La polémica por la obra de la Costanera Norte y el Parque Acuático sumó un nuevo capítulo judicial. El abogado Ciro Bonomelli presentó un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Civil y Comercial Nº7 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Quiroga, con el objetivo de que se revise la legalidad del proyecto impulsado por la Municipalidad. La presentación incluye además un pedido de medida cautelar para suspender los trabajos mientras se analiza el caso.

“El pedido más bien es que se analice la legitimidad de la obra y si se ajusta a las pautas del orden administrativo local y ambiental”, explicó Bonomelli en diálogo con Cadena 3 Rosario. El letrado aclaró que “no se discute la conveniencia política de la obra”, sino “si cumple con el ordenamiento jurídico local, provincial y nacional”.

El abogado detalló que representa a “dos vecinos de la ciudad de Rosario, usuarios de la Rambla y vecinos de la zona de Alberdi”, quienes decidieron acudir a la Justicia al considerar que existen dudas sobre el impacto ambiental y urbanístico del emprendimiento. “La ley 10.000 tiene una legitimación muy amplia para la defensa de intereses difusos”, explicó.

Según sostuvo Bonomelli, la principal preocupación está vinculada a la falta de información pública sobre la magnitud del proyecto. “Evidentemente algo ha sucedido en particular con esta obra, en la cual hay una escasez o falta de información respecto al potencial impacto que podría tener en la zona ribereña”, señaló.

El recurso apunta específicamente contra el decreto municipal que habilitó la licitación del denominado “Parque Acuático Costanera Norte”. “La licitación está proyectada como un parque acuático”, afirmó el abogado, aunque reconoció que luego el Ejecutivo presentó “un plan más genérico”.

Consultado sobre cuál sería el impacto ambiental concreto de las obras, Bonomelli admitió que esa evaluación debe surgir de estudios técnicos especializados. “Yo no podría determinarlo. Eso deberían decirlo expertos en materia ambiental”, remarcó. Y agregó: “Debiese existir previamente información disponible e incluso un proceso participativo”.

Uno de los puntos centrales de la presentación judicial es justamente la supuesta ausencia de estudios previos. “Frente a esta omisión encontramos un problema de legitimidad en el accionar”, indicó el letrado. Según argumentó, antes de avanzar con una obra de esta magnitud deberían haberse cumplido ciertos procedimientos establecidos en normas ambientales y urbanísticas.

Bonomelli también confirmó que la Justicia ya comenzó a intervenir. “El primer aspecto que debe analizar el juez es la admisibilidad y luego requerirle un informe a la Municipalidad con toda la documentación y la información disponible respecto de la obra”, explicó. Mientras tanto, los trabajos preliminares continúan en la zona de la Costanera Norte.

En la entrevista, el abogado insistió en que la discusión excede lo estrictamente político y abre un debate más amplio sobre el uso del espacio público y el ambiente. “Es una oportunidad muy valiosa para interpretar los nuevos principios incorporados en la reforma constitucional respecto a la tutela del ambiente, el agua y el derecho a la ciudad”, sostuvo.

Finalmente, Bonomelli aclaró que sus representados “son simplemente vecinos y usuarios del río” y negó una motivación partidaria detrás de la acción judicial. “No se trata de cuestionar la oportunidad o conveniencia de la actividad administrativa, sino de verificar si se cumplieron las reglas que exige el ordenamiento jurídico”, concluyó.

Gentileza C3