El gobierno de Javier Milei dio este martes un nuevo paso hacia la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al publicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, que autoriza la venta total o parcial de las acciones que el Estado posee en la compañía y modifica más de 100 artículos del marco regulatorio del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La normativa indica que la actualización del marco regulatorio, que establece los deberes y atribuciones de la concesionaria, entre ellas la facultad de cortar el servicio en caso de mora, y la modificación en el artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía que el 90% del capital de la sociedad pertenece al Estado Nacional así como también la prohibición de transferencia de sus acciones, "se presentan como una condición esencial para posibilitar el ingreso de capital privado a la sociedad, habida cuenta de que el régimen actualmente vigente fue diseñado para una sociedad de carácter estatal, lo cual dificulta su adecuación hacia los nuevos objetivos de gestión, eficiencia e inversión que esta Administración busca cumplir”.

“En este sentido, el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”, argumenta el texto oficial.

La medida, explicó el Gobierno, “se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público, lo que se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de AySA, cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

En esa dirección, puntualiza que “entre los años 2006 y 2023 el Estado Nacional hizo transferencias del Tesoro Nacional en favor de AySA por unos 13.400.000.000 de dólares, que fueron suficientes para evitar “un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA, reflejados en una disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros”.

Ante este escenario, el Gobierno considera “indispensable avanzar en la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura” y “adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales a cargo de AySA, sin que ello implique, en ningún caso, interrupciones ni situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio”.