Ante un reclamo del gremio de docente públicos Amsafé por la caída en el nivel de las prestaciones y el aumento en los valores de los coseguros del Iapos (la obra social de los estatales), el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, respondió en agosto pasado que “no dejaremos que el kirchnerismo meta la mano en los fondos del Iapos”.
En cambio, las extremidades de La Libertad Avanza (LLA) parece que sí, porque ayer el titular de hacienda firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad Nacional para darle cobertura con la obra social santafesina a los miembros de las fuerzas federales de seguridad y a sus familias que residen temporalmente en Rosario por el Plan Bandera.
El acuerdo es consecuencia del tembladeral en el que se convirtió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) desde que lo administra la gestión libertaria.
Sin servicios
El Gobierno santafesino anunció, en rueda de prensa, la firma de un convenio entre los ministerios de Seguridad provincial y nacional y la cartera de Economía local para brindarle cobertura complementaria a los policías, gendarmes y prefectos, en caso de que se queden sin prestaciones del Iosfa. Ese no es un escenario imposible ni remoto: ocurrió hace diez días, cuando la Asociación de Clínicas y Sanatorios cortó las prestaciones a militares y miembros de las fuerzas de seguridad de Rosario por deudas de la obra social nacional.
La seccional Rosario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció entonces que “la interrupción de las prestaciones obliga a los afiliados a afrontar de su bolsillo internaciones, consultas y tratamientos”. El gremio precisó que el corte del servicio se debe a la “millonaria deuda” que Iosfa tiene con los prestadores desde que la administra el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri.
El asunto se solucionó unos días más tarde, el 2 de octubre pasado, cuando las partes firmaron un nuevo convenio con incremento del valor de las prestaciones y promesa de pago de la deuda. El vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, Rodrigo Sánchez Almeyda, dijo ese día el Iosfa “es una obra social que está en una situación complicada”, porque combina una tasa alta de jubilados -que requieren mayor atención sanitario- y afiliados activos con sueldos bajos, que aportan poco.
Ante ese panorama, y en medio de las críticas de los afiliados al Iapos por el aumento de los coseguros y la caída de la calidad de la cobertura, el gobierno de Maximiliano Pullaro firmó un convenio para hacerse cargo con la plata de los estatales locales de la atención sanitaria de las fuerzas de seguridad federales.
El acuerdo consiste en que el Gobierno santafesino garantiza un servicio complementario en la cobertura de salud de los efectivos de las fuerzas federales que prestan servicio en territorio santafesino en el marco del Plan Bandera, a través del Iapos, cuyos afiliados no paran de quejarse por la merma en la atención.
Deuda y agradecimiento
“La provincia de Santa Fe va garantizar las prestaciones de obra social a través de Iapos, y las va a cubrir con fondos del tesoro provincial”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, durante la rueda de prensa de ayer en Rosario junto a su par de Economía, Pablo Olivares, y el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad nacional, el rosarino Federico Angelini.
Cococcioni reconoció que “nosotros tenemos que tener un gesto de valorar y agradecer que en estos casi dos años en los que se logró bajar muchísimo los índices de violencia; las fuerzas federales han tenido un rol muy importante, sobre todo en lo que es la recuperación de la tranquilidad en la ciudad de Rosario”.
Por eso, agregó, “si ellos están desplegados y prestan servicios en la provincia, la provincia también va a respaldar y va a contribuir a todo lo que necesiten para que puedan salir y hacer su trabajo con tranquilidad”. Un bello gesto solidario, pero la responsabilidad por el seguro de salud de las fuerzas federales es el Gobierno de Javier Milei.
Caro pero el peor
El 9 de agosto pasado los docentes públicos santafesinos de Amsafé lanzaron una campaña de recolección de firmas en toda la provincia “en defensa del derecho a la salud que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación”, para que la obra social estatal Iapos “mejore todos los servicios y las prestaciones para los afiliados”.
El secretario general del gremio a nivel provincial, Rodrigo Alonso, graficó el estado de situación: los bonos de atención aumentaron su valor un 68% en el primer semestre y la suba salarial fue del 13%.
“Cada vez más bonos te están solicitando, todas las dificultades que tenemos con el tema de la discapacidad, con las cuestiones que no se van aprobando, con los reintegros que se demoran 90 a 120 días, la cantidad de situaciones que la obra social no está cubriendo”, enumeró Alonso en Santa Fe. El dirigente dijo que como trabajadores “aportamos a la obra social, pero cuando vamos al médico tenemos que pagar plus y muchas prestaciones y especialidades, que no son cubiertas por el Iapos, tenemos que pagar la consulta particular”.
En la misma línea, a mediados de año el diputado provincial Miguel Rabbia (PJ), presentó un pedido de informes sobre la obra social de los trabajadores públicos en el que precisó que “en 2 años el bono de internación subió un 2.508%, el bono asistencial un 1.185% y la orden de consulta un 928%”, mientras que “en el mismo período la inflación fue del 489,9% y los salarios aumentaron apenas un 149%”.
Estimó que implicaría destinar “unos 60 o 70 millones de pesos en el caso de activarse esta prestación durante un mes, porque no va a ser una prestación continua, sino que va a ser con intermitencia en caso de una interrupción de la cobertura” por parte de Iosfa. “Ese monto también dependerá del nivel de atención que requieran durante ese periodo”, aclaró.
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