Nadie sabe a razón cierta que hacer, con una situación comprometedora. En la semana que pasó, la Muni de Funes -aún bajo el control del presidente del Concejo Carlos Olmedo por la licencia de Santacroce- comenzó con el operativo control de daños en el marco de la causa judicial por el basural clandestino. Todo surgió a partir de una denuncia penal del Ministerio de Ambiente santafesino, que descubrió que un predio detrás de Damfield que le había cedido a la Municipalidad se había tercerizado y, encima, se estaba utilizando como basural clandestino para volqueteros y camiones municipales, algo que no estaba autorizado.
En la región hay decenas de cavas clandestinas como veníamos denunciando en INFOROSARIO y los responsables del daño irreparable para el medio ambiente disfrutando del negocio millonario vendiendo tierras a parque industriales y nuevos loteos.
Escándalo que incluyó un cese de operaciones en la cava y un allanamiento en la casa del empresario que operaba la cava. Así surgió, por ejemplo, la información de que esta persona había sido contratada para prestar un servicio de “ordenamiento” a cambio de $11 millones por mes. Ante semejante despliegue, en la Municipalidad se prepararon para recibir un allanamiento en busca de documentación que, extrañamente, no llegó.
La Justicia debe avanzar en la causa y los responsables deben dar respuestas para que la sociedad crea en las instituciones...
El terreno, próximo a la autopista y cedido durante la gestión de Omar Perotti, debía destinarse originalmente a disposición de restos verdes. Sin embargo, el funcionamiento observado presenta indicadores que, desde el punto de vista técnico, corresponden a un esquema de disposición final no controlado.
La quema a cielo abierto genera material particulado, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, con impacto directo sobre la calidad del aire y potencial afectación sobre sectores urbanos según las condiciones del viento.
