Javier Milei (La Libertad Avanza)  reglamentó uno de los artículos de la Ley Bases referidos a la reforma del Estado nacional, específicamente, la implementación del silencio administrativo positivo.

La medida regirá a partir del 1º de noviembre de 2024 para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados y un mes después, desde el 1° de diciembre, en los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Nacional, según lo publicado en el Boletín Oficial.

También se establece que la Jefatura de Gabinete determinará en un plazo de 15 días a cuáles trámites se les podrá aplicar el silencio con sentido positivo.

Pero, ¿qué significa en la esfera jurídica el término silencio administrativo? ¿Qué cambió con la Ley Bases? Te lo contamos en esta nota.

Desregulación del Estado: ¿qué establece el silencio positivo que impulsa Javier Milei?

La medida establece que "a partir del 1 de noviembre de 2024 las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o de la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos".

De esta manera, ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en 60 días, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.

Para el abogado Diego Armesto, "el silencio administrativo favorece al administrado y permite lograr la obtención de un resultado frente al silencio, cuando antes el silencio era negativo.

"Es decir, antes cuando la Administración no decía nada estaba negando lo peticionado. Ahora esto obliga a que la Administración deba llevar adelante una mayor celeridad en los procesos administrativos que tiene frente a sí", explicó Armesto.

En torno a la Defensa del Consumidor, el abogado sostuvo que "hay que ver si está alcanzado este tema, pero si no se dice en la normativa reglamentaria podemos decir que no estamos frente a la posibilidad de contemplar esta figura del proceso", al igual que en otros trámites de orden civil como sucesiones en los que no interviene la Administración Nacional.

El silencio positivo regirá a partir del 1 de noviembre de 2024 y será obligatorio para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, en tanto que a partir del 1 de diciembre sucederá lo propio para los organismos descentralizados.

¿Cuáles son los alcances del silencio positivo del Estado?

El silencio administrativo positivo se aplicará en aquellos planteos que requieran un pronunciamiento concreto de la Administración Nacional.

En ese sentido, sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo.

Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la Administración.

Asimismo, cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo.

La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

Sin embargo, el silencio positivo no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio.

Una vez configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa.

¿Qué dijo Federico Sturzzeneger del silencio positivo?

Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se trata de un "mecanismo ‘anti- coimas’ porque antes el funcionario podía ‘cajonear’ el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo. Ahora ese poder desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve".

Además, el ministro considera que se trata de un sistema "anti- extorsiones" debido a que "permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla. Antes se podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Ahora esa potestad del funcionario desaparece".

"Las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el kirchnerismo: amenazar o imponer multas delirantes para silenciar cualquier disenso. Eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano ante la arbitrariedades del Estado", agregó el funcionario.

Además, "se elimina la necesidad de agotar la vía administrativa para una serie de circunstancias. La necesidad de agotar las instancias administrativas también permitía "cajonear" una demanda contra el Estado. El cambio genera una mayor protección del ciudadano".

¿El silencio positivo abre la puerta a negocios inmobiliarios?

Durante su tratamiento en el Senado, la legisladora de Unión por Todos (UxP) Juliana Di Tullio había advertido que esta modificación estaba destinada a habilitar "negocios inmobiliarios" de privados pero con bienes del Estado.

Di Tulio se lo había planteado a Carlos Nielsen Enemark, el abogado que envió el gobierno nacional para responder las preguntas de los senadores en torno a estas cuestiones.

La senadora planteó: "Póngale que yo me quedo con la tierra que tiene AABE, que no me contestó en 60 días, entonces el sentido es positivo y ahí yo exijo la inscripción registral, la emisión de certificado y la autorización correspondiente en sede administrativa ¿Es correcto lo que estoy diciendo?".

Nielsen Enemark le respondió que estaba en lo cierto y dijo que esa iniciativa "tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados".

De todos modos, explicó que el silencio positivo "no opera respecto de situaciones que están prohibidas por el ordenamiento jurídico y que solamente se pueden realizar a partir de un acto administrativo (permiso administrativo)".

Por ejemplo, si una persona pide que se le "permita" cortar una calle para hacer una manifestación, el silencio de la administración no implica asentimiento".