El Gobierno nacional busca acelerar la implementación en todo el país del sistema que permitirá que los fiscales queden a cargo de una investigación. El Ministerio de Justicia será responsable de implementar los cambios que ya rigen en Jujuy y Salta.
El Gobierno busca agilizar la implementación a nivel nacional del sistema acusatorio, que otorgará a los fiscales la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones. En este sentido, el presidente Javier Milei emitió el decreto en el que delega esta tarea al Ministerio de Justicia, retirándola de la competencia de la Comisión Bicameral de Monitoreo
El Ministerio de Justicia de la Nación informa que, en el día de la fecha, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia con el fin de modificar el esquema de implementación del Código Procesal Penal Federal.
El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal.
La ley modificada establecía que la puesta en vigencia del régimen procesal estaba a cargo de una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Honorable Congreso de la Nación. Esta Comisión Bicameral habilitó el nuevo sistema en las provincias de Salta y Jujuy en 2019. Luego de ello, el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances.
El estancamiento impide el avance del sistema procesal y perjudica seriamente el funcionamiento de la justicia federal. En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente. Es fundamental concluir la reforma sin demora, y brindar a las fiscalías las herramientas necesarias para investigar y combatir el crimen organizado, así como otros delitos que tanto afectan a nuestra sociedad.
El DNU corrige el esquema de implementación de esta política de Estado, y le asigna al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de impulsar las acciones técnicas y propiciar las adecuaciones reglamentarias pendientes para completar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el resto del territorio nacional. Este proceso será liderado por el Ministerio de Justicia de la Nación, que coordinará su labor con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación el Consejo de la Magistratura de la Nación y los colegios de abogados.
Se hará el mayor esfuerzo tendente a lograr un único sistema procesal federal en todo el país, a fin de lograr un servicio de justicia más rápido, efectivo y moderno.
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