Según el informe “Percepción de la inflación e ingresos de los argentinos”, elaborado por Q Social, durante el mes de enero, se registró un notable recrudecimiento en la percepción de la inflación. Mientras que en diciembre el 58% de los encuestados consideraba que los precios habían aumentado "mucho o bastante", en el primer mes del año esa cifra escaló al 65%, marcando un incremento de 7 puntos porcentuales en la sensación de pérdida de poder adquisitivo.
Consultados por el recorte de gastos para llegar a fin de mes 7 de cada 10 argentinos se vieron obligados a recortar gastos esenciales para poder llegar a fin de mes. Durante septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero más del 70 % de los encuestados manifestó la necesidad de importantes recortes. “Esta cifra evidencia que la fragilidad financiera sigue siendo la norma para la gran mayoría de la población”, analizó la consultora tras los resultados.
Otro eje de análisis fue la comparación entre la economía personal y la economía del país. Un fenómeno central de este período es la creciente disociación entre la percepción del rumbo país y la realidad económica personal. Los datos reflejan que la economía familiar no experimenta cambios positivos y el estancamiento en el bienestar del hogar permanece sin cambios. Por su parte, en la economía general existe un segmento creciente de la población que reconoce mejoras en los indicadores macroeconómicos del país, pero advierte que dicho progreso no ha tenido un efecto derrame en su economía cotidiana.
Analizando los resultados, parece que la paciencia de la ciudadanía frente al programa económico parece estar sostenida, no por una mejora tangible en su calidad de vida, sino por la expectativa de que el ordenamiento macroeconómico eventualmente llegue a los hogares. Esta variable resulta crucial para monitorear el apoyo al gobierno.
“El riesgo reside en la extensión temporal de esta brecha: si la mejora general no se traduce pronto en un alivio real para el bolsillo, la distancia entre el éxito de las estadísticas oficiales y la experiencia del ciudadano común podría convertirse en un foco de conflicto y erosión del consenso social”, concluyó el informe.
El universo encuestado fue de 1200 casos de ciudadanos mayores de 18 años del 5 al 23 de enero. Con un error de +/- 2,9% y un nivel de confianza del 95%.
