Un fallo judicial emitido por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca marcó un antes y un después en la política de recortes aplicada por el Gobierno nacional sobre las pensiones por discapacidad. El juez Guillermo Díaz Martínez ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer de manera inmediata todas las pensiones suspendidas o retenidas en el país y abonar los haberes adeudados a los titulares. La resolución, de alcance nacional, también intimó al organismo a abstenerse de ejecutar nuevas suspensiones o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, norma que había endurecido las condiciones para acceder al beneficio y que sirvió de marco para la quita masiva de pensiones en los últimos meses.

El fallo se dio a conocer luego de una nueva jornada de tensión en la sede del organismo en el barrio porteño de Belgrano.

La sentencia del Juzgado catamarqueño se da en el marco de un acción colectiva iniciada, entre otros, por la Asociación Azul, ACIJ, el CELS y por personas afectadas, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

En el fallo, Martínez resolvió: “HACER EXTENSIVO A TODO EL TERRITORIO NACIONAL la medida cautelar dictada en fecha 12 de Septiembre de 2025 y en consecuencia ORDENAR a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro (24hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorias con base en la normativa cuestionada (dec.843/2024) y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.

En el escrito, reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa.

El fallo también designa como representantes adecuados del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, por su trayectoria y vinculación con la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Este viernes, un grupo de manifestantes ingresó a la sede de ANDIS en el barrio porteño de Belgrano, exigiendo ser recibidos por las autoridades del organismo. El interventor, Alejandro Vilches, se negó a recibir un petitorio firmado por familiares de personas con discapacidad, que reclaman la promulgación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno viene posponiendo.

Las autoridades habían mantenido una reunión de apróximadamente media hora, pero no llegaron a un acuerdo y causaron enojo en los manifestantes autoconvocados. "Con esas cosas, uno va juntando mucha bronca. Y cuando vinimos acá a marchar, quisimos entregar el petitorio, y no lo aceptó. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico. Que no acepte el petitorio es un montón. Es un destrato, es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos", remarcó la actriz Valentina Bassi, parte de los familiares que marcharon.

La ANDIS se encuentra intervenida tras el escándalo de corrupción que destapó una investigación de Carnaval Stream, luego de la revelación de una serie de audios del exdirector Diego Spagnuolo, en el que detallaba un entramado del que formaban parte altos funcionarios del Gobierno nacional y otros agentes, como la Droguería Suizo Argentina S.A.

Además, este medio dio a conocer cómo el Gobierno había ordenado suspender medio millón de coberturas para este 2025 y cómo los empleados festejaban cada vez que cumplían con un determinado número de bajas. Tras la investigación de los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro, se demostró que gran parte de las bajas se dieron al azar y de manera virtual, y que premiaban a los trabajadores del organismo que dejaban a mayor cantidad de personas sin cobertura.