Cristina Kirchner logró una buena noticia en la Justicia. Mario Villar, el fiscal general de la Cámara Federal de Casación, presentó un escrito en el Tribunal para que sea retirado el pedido para que la expresidenta cumpla su condena de 6 años de prisión en una cárcel común.
El planteo que impulsaron sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían apelado la domiciliaria y querían revocar ese beneficio, quedó desactivado. Villar dejó en claro que no comparte esa postura. “La sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida”, sostuvo en el escrito presentado ante el tribunal.
Pese a ese giro, el fiscal sí mantuvo un pedido paralelo: que Cristina Kirchner cambie su lugar de detención. La dirigente actualmente cumple la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, y según Villar, “la presencia allí genera complicaciones para los vecinos del barrio y las personas que deben transitar por la zona”. También alertó sobre “las salidas al balcón”, que representarían un riesgo de seguridad.
Además, se plantó firme ante el pedido de la defensa de la ex mandataria para sacarse la tobillera electrónica. Villar sostuvo que debe continuar usándola, y cuestionó que el tribunal haya permitido la audiencia sin contar previamente con los informes necesarios para evaluar esa solicitud. “Ningún juez de la República Argentina se encuentra autorizado normativamente a dispensar de la colocación del dispositivo electrónico de control salvo que se cuente previamente con los informes”, remarcó.
La audiencia para tratar todos estos puntos se llevó a cabo este mediodía en la Cámara Federal de Casación Penal, donde expusieron los abogados de la ex presidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, además del propio Villar. Luego de la exposición de las partes, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quedaron en condiciones de dictar una resolución. Tienen hasta cinco días hábiles para hacerlo, aunque se espera que definan esta misma semana.
El 17 de junio pasado, el Tribunal Oral Federal 2 (conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) había otorgado la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner. Lo hizo por pedido de la defensa, tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, y argumentó razones de seguridad vinculadas a su edad (72 años) y al intento de magnicidio sufrido en septiembre de 2022. Según explicaron, si iba a una cárcel, se iba a requerir un régimen de aislamiento indefinido, lo que no es compatible con una ejecución penal normal.
El fallo fijó que CFK puede recibir en su domicilio a familiares, médicos, custodios y abogados sin autorización judicial previa, siempre que estén registrados en una lista presentada ante el tribunal. Toda otra visita necesita permiso del juzgado. Esto se aplicó, por ejemplo, en la reciente visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien debió pedir autorización para ingresar al domicilio.
Entre las condiciones impuestas por el TOF 2, también se destaca el uso obligatorio de tobillera electrónica y la obligación de no alterar la convivencia vecinal ni generar disturbios en la zona.
El debate ahora se concentra en si corresponde o no cambiar el domicilio de cumplimiento, mantener o levantar el control electrónico, y cómo debe gestionarse el régimen de visitas. Mientras tanto, Cristina Kirchner permanece en su departamento en la calle San José, con su condena firme, bajo custodia electrónica y a la espera del fallo de la Cámara de Casación.
