“El viernes pasado el Superior Tribunal Provincial emitió una sentencia desestimando la apelación de Altos de Unzué y del fiscal, disponiendo que la empresa no realice más ninguna obra sobre el humedal, solucione el tema del río y repare el daño ambiental. Es un fallo importante, pero es el cuarto o quinto que indica lo mismo y nunca cumplen, de todos modos es un avance”, detalló el abogado Julio Majul a INFOROSARIO.
El letrado explicó que le solicitaron al juez de Primera Instancia hace más de un mes que ordenara la paralización de las obras porque habían empezado a construir de vuelta en el barrio. Finalmente, el Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos dispuso las medidas antes mencionadas, sin embargo la empresa no realizó ningún cambio en cuanto al ambiente, aunque momentáneamente no siguió construyendo.
Todo comenzó en septiembre de 2015 cuando Julio Majul, abogado y exsenador de Gualeguaychú hizo una presentación ante la Justicia planteando el daño ambiental realizado por la empresa. En ese entonces solicitó el cese de las obras y que se repararan los perjuicios ambientales producidos por la construcción (que comenzó en 2012) del country fluvial “Amarras”, perteneciente a la empresa Altos de Unzué SA. Su pedido fue acompañado por miles de vecinos que presentaron un amparo ambiental colectivo.
El loteo al que muchos le denominan “el Nordelta de Gualeguaychú” está ubicado en Pueblo General Belgrano sobre la costa del río homónimo. Entre los argumentos esgrimidos figuran la violación de los principios preventivo y precautorio y la colisión con derechos individuales y colectivos contemplados en la Constitución y en la Ley General de Ambiente. La empresa desmanteló más de 100 hectáreas del humedal, desvió el curso del río para hacer una laguna artificial para el acceso de lanchas y yates y elevó la cota del terreno casi 6 metros con la finalidad de construir el country.
Después de fallos y apelaciones, en 2019 la Corte Suprema consideró que “se llevaron a cabo acciones que dañaron el ambiente y que por su magnitud éstos daños podrían resultar de difícil o imposible reparación”. No obstante, en los cuatro años que pasaron no hubo ningún tipo de medida ni de acción que restaurara el daño ambiental.
“La Secretaría de Ambiente debía hacer cumplir el fallo pero no hizo nada. Altos de Unzué cuenta con la complicidad de la Secretaría de Ambiente provincial y de nada menos que del fiscal de Estado, cuyo único fin de acuerdo a la Constitución Provincial debe ser defender los intereses provinciales, sin embargo constantemente ha protegido a esta empresa”, sostuvo Majul.
“Mientras, el agua del río Gualeguaychú llenó una laguna artificial del barrio que estaba seca, y ahora está repleta. Altos de Unzué no cumple con nada. La única explicación que encuentro es que detrás haya algunas personas importantes, narcotráfico y lavado de dinero”, añadió.
En este sentido, el abogado opinó que hay una “impunidad asquerosa” y que espera que la Corte tome cartas en el asunto: “se le ha tomado el pelo al Tribunal más importante, no solo a mí o la gente de Gualeguaychú”.
Esperando que de una vez por todas haya medidas concretas de restauración ambiental, Majul sintetizó: “Es un escándalo vergonzoso. Hasta ahora no han hecho absolutamente nada, pedimos con otros abogados que intervenga el fiscal por incumplimiento de la orden judicial, vamos a ver qué pasa. Es un acto delictivo no cumplir con una orden judicial, es una desobediencia. Ojalá nos toque un fiscal que tome en serio este tema. Hay apoyo de mucha gente, pero ellos se siguen creyendo impunes”. Por su parte, la Comisión Vecinal Barrio del Puerto de Gualeguaychú emitió una carta abierta dirigida a las autoridades de la ciudad, exigiendo la restauración del humedal que fue intervenido para la construcción del barrio náutico Amarras, sin la aprobación de la comunidad. En dicha carta, los vecinos y vecinas de la Comisión Vecinal manifestaron que están en alerta ante la proximidad de las crecidas del río y exigieron la reparación del ambiente.
