El fallo de la jueza Viviana Dobarro dispuso suspender la aplicación de los artículos 2, 3, 5 al 7, 9 al 11, 14 y 25 al 27 del DNU 340/2025 y mantuvo vigentes las normas que dichas disposiciones derogaban o modificaban. En la resolución se destaca que los trabajadores marítimos son un sector socialmente vulnerable y que el decreto fue dictado mientras el Congreso estaba en funcionamiento, lo que agrava su ilegitimidad. La medida cautelar respondió a la acción de amparo presentada por los gremios. En el escrito se señaló que el decreto fue dictado sin respetar la Constitución y que vulnera derechos laborales, sindicales y de organización. La jueza interviniente argumentó que las reformas impulsadas vía decreto podrían afectar derechos garantizados por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, y citó jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el uso limitado de los DNU.
“Es una determinación favorable, ya que le pone un límite y suspende la acción nociva que ese decreto traía consigo y que nosotros habíamos denunciado hace mucho tiempo. Queremos pedirle al Poder Legislativo también que derogue el decreto y si hay que tratar temas que tengan que ver con el desarrollo de la Marina Mercante hay proyectos confeccionados por los trabajadores que tienen estado parlamentario. Sería propicio que se empiecen a tratar esos proyectos y que podamos aportar para el crecimiento de la Argentina, consolidar su soberanía y generar nuevamente una actividad pujante pero que sea en beneficio de todos y no para un grupo minúsculo de intereses que en algunos casos que no son ni siquiera argentinos”, explicó Mariano Moreno, capitán y secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.
El gremio hizo hincapié en el daño que causa la apertura del Cabotaje Nacional a banderas extranjeras, la competencia desleal sobre las condiciones de trabajo de la tripulación, la carencia o inexistencia de Convenios Colectivos de Trabajo, el desinterés en la profesionalización y capacitación de los trabajadores y el desmedro de la seguridad en la navegación.
“Es importante que la Justicia se expida a favor de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores de la Marina Mercante y nos brinde el primer límite al avasallamiento que implica esta desregulación sobre la actividad, que en definitiva no deja de ser una regulación, pero en contra de los intereses nacionales”, argumentó Moreno.
"Por otro lado, si bien pone un límite, no resuelve el tema de fondo, ya que los trabajadores continuaremos en la lucha por la inhabilitación de este decreto, la Defensa de la Soberanía Nacional y el Desarrollo de la Marina Mercante Nacional”, agregó el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.
