La intervención se originó en el marco de una investigación por narcomenudeo desarrollada en agosto pasado por la División Antidrogas San Francisco de la PFA, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional N° 5 de Rafaela del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la Dra. Fabiana Bertero, Secretaría de la Dra. Pilar García. Durante la pesquisa, los agentes realizaron diversas tareas de campo y análisis de información sobre un inmueble ubicado en la calle 102, en el Departamento Castellanos.

 

Allí, los investigadores comprobaron que un hombre argentino de 30 años utilizaba la vivienda para el acopio y distribución de clorhidrato de cocaína. Con las pruebas reunidas, el Juzgado Penal de Primera Instancia de Rafaela, a cargo del Dr. Gustavo Javier Bumaguin, ordenó el allanamiento el 5 de septiembre, operativo en el que los uniformados detuvieron al implicado e incautaron cientos de dosis de cocaína, tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

 

No obstante, pese a las medidas judiciales adoptadas poco después los efectivos constataron que el domicilio había sido reocupado por otros dos individuos, quienes continuaban con la venta minorista de estupefacientes. 

 

Ante dicha situación, la fiscal interviniente puso los nuevos hechos en conocimiento del Dr. Nicolás Stegmayer, titular del Juzgado Penal de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial, quien dispuso un nuevo allanamiento el 2 de octubre. Durante el procedimiento fueron aprehendidos dos hombres argentinos de 34 y 53 años, secuestrándose varias dosis adicionales de cocaína.

 

Con el fin de evitar que el lugar volviera a ser utilizado para el tráfico de drogas, los efectivos de la División Antidrogas San Francisco solicitaron a la Dra. Bertero, junto con el Equipo de Microtráfico del MPA, encabezado por el Dr. Franco Carbone, la aplicación del artículo 6°, inciso B, de la Ley Provincial 14.239 que contempla el derribo de estructuras destinadas al narcotráfico.

 

El pedido fue avalado por el Juzgado Penal de la Circunscripción N° 5, a cargo del Dr. Javier Bottero. Así las cosas, en cumplimiento de la medida judicial los efectivos de la PFA coordinaron las tareas con el intendente de Frontera, Oscar Martínez y con miembros de la policía local, quienes junto al personal de logística del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, concretaron finalmente la demolición del búnker poniendo fin a un punto de venta que había sido reincidente en la zona.