El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que suspende la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima e interrumpió las modificaciones por el plazo de al menos seis meses. Esta decisión judicial frena temporalmente la implementación del Decreto 116/2025, emitido por el Poder Ejecutivo, que disponía la conversión del BNA en una sociedad anónima con el objetivo de modernizar su estructura operativa y jurídica.
Según el Gobierno, la transformación buscaba ampliar el financiamiento de la entidad para incrementar los préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes) y familias, alineando al banco con prácticas internacionales.
Sin embargo, la medida generó críticas y preocupaciones en diversos sectores. La Asociación Bancaria, gremio que representa a los empleados del sector y encabezado por Sergio Palazzo, solicitó la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución que avanzaba hacia la privatización del BNA. El sindicato argumentó que la transformación podría desproteger un activo de suma importancia para las arcas del Estado y afectar funciones esenciales en la administración de fondos de jubilaciones y pensiones.
En su fallo, el juez Ramos Padilla resolvió "hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender los efectos del Decreto 116/2025, previa caución juratoria que deberán prestar los accionantes, por el plazo de seis meses, conforme lo dispuesto en el art. 5 de la ley 26.854". El magistrado señaló que la administración libertaria no acreditó que el ente resultara deficitario ni demostró el perjuicio concreto que produciría en los contribuyentes o en el funcionamiento del Estado. Además, destacó que el Poder Ejecutivo asumiría el riesgo de desproteger un activo fundamental para las arcas del Estado, que ha tenido un rol esencial en mitigar crisis económicas y financiar el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país.
La Justicia suspendió el decreto que transformaba el Banco Nación en sociedad anónima: los fundamentos de la medida
El juez también hizo referencia a la Ley de Bases, aprobada en junio de 2024, en la que el BNA quedó fuera de la lista de empresas sujetas a privatización. Indicó que, de aceptarse la lógica interpretativa del Poder Ejecutivo, la entidad podría ser objeto de disolución, a pesar de que el Congreso de la Nación se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de su privatización y a favor de su continuidad como ente autárquico público.
La Asociación Bancaria celebró el fallo a través de un comunicado, expresando satisfacción por la decisión judicial que transformó la medida cautelar interina en una medida cautelar por los próximos seis meses. El sindicato resaltó que el Poder Ejecutivo se excedió en los límites que el Congreso le otorgó al realizar la delegación de facultades y que el camino hacia la privatización queda detenido momentáneamente. Asimismo, la Asociación Bancaria se declaró en estado de alerta y movilización, reafirmando su compromiso en la defensa del Banco Nación como entidad pública y estatal.
El Banco de la Nación Argentina, fundado en 1891, es la mayor entidad financiera del país. Cuenta con activos por aproximadamente 48 billones de pesos, depósitos y otras obligaciones por 33 billones de pesos y un patrimonio neto de 15 billones de pesos. La entidad posee una amplia presencia nacional e internacional, con 721 sucursales en Argentina y cuatro en el exterior: Nueva York, Madrid, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Además, tiene agencias y representaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, Brasil, Paraguay y China.
La transformación del BNA en sociedad anónima fue presentada por el Gobierno como una estrategia para modernizar la operación del banco estatal, permitiendo mayor competitividad, acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la implementación de estrategias comerciales más dinámicas y eficientes. La medida también buscaba introducir mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y una administración más profesional. Sin embargo, la decisión fue rechazada por la Asociación Bancaria, que la consideró un intento de promover intereses específicos y cuestionó la necesidad de modificar una entidad exitosa en su formato público y estatal.
El fallo del juez Ramos Padilla representa un revés para el Gobierno de Javier Milei en su intento de transformar al BNA en una sociedad anónima. La suspensión de los efectos del Decreto 116/2025 por seis meses implica que, durante este período, el banco continuará operando bajo su estructura actual como ente autárquico público. Este plazo otorgará tiempo para que se realicen las evaluaciones y debates necesarios respecto a la conveniencia y legalidad de la transformación propuesta.
La situación del BNA se enmarca en un contexto más amplio de discusión sobre el rol de las empresas estatales en Argentina y las políticas de privatización impulsadas por el Gobierno. La transformación del banco en sociedad anónima podría facilitar una eventual incorporación de capital privado en el futuro, lo que genera preocupación en sectores que defienden la permanencia del BNA como entidad pública al servicio del desarrollo económico y social del país.
