Hoy se promulgó la Ley 27.793 que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027 en busca de aplacar la situación crítica del sector con mejoras en el financiamiento de pensiones, prestaciones básicas y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre otras cuestiones.

 

El financiamiento provisorio de los gastos que representará la nueva ley hasta el 31 de diciembre se detalló en el anexo de la decisión administrativa 24/2025 de la Jefatura de Gabinete, de modo complementario al decreto 681/2025 que promulga la nueva ley, ambas medidas publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Pero el decreto no solo promulga la nueva ley, sino que precisa las erogaciones adicionales que implicará su implementación, además de advertir que esa ejecución se encuentra “suspendida” hasta que el Congreso determine específicamente su financiamiento, tal como lo establece la ley 24.156 de Administración Financiera.

Según marcan las autoridades libertarias como forma de evitar la vigencia de la ley, el Congreso de la Nación “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”. El texto agrega que la facultad otorgada al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.

"La decisión del Presidente Milei es arbitraria, ilegal y antidemocrática", sostuvo el exdiputado y Director del Instituto Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez, que señaló que esta estrategia del Ejecutivo podría ser judicializada.