"¿A vos te parece que un juez federal de la Nación y una Cámara le puede decir al Poder Ejecutivo: ‘mandenme el plan de distribución de alimentos’? ¿Quién se cree que es la Justicia? ¿No hay separación de poderes? La administración es del Ejecutivo.”
La frase que el jefe de gabinete Guillermo Francos disparó contra el juez Sebastián Casanello y los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico impactó de lleno en los pasillos tribunalicios, que desde hace tiempo observan con cierta preocupación y molestia varios de los manejos de la gestión de Javier Milei en lo relativo a lo judicial.
La causa por los alimentos y las múltiples denuncias en Comodoro Py contra Sandra Pettovello por la firma de contratos irregulares con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)-que develó una investigación, solo evidencia que se viene una temporada de actividad judicial. La reacción oficialista, hasta ahora, no ha sido de demasiada paciencia sino de todo lo contrario: como en el resto de los ámbitos, ante un desacuerdo, el ataque ha sido la respuesta.
La relación entre el ámbito judicial y la gestión de Javier Milei había comenzado con cierta expectativa por un lado y con reticencia, por el otro. En la Asociación de Magistrados, el ministro Mariano Cúneo Libarona había realizado un discurso donde habló de respetar la Constitución y la ley, además de asegurar que no habría “presiones a los jueces”.
En ese mismo acto, los jueces plantearon una serie de inquietudes, entre ellos el tema Ganancias y algunas desprolijidades administrativas que quedaron luego de reformas y toqueteos en las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Justamente ese tema quedó clausurado en la Ley Bases: no habrá contemplación ni la revisión que pedían los jueces y empleados. En este momento, el piso en el Poder Judicial es de 500 mil pesos, algo que consideran totalmente irrisorio.
Más allá de esto, los cruces y ninguneos de varios funcionarios no cayeron bien. Tampoco que las críticas en público y en privado a la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. “Al menos tres jueces de la Corte han tomando una posición bastante poco amigable con el DNU”, dijo en abril el presidente con respecto a Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, que en ese momento no habían dicho nada sobre el decreto. Es más, las intervenciones hasta ahora del Máximo Tribunal han sido desestimaciones a recursos contra el DNU. ¿Mal asesoramiento al presidente?
El "acusatorio-gate" tampoco colaboró a las relación tirante. Para recordar: Cúneo anunció el 14 de marzo que el sistema que pone a los fiscales a cargo de las investigaciones federales en Rosario iba a arrancar el 18 de marzo. Tras las advertencias de jueces, fiscales, defensores, abogados y fuerzas de seguridad, tuvo que admitir que no era posible y finalmente comenzó el 6 de mayo. En el medio, la falta de presupuesto se hizo notar. “Parece más preocupados en cerrar oficinas que realmente dotar de recursos necesarios para mejorar la gestión judicial”, ironizaron desde los tribunales rosarinos.
En Comodoro Py, consideran que el rol de Cuneo Libarona como interlocutor está desdibujado. “¿Acciones en baja o boleto picado?", ironizaba un fiscal que ya lleva más de una década en el principado de Retiro. Allí se hacen eco de una supuesta molestia del presidente con el ministro.
El escenario de incertidumbre se extiende a los pliegos de aquellos que lograron la aprobación de una terna en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es la certeza que tienen los que sean finalmente elegidos si el gobierno no consigue votos en el Senado? En un escenario de vacantes, hay quienes especulan con que no habrá nuevos jueces en pos de un ahorro de sueldos. El enunciado, insólito ante todo, se potencia si se ven los tweets de Milei con respecto a “la caja”.
Justamente en el Senado, el mileismo se juega una ficha clave: conseguir que el juez Ariel Lijo llegue a la Corte Suprema, para lo que necesita nada más y nada menos que dos tercios de los votos de los senadores presentes. Panorama abierto.
