El comercio mundial de energía está sumido en el caos, ya que la guerra en torno al golfo Pérsico estrangula los envíos de petróleo y gas natural, lo que hace que los precios se disparen. Mientras, el Gobierno argentino privatiza la importación. Un nuevo operador gestionará el pico invernal.

El conflicto armado en Medio Oriente no solo disparó señales de alerta sobre los precios del crudo que en el caso del Brent se acerca peligrosamente a la barra de los u$s100 por barril, sino que se extiende al comercio global del Gas Natural Licuado (GNL), del cual el país es aún comprador estacional que pasó de alrededor de 10 dólares a cerca de 20 dólares por millón de BTU.

Para Argentina ese número no es abstracto. El sistema energético todavía depende del GNL para atravesar los meses de mayor consumo. El gasoducto de Vaca Muerta mejoró el panorama porque permite transportar más gas desde Neuquén hacia los centros urbanos. Pero la producción local todavía no alcanza para cubrir la demanda invernal. 

En este contexto, el país se prepara para cubrir el pico de demanda invernal bajo una modalidad inédita en dos décadas a partir del traspaso del control de las importaciones de GNL hacia manos privadas, mediante una licitación pública internacional en marcha. Este giro en la política energética local ocurre en un momento de fragilidad logística internacional. 

El cierre virtual del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del gas y petróleo mundial, paralizó el despacho en Qatar, uno de los mayores exportadores del planeta. Como resultado, el indicador TTF de Europa -referencia clave para las compras argentinas- registró un salto del 70% desde el 24 de febrero al 6 de marzo, lo que obliga a recalcular los costos de un suministro que el país necesita asegurar en cuestión de semanas.

El proceso de desregulación, oficializado mediante el Decreto 49/2026, estableció que un "agregador-comercializador" privado reemplace el rol histórico que cumplía la estatal Enarsa en la compra de cargamentos. Esta nueva figura debe gestionar la logística y el financiamiento de los buques regasificadores, asumiendo riesgos de mercado que hasta el año pasado recaían exclusivamente en el Tesoro Nacional. 

Un cambio de paradigma en la gestión

El principal desafío para el futuro operador privado reside en un complejo desfasaje temporal de precios. El esquema diseñado por el Gobierno y la complejidad misma del mercado obliga al comercializador a cerrar los principales contratos de compra con los comercializadores internacionales durante los meses de marzo y abril, cuando no es posible anticipar si la volatilidad por el conflicto en Irán podrá bajar o seguirá en alza. 

Sin embargo, ese recurso se venderá a las distribuidoras locales recién dos o tres meses después, durante el pico de consumo invernal, lo que puede generar una renta extraordinaria en caso de que el combustible mantena esta volatilidad alcista o generar un bache financiero que requiere de una espalda de capital considerable, explicaron voceros del sector.

Este escenario expone al adjudicatario a un riesgo cambiario y de mercado que podría volverse inmanejable. Mientras el precio de adquisición queda cristalizado en el momento de la contratación internacional, el precio de venta final en el mercado interno debe responder a una estructura de tarifas que no siempre se ajusta con la misma celeridad. Sin mecanismos de cobertura claros, el operador privado corre el riesgo de sufrir un estrangulamiento de caja, advierten los analistas.

La ingeniería financiera se vuelve aún más compleja al observar el mecanismo de selección de la licitación. Al basarse en la oferta de la menor tarifa en USD/MMBTU, el modelo busca eficiencia, pero deja un margen de error casi inexistente, poniendo en duda la sustentabilidad de toda la operatoria para este primer invierno sin Enarsa.

Para mitigar estos riesgos, la Secretaría de Energía introdujo una "cláusula de seguridad" que le permite al Estado adquirir volúmenes adicionales ante cualquier amenaza al suministro. Esta reserva es una admisión implícita de que la capacidad de respuesta del sector privado podría verse desbordada por factores exógenos. Si el agregador no logra utilizar plenamente la capacidad de regasificación de las terminales de Escobar o Bahía Blanca, o si las ventanas de arribo de los buques se ven alteradas por la logística global, será el Estado quien deba volver a intervenir de emergencia.

El costo de importación en invierno

Para entender la magnitud del mercado que el Gobierno decidió delegar, basta observar el desempeño de la balanza energética en los últimos dos años. Durante 2024 de acuerdo a las cifras públicas de Enarsa, la Argentina importó un total de 30 cargamentos de GNL por un monto aproximado de u$s672 millones. En aquel invierno, el precio promedio por cada millón de BTU (MMBTU) se ubicó en torno a los u$s10,7, una cifra que permitió un ahorro significativo respecto de los picos históricos de la pospandemia.

Sin embargo, el escenario de 2025 mostró una dinámica diferente que sirve de advertencia para el nuevo operador privado. El año pasado, la cantidad de buques se mantuvo en niveles similares —se adjudicaron finalmente 27 barcos— pero el costo total ascendió a cerca de u$s740 millones. Este incremento respondió a un precio promedio de importación más elevado, que osciló entre los u$s12,5 y los u$s13,6 por MMBTU en las licitaciones de Enarsa.

En 2024, el país logró reducir las importaciones en más de u$s1.000 millones respecto del año anterior porque la engrada en oepración de nueva infraestrutura de transporte como el gasoducto Perito Moreno permitió un mayor abastecimiento del mercado local. Aquel año fue el primero en que estuvo operativo durante los 12 meses el nuevo gasoducto que aportó más de 20 MMm3/d.

En 2025 esa tendencia se estancó, pero en este caso parte de las importaciones de GNL no fueron para el abastecimiento de la demanda prioritaria (usuarios residenciales) sino a desplazar parte de los combustibles más caros y contaminantes como el gasoil y el fuel oil que utilizan las centrales térmicas.