conflicto, aunque esa postura no es compartida por todos los responsables de las universidades nacionales.

La interlocución entre el sistema universitario y el Gobierno está a cargo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que depende de la Secretaría de Educación conducida por Carlos Torrendell. Según Alpa, el último encuentro formal ocurrió en febrero. “La única reunión que hubo fue en febrero. Ahí el Gobierno informó que iban a elevar un proyecto de financiamiento con sus lineamientos. Desde ese momento no se hizo otra convocatoria. El paro es por la no aplicación de la ley vigente y por no convocar a paritarias docentes”, explicó a Infobae.

Las cifras económicas reflejan la profundidad del problema. El presupuesto destinado a universidades atraviesa su nivel más bajo en casi dos décadas. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% de poder adquisitivo frente a la inflación, mientras que el gasto real en universidades cayó 30,4% respecto al mismo período de 2023, según cálculos de Chequeado. Para 2025, la contracción real supera el 32%.

Los datos del portal Presupuesto Abierto muestran además que, a esta altura del año, las transferencias hacia la mayoría de las universidades alcanzan apenas el 16% del total previsto.

Frente a ese panorama, organizaciones como la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y CONADU reclaman el pago de una recomposición salarial pendiente del 51%. También denuncian el incumplimiento de la ley aprobada por el Congreso en octubre de 2025, que establece la actualización automática de salarios y partidas presupuestarias según la inflación.

Las entidades sindicales adelantaron que, si no hay respuestas, las medidas de fuerza podrían escalar. Entre las opciones analizadas aparecen movilizaciones, paros sucesivos e incluso la posibilidad de extender las protestas “por tiempo indeterminado”.

Las cifras difundidas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) reflejan la magnitud del deterioro salarial. El proyecto oficial mantiene congelada la garantía salarial desde hace un año, lo que implica que algunos docentes continúan percibiendo $250.000 por cargos de 10 horas semanales.

La ley vigente fue sancionada luego de que el Congreso revirtiera varios vetos presidenciales. El texto obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, actualiza gastos de funcionamiento y contempla partidas para hospitales universitarios, ciencia y tecnología. También establece convocatorias periódicas a paritarias con mecanismos automáticos de ajuste.

Sin embargo, en diciembre de 2025 el Gobierno promulgó la norma pero decidió suspender su ejecución hasta definir nuevas fuentes de financiamiento dentro del Presupuesto. Esa decisión llevó al CIN a presentar un amparo judicial.

El juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores y ordenó la aplicación inmediata de la ley. Aun así, en febrero de 2026 el Ejecutivo apeló la resolución y avanzó con su propio proyecto legislativo, que para universidades y gremios modifica el espíritu de la normativa original.

Dentro del Gobierno reconocen que no hay intención de abrir múltiples debates legislativos hasta abril, aunque el caso universitario podría convertirse en una excepción.

Dirigentes del oficialismo que siguen de cerca el tema señalan que la decisión final dependerá de una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde se definirá la agenda de iniciativas libertarias que se enviarán al Congreso en las próximas semanas.

La discusión también tiene un costado político. En algo más de un mes se realizarán las elecciones en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde La Libertad Avanza busca ganar presencia en facultades como Derecho, Económicas e Ingeniería. Un conflicto prolongado con el sistema universitario podría impactar en ese escenario.

El nuevo proyecto impulsado por el oficialismo plantea una recomposición salarial más acotada. Propone tres aumentos del 4,1% cada uno, que comenzarían en marzo de 2026, y reconoce únicamente la pérdida salarial correspondiente a 2025, sin contemplar el deterioro acumulado entre 2023 y 2024.

Un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional junto con Feduba sostiene que la iniciativa reduce significativamente el monto destinado al sistema universitario. Según ese análisis, la obligación de sumar más de $2,7 billones al presupuesto 2026 se transformaría en apenas $187.744 millones, lo que implica una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores del sector.

El texto también introduce cambios en el funcionamiento de las paritarias. Si bien mantiene la convocatoria trimestral, elimina el requisito de ajuste mensual de salarios según el índice de inflación que publica el INDEC.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, la propuesta limita la actualización automática solo a situaciones donde la inflación anual supere el 14,3%. La ley vigente, en cambio, establecía actualizaciones periódicas de acuerdo con el índice de precios al consumidor.

Otra modificación alcanza al sistema de salud universitario. Mientras la normativa aprobada por el Congreso obligaba a actualizar las partidas bimestralmente durante todo 2025, el nuevo proyecto reemplaza ese mecanismo por un aumento fijo de $80 mil millones y elimina la actualización periódica.

El cambio más relevante, según el mismo informe, es la eliminación de la recomposición presupuestaria vinculada a la inflación de 2024. Bajo ese esquema, las pérdidas acumuladas por el sistema universitario durante ese período no serían recuperadas dentro del nuevo modelo de financiamiento.