Esta medida permite a las fuerzas federales el uso de armas de fuego sin necesidad de dar la voz de alto previamente. El protocolo, implementado durante el gobierno de Mauricio Macri y derogado por la gestión anterior, ha generado un gran debate en la sociedad por sus implicancias en materia de seguridad.

Bullrich, quien ha sido una firme defensora de la figura del policía Luis Chocobar, condenado por el homicidio de un delincuente en 2017, encabezó la conferencia de prensa junto al Secretario de Seguridad y al jefe de Prefectura Naval Argentina. En su discurso, la ministra afirmó que esta medida es parte de su compromiso de "proteger a quienes nos protegen", aunque ha sido duramente cuestionada por diversos sectores de la sociedad.

El reglamento establece que los funcionarios de las fuerzas de seguridad deben identificarse e intimar de viva voz a cesar la actividad ilícita antes de utilizar armas de fuego. Sin embargo, se exceptúa este requisito en situaciones donde dicho accionar ponga en riesgo la vida de otras personas o cuando resulte inadecuado o inútil dado el contexto. Esto ha generado preocupación y críticas, ya que se teme que pueda aumentar la violencia y los abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Es importante destacar que este reglamento no tendrá validez en el contexto de manifestaciones o protestas públicas, donde se seguirá aplicando una normativa que establece el uso de armas no letales.

Esta medida de Bullrich ha generado gran controversia tanto en el ámbito político como en el social. Mientras algunos consideran que es necesario aumentar las herramientas de las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia, otros advierten que puede llevar a un aumento de los casos de gatillo fácil y abusos por parte de las fuerzas federales.

Además, la Justicia Federal emitió una medida cautelar contra otro protocolo impulsado por Bullrich, el antipiquetes, exhortando al Ministerio de Seguridad a adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites impuestos por el sistema constitucional de derecho.

El debate sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad continúa y la medida de Bullrich ha vuelto a ponerlo en el centro de la discusión. Mientras tanto, la sociedad espera acciones concretas para garantizar la seguridad sin vulnerar los derechos humanos.